Originalmente la administración Obama se comprometió a garantizar la aplicación del derecho de acceso a la información pública, pero cambió de pronto de opinión, dice RSF.
(RSF/IFEX0 – La Corte Suprema desestimó el 4 de octubre de 2010 la denuncia puesta por 23 abogados de detenidos de la base de Guantánamo tras posibles escuchas de sus conversaciones con sus clientes por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El mutismo de la más alta jurisdicción de Estados Unidos representa un nuevo revés para el derecho de acceso a la información pública, acordado por el Freedom of Information Act (Ley de Libertad de Información, FOIA por sus siglas en inglés). No obstante, la administración Obama se había comprometido, desde la investidura del nuevo presidente, a garantizar la aplicación de tal derecho, antes de cambiar de pronto de opinión.
Apoyándose en el FOIA, los 23 abogados acudieron en mayo de 2007 a un tribunal de Nueva York para conseguir que la NSA les entregue los informes de las escuchas de sus conversaciones telefónicas con sus clientes detenidos en Guantánamo. La causa fue desestimada en primera instancia y su recurso en apelación no tuvo más éxito. La Corte Suprema constituía para ellos la última alternativa pero la alta jurisdicción simplemente se negó a examinar el caso.
Aunque los servicios de inteligencia no puedan revelar el conjunto de sus datos, la elusión sistemática del FOIA en nombre de la seguridad nacional viola, en este caso, algunos principios fundamentales de la Constitución. Los derechos de la defensa de los presos de Guantánamo se verían pisoteados en caso de que se confirme que la NSA ha espiado las conversaciones de sus abogados. Estos tienen derecho a ser informados de ello.
Más allá de los casos concretos que concierne, esta denuncia cuestiona el programa de escuchas telefónicas fuera de cualquier marco legal a cargo de la NSA por orden de la administración Bush en el año 2002, unos meses después de los atentados del 11-S. Miles de ciudadanos estadounidenses y extranjeros fueron objeto de este programa, en particular periodistas, sin tener en cuenta el derecho a informar libremente ni tampoco la confidencialidad de las fuentes. Al revelar la existencia de dicho programa el 16 de diciembre de 2005, el «New York Times» decía haber sido presionado por la Casa Blanca para que no publicase su artículo.
La administración federal y los servicios de inteligencia tienen el deber de rendir cuentas de los abusos cometidos en nombre de la «guerra contra el terrorismo» bajo la presidencia de George W. Bush. Esta información resulta ser de interés público, en Estados Unidos y fuera del país. Las esperanzas albergadas en este sentido con el gobierno Obama se perdieron rápidamente. ¿De hecho, qué ha sido de la solicitud de RSF para investigar la destrucción de vídeos de la CIA, confirmadas por la propia agencia?
La doble legislatura del predecesor de Obama fue marcada, en particular, por encarcelamientos de periodistas que se negaban a revelar sus fuentes o sus archivos, siempre en nombre de la seguridad nacional. Entre el 16 de junio de 2002 y el 1 de mayo de 2008, Sami Al-Haj, camarógrafo sudanés de la cadena qatarí Al-Jazira, fue detenido en Guantánamo, a modo de presión del Departamento de Estado sobre su medio de comunicación. De hecho, las autoridades militares intentaron comprometer a su abogado, Clive Stafford-Smith.
El imperativo de seguridad nacional sigue impidiendo la aprobación en el Congreso de una legislación que garantizaría la protección de las fuentes a nivel federal, a pesar de que es una protección reconocida, a diferentes niveles, por 40 estados de la unión.
