Septiembre en las Américas: Un resumen de las noticias sobre libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, con base en informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
La acumulación de años de furia
A principios de septiembre circuló en Internet un video que mostraba a miembros de las fuerzas policiales colombianas electrocutando repetidamente a un hombre con una pistola paralizante cuando ya estaba indefenso en el suelo. El hombre, Javier Ordóñez, murió bajo custodia al cabo de un par de horas y un día después estallaron las protestas en toda Bogotá. Las comisarías quedaron destrozadas y los agentes respondieron con brutalidad. Al final, la policía provocó la muerte de más de 10 personas e hirió a más de 400, de las cuales 66 presuntamente presentaron heridas de bala.
En su informe de 2019 sobre las protestas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el uso abusivo de la fuerza es una de las violaciones más comunes al derecho a protestar en la región.
El miembro colombiano de IFEX-ALC Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa entre el 9 y el 21 de septiembre de 2020. La mayoría de ellas referían agresiones físicas, pero también se registraron detenciones arbitrarias y obstrucciones a la cobertura de las protestas.
Estas violaciones tuvieron lugar el mismo mes en que la UNESCO publicara un nuevo informe —Seguridad de los periodistas que cubren protestas – Preservar la libertad de prensa durante tiempos de disturbios civiles— en el que se afirma que entre enero y junio de este año, los periodistas han sido cada vez más atacados, arrestados e incluso asesinados mientras trabajaban en la cobertura de manifestaciones públicas.
Según el informe, los periodistas se enfrentan a una amplia gama de abusos cuando cubren protestas: desde acoso, intimidación y golpizas hasta disparos con munición letal o no letal, detención y secuestro. Entre las recomendaciones del informe se encuentra el fortalecimiento de la capacitación de la policía y las fuerzas del orden sobre la libertad de expresión y el comportamiento adecuado en el trato con los medios de comunicación.
En su informe de 2019 sobre protestas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que el uso abusivo de la fuerza es una de las violaciones más comunes al derecho a protestar en la región. Este informe también contiene recomendaciones específicas dirigidas a los organismos públicos y fuerzas a cargo de la seguridad pública para el manejo de manifestaciones.
Podría decirse que el problema no es la falta de normas que indiquen cuál es el «comportamiento policial esperado» durante las manifestaciones. El problema es la falta de voluntad política y de compromiso para implementar los cambios estructurales necesarios.
En el caso de Colombia, como se ha visto en otros países de América, las fuerzas policiales reprimen a manifestantes que protestan justamente por el comportamiento de las fuerzas policiales. Sería irónico si no fuera profundamente preocupante. Es realmente inquietante pensar que los agentes del orden en sociedades democráticas y respetuosas del Estado de derecho puedan actuar con tanta violencia contra sus ciudadanos. Pero se trata de sociedades y de fuerzas policiales gravemente contaminadas por el racismo, la discriminación, la corrupción y una mentalidad militarizada.
Algunos argumentan que muchos de los problemas que enfrentan las fuerzas policiales en diferentes países de la región están tan arraigados en el ADN de estas instituciones que ningún proyecto de reforma traería cambios reales; y mientras no se produzca ningún cambio, es de esperar que haya más violencia.
Esto es especialmente problemático cuando miramos el contexto actual: se ha dicho que la crisis económica anticipada para los próximos meses será la peor en la historia de América Latina. Si las protestas ya eran una tendencia creciente en la región antes del COVID-19, la crisis de salud y sus impactos socioeconómicos más amplios ciertamente exacerbarán la desigualdad y otros problemas sociales que están en la raíz de las protestas en la región.
Cuando la gente no es escuchada, grita; y si al gritar se le silencia con violencia, la ira seguirá creciendo y acumulándose.
¿Cómo se prepararán nuestras fuerzas policiales para esto?
Cualquier solución que se vaya a considerar en los próximos meses deberá concentrarse en implementar los muchos estándares y recomendaciones que ya existen. No podemos decir que haya falta de claridad en relación con lo que se debe hacer; y llevarlo a cabo estas medidas es urgente.
Eliana Garzón, cuñada de Javier Ordóñez, le dijo a los periodistas que la muerte de Javier fue solo el detonante, «la gota que colmó el vaso». La conmoción en Colombia representó, sin embargo, mucho más que eso. Fue una expresión de «la acumulación de años de furia».
Cualquier solución a largo plazo a la brutalidad policial contra los manifestantes también requiere un enfoque holístico que vaya más allá de las protestas, e incluso más allá de las fuerzas policiales. Necesitamos buscar respuestas a preguntas importantes: cuando la gente sale a la calle a expresarse, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no explicitan sus puntos de vista e ideas de otras formas, en otros espacios de la vida pública? ¿Se toman en serio sus demandas? ¿Existe pluralidad en la representación dentro de la esfera pública?
Una cosa es cierta: cuando la gente no es escuchada, grita; y si al gritar se le silencia con violencia, la ira seguirá creciendo y acumulándose. Tanto las fuerzas policiales como nuestras sociedades en América Latina necesitan urgentemente un cambio estructural.
Los desiertos informativos de Venezuela
IPYS Venezuela está realizando un estudio para trazar un paisaje de “desiertos informativos” en toda Venezuela a partir del diagnóstico y mapeo de los medios nacionales, regionales y locales (impresos, canales de televisión, estaciones de radio y portales digitales) que producen noticias sobre la realidad de los 335 municipios del país.
En la primera fase del proyecto los resultados mostraron que 5.271.753 venezolanos viven en territorios donde no se produce suficiente información local. Las zonas fronterizas y las comunidades indígenas fueron algunos de los territorios donde se encontraron las brechas más graves.
Este es solo un primer vistazo a un estudio que aún está desarrollando IPYS: el Atlas del silencio.
El Atlas del silencio se inspira en proyectos como Cartografías de la información, de la FLIP, que realizó un mapeo de los medios de comunicación en Colombia, principalmente en regiones que han sido zonas de conflicto armado. La investigación Atlas da noticia, de Projor (Instituto para el Desarrollo del Periodismo), una iniciativa para mapear los medios productores de noticias, especialmente el periodismo local, en territorio brasileño, fue también un referente para el trabajo del IPYS en Venezuela.
Discriminación en las ondas – pueblos indígenas y radio comunitaria
En un caso muy interesante contra Guatemala llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana, la Comisión afirmó que el derecho de los pueblos indígenas a crear medios comunitarios de radiodifusión y al goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través del acceso a una radiofrecuencia, están protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana.
En su informe, la Comisión estableció que los pueblos indígenas de Guatemala se encuentran en una situación estructural de exclusión social, discriminación y pobreza que también se manifiesta en su participación y representación en los medios de comunicación. La Comisión destacó que la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala establece como único criterio para la asignación de frecuencias la «oferta más alta», sin tomar en consideración que las comunidades indígenas carecen de recursos económicos y no están en igualdad de condiciones para competir por radiofrecuencias con postores privados. Esto creó una situación de desigualdad de facto.
La Comisión concluyó que, en consecuencia, la Ley de Telecomunicaciones discriminó a las cuatro comunidades indígenas peticionarias en el caso, al mismo tiempo que violaba los derechos de los miembros de esas comunidades a establecer medios de comunicación y expresar ideas, además de difundir información y su cosmovisión cultural.
La CIDH consideró que la existencia de trabas legales para acceder al espectro radioeléctrico impidió que los pueblos indígenas víctimas del caso preservaran, mantuvieran y promovieran su cultura y sus idiomas, así como la difusión de su música y tradiciones a través de estaciones de radio comunitarias, herramientas imprescindibles para tales fines.
Cyberdelitos en Nicaragua
A fines de septiembre, diputados del gobernante Frente Sandinista presentaron al parlamento un proyecto de ley sobre delitos informáticos que podría permitir la criminalización de periodistas independientes y usuarios de redes sociales. La propuesta se presentó bajo el nombre de “Ley Especial sobre Ciberdelitos” y establece de dos a cuatro años de cárcel por publicación de noticias falsas.
El Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua también llamó la atención sobre el artículo 25 del proyecto de ley que establecía penas de prisión de cinco a diez años para quienes ‘revelen información clasificada como reservada’ y pongan en riesgo la ‘seguridad soberana del Estado’ – para este grupo, este artículo busca restringir el periodismo de investigación.
IFEX-ALC se unió a las organizaciones asociadas para expresar un serio reparo con el texto del proyecto de ley. Según los grupos, las disposiciones antes mencionadas y otro lenguaje insertado en el texto del proyecto de ley dan lugar a tres preocupaciones principales:
- La definición confusa e imprecisa del concepto de delitos en el proyecto de ley puede abrir la puerta a una aplicación arbitraria, especialmente dadas las fuertes sanciones previstas.
- El proyecto de ley utiliza un lenguaje que puede interpretarse para facilitar la censura, lo que permite a las autoridades evitar el escrutinio público y silenciar las expresiones legítimas, incluidas las críticas.
- Inhibe la denuncia y el escrutinio ante posibles actos ilícitos y abusivos por parte de las autoridades y empresas privadas.
IFEX-ALC señala que ‘el establecimiento de un sistema de control de información arbitrario es típico de regímenes autoritarios’ y hace un llamado al Legislativo nicaragüense a establecer un diálogo abierto y multisectorial para discutir una legislación sobre ciberdelincuencia que respete los derechos humanos y que contribuya realmente a la seguridad de quienes utilizan las TIC en Nicaragua.
IFEX-ALC se opone a la desinformación
A fines de 2019, la periodista Vanina Berghella escribió un artículo para IFEX sobre el impacto de la desinformación durante las elecciones y otros eventos políticos en América Latina. Allí, enfatizó que la desinformación no es un fenómeno nuevo. “La diferencia hoy”, dijo, “es que el fácil acceso a las plataformas digitales, las grandes audiencias ávidas de nuevos contenidos, la sofisticación de ciertos métodos de generación de información y la falta de alfabetización digital, complican el proceso, no solo con respecto a detección de desinformación, sino también su neutralización. Las personas están expuestas a una gran cantidad de información y pueden tener muchas dificultades para determinar dónde se originan las noticias, su calidad y sus características generales, incluso si son veraces o precisas «.
Ante la situación que han enfrentado diferentes miembros en su trabajo de protección de la libertad de expresión e información en América Latina, IFEX-ALC lanzó una nueva campaña que conmemoró al mismo tiempo el Día Internacional para el Acceso Universal a la Información (IDUAI por sus siglas en inglés) el 28 de septiembre.
En su artículo de opinión para la campaña, el presidente del Comité Coordinador de IFEX-ALC, Alejandro Delgado, recordó que “[aunque] lamentablemente, la desinformación ha sido parte de nuestras vidas de una forma u otra durante mucho tiempo, el aumento de la popularidad y la disponibilidad de plataformas de redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp han permitido que los rumores se propaguen mucho más rápido a una audiencia mucho más amplia en un tiempo mucho más corto”.
La campaña se basó en las siguientes recomendaciones:
- Ten mucho cuidado con la información que provoque emociones fuertes, incluso si se alinea con tus propios puntos de vista
- Examina la fuente de la información
- Comparte la información solo después de haber verificado su veracidad
Puedes ver los videos de la campaña, aquí y aquí.
Con motivo del IDUAI, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó un nuevo informe sobre El derecho a la información y la seguridad nacional. El informe aborda los obstáculos legales y de facto que enfrentan los Estados de la región al tratar de equilibrar el libre flujo de información de interés público y los intereses de seguridad nacional.
En breve
ARTICULO 19 Brasil publicó un nuevo informe a mediados de septiembre que muestra que agentes públicos vinculados al gobierno federal fueron responsables de 449 violaciones a la libertad de expresión en un período de 20 meses. Este informe documenta los tipos de ataques más comunes durante la administración de Jair Bolsonaro.
OBSERVACOM lanzó la campaña #TusDerechosEnInternet sobre moderación de contenido en plataformas de redes sociales.
ARTICULO 19 lanzó un informe sobre el derecho a la verdad en los delitos contra periodistas. Cuenta las historias de la desaparición de Leodegario Aguilera y María Esther Aguilar, así como los asesinatos de Moisés Sánchez y Rafael Murúa. Según ARTICULO 19, “a través de cuatro historias, este informe cubre dos décadas de violencia contra la prensa desde diferentes geografías, y nos muestra cómo el silencio de los periodistas afecta a la sociedad”.
