La protesta callejera de los informadores coincide con la postura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que ha venido insistiendo ante el gobierno nacional de México: federalización de esos delitos, ampliación de la prescripción en ese tipo de crímenes, agravamiento de las penas para los autores y un sistema de protección para periodistas.
Simultáneamente, cientos de miles de lectores de los diarios del continente han sido invitados por la SIP a firmar una carta dirigida al presidente de México, Felipe Calderón, solicitándole establecer mecanismos legales que permitan enfrentar y detener la escalada de violencia desatada contra los periodistas y medios de prensa, impidiendo a la vez la impunidad en torno a ella, exigiendo identificar y sancionar a los culpables con el máximo rigor de la ley.
