(IPYS/IFEX) – El 31 de mayo de 2007, el Fiscal 21 del Área Metropolitana de Caracas, Álvaro Hitcher, solicitó un permiso urgente a la Fiscalía para que pida al semanario «La Razón» los datos personales, así como los apuntes, datos, documentos, soportes físicos y magnetofónicos que usó el periodista Luis Felipe Colina, para publicar su […]
(IPYS/IFEX) – El 31 de mayo de 2007, el Fiscal 21 del Área Metropolitana de Caracas, Álvaro Hitcher, solicitó un permiso urgente a la Fiscalía para que pida al semanario «La Razón» los datos personales, así como los apuntes, datos, documentos, soportes físicos y magnetofónicos que usó el periodista Luis Felipe Colina, para publicar su columna «Carrusel Político», donde reveló presuntos actos de corrupción en Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) en septiembre de 2006 y abril de 2007.
Además, el fiscal solicitó los datos personales de dos mecanógrafas, el coordinador general, el jefe de redacción y el gerente del semanario.
El abogado del medio, Omar Estacio, indicó al IPYS que el artículo 28 de la Constitución Nacional, y el artículo 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, protegen el secreto de las fuentes de información periodística y, por tanto, no se puede obligar a revelar las fuentes.
Estacio denunció una campaña de acoso contra «La Razón», expresada en una serie de acciones judiciales contra sus periodistas y presiones a los anunciantes del diario por parte del gobierno.
IPYS considera que la medida viola el derecho constitucional de resguardar las fuentes de información.
