El documento amicus curiae se basa en la extensísima jurisprudencia internacional - incluyendo especialmente la del sistema interamericano de justicia - que defiende que sanciones de difamación, calumnas e injurias debe incluirse en el código civil, y no penal, de cada país.
(WPFC-FH/IFEX) – Washington, EE.UU., 14 de Noviembre, 2011 – El Comité Mundial de Libertad de Prensa de Freedom House – una organización que aúna a 43 grupos de libertad de prensa de todo el mundo – ha presentado un documento legal amicus curiae ante la Corte Constitucional de Ecuador en apoyo de la moción de inconstitucionalidad originada por la organización Fundamedios contra las leyes de difamación penal.
El documento, redactado por el experto y abogado en temas de libertad de prensa Kevin Goldberg, constituye un detallado análisis legal que descalifica la necesidad de criminalizar las sanciones de difamación, calumnias e injurias. Asimismo, el documento amicus curiae («amigo de la corte» en latín) se basa en la extensísima jurisprudencia internacional – incluyendo especialmente la del sistema interamericano de justicia – que defiende que este tipo de sanciones debe incluirse en el código civil, y no penal, de cada país.
De acuerdo con el amicus, «Las leyes que castigan las expresiones que informan o comentan sobre actos de funcionarios públicos o que los critican, no tienen lugar alguno en una sociedad democrática. Su propósito exclusivo es sancionar a los medios de comunicación, a los periodistas o a otras personas que puedan haber insultado o menospreciado a un líder o funcionario político».
Fundamedios decidió presentar su moción de inconstitucionalidad (causa número 0026-11-IN) ante la Corte Constitucional en vista de la alarmante recesión en el campo de la libertad de prensa y expresión que reina en Ecuador.
«En años recientes, los ejemplos de querellas por difamación penal contra el periodismo ecuatoriano han registrado un aumento histórico», dijo Javier Sierra, director de proyectos de WPFC-FH. «El acoso judicial que se aprovecha de estas leyes ha logrado intensificar la represión y la autocensura contra los medios independientes del país».
En el informe mundial anual de libertad de prensa de Freedom House, Ecuador ha aumentado su calificación negativa en 11 puntos desde 2007 y ahora figura como «parcialmente libre» en el lugar 52 del ranking mundial.
El apoyo de WPFC-FH se basa en las lamentables condiciones en las que los periodistas ecuatorianos independientes deben trabajar para cumplir con su obligación de mantener al público informado sobre temas de importancia social.
El amicus también se centra en otro principio fundamental de libertad de prensa apoyado por la jurisprudencia interamericana: Los funcionarios públicos deben recibir menos, y no más, protección contra supuestos agravios de ciudadanos comunes. Esta protección arbitraria, en muchos casos exclusiva para un selecto grupo de funcionarios públicos, data al menos del Imperio Romano, el cual la instituyó para escudar al emperador de las críticas del pueblo.
Esta atmósfera de hostilidad contra los medios independientes y su propagación desde los estamentos más altos del gobierno está llegando a niveles peligrosos para la misma integridad de los defensores de la libertad de prensa. Tras denunciar recientemente los abusos contra la prensa de su país ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, ha recibido amenazas de muerte.
Esta es una razón más por la cual la Corte Constitucional de Ecuador debe dar una resonante lección de apoyo a la democracia, la transparencia y la libertad de prensa aceptando la moción de inconstitucionalidad del Artículo 230 del Código Penal.