Berta Cáceres pasó su vida construyendo un movimiento para proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas para defenderlo. Sus asesinos intentaron silenciar ese movimiento matándola, pero lograron lo contrario, ya que su muerte amplificó su mensaje.
«Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo»
Cuando ganó el Premio Ambiental Goldman 2015, Berta Cáceres había pasado décadas construyendo un movimiento para proteger y defender la tierra del pueblo indígena Lenca de Honduras. Había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y se había enfrentado a poderosas corporaciones hidroeléctricas y mineras en su trabajo para preservar el medio ambiente. En su discurso de aceptación del Premio Goldman dedicó el mismo «a los mártires que dieron sus vidas en la lucha por defender nuestros recursos naturales». Poco sabía ella que menos de un año después se uniría a la larga lista de activistas que han pagado el precio más alto por defender el medio ambiente.
Nacida en La Esperanza, en el occidente de Honduras, Cáceres creció en la década de 1970, época de agitación civil y violencia en Centroamérica. Su madre, Bertha, era alcalde y gobernadora, así como partera, y le enseñó a Berta y a sus hermanos a creer en la justicia. Como estudiante en 1993, Cáceres cofundó el COPINH y ayudó a aprovechar la fuerza de la comunidad indígena en un momento en que ser indígena en Honduras no era ni una fuente de orgullo ni de poder. COPINH se compone ahora de 200 comunidades Lenca en el oeste de Honduras y lucha por los derechos del pueblo Lenca para defender su tierra y su modo de vida contra la minería, la represa y otros proyectos dañinos para el medio ambiente.
En 2006 Cáceres inició lo que sería una larga campaña contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca para la construcción de cuatro presas en el río Gualcarque. Los activistas locales de Lenca en Río Blanco estaban preocupados de que las represas redujeran su acceso al agua y dañaran el ambiente circundante y porque no habían sido consultados en etapas anteriores de la planificación del proyecto, violando una convención de la Organización Internacional del Trabajo ratificada por Honduras. Por su trabajo, la comunidad de Río Blanco y COPINH han recibido numerosas amenazas a lo largo de los años.
Cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe militar en junio de 2009, los activistas y los líderes locales que habían dirigido campañas para el cambio se encontraron nuevamente bajo amenaza. Antes del golpe, los activistas hondureños lograron que Zelaya tomara decisiones que mejoraran la vida de los hondureños, como la reducción de las tasas escolares, el aumento del salario mínimo y el bloqueo de varios proyectos hidroeléctricos.
El 28 de junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso a Cáceres en una lista de personas que estuvieron en riesgo durante el golpe, incluyendo a otros líderes populares, autoridades estatales y personas relacionadas con el presidente derrocado. Al día siguiente, Cáceres recibió medidas cautelares de protección por parte de la CIDH, que solicitó al gobierno hondureño que garantizara su «vida e integridad personal». En ese momento, la CIDH había recibido informes de que las fuerzas militares habían rodeado su casa.
Según un informe de Global Witness, 101 activistas ambientales fueron asesinados en Honduras entre 2010 y 2014. A pesar de las amenazas y la extrema violencia que se disparó como consecuencia del golpe, Cáceres y COPINH continuaron su activismo, incluyendo la campaña contra el proyecto Agua Zarca. En 2013 Tomás García, representante del Consejo Indígena Lenca, fue asesinado por miembros del ejército hondureño durante una protesta pacífica. Tras el asesinato, Sinohydro, un inversionista chino, se retiró del proyecto Agua Zarca.
En 2014, Cáceres fue finalista del Premio Front Line Defenders 2014 y en 2015 recibió el Premio Ambiental de Goldman, que honra a los «héroes medioambientales de la comunidad» y sus esfuerzos para proteger y mejorar el medio ambiente, a menudo a expensas de su propia seguridad. Máxima Acuña, una activista peruana que ganó el premio Goldman 2016 para las Américas, también ha enfrentado repetidas amenazas, ataques físicos y hostigamiento policial por sus esfuerzos por defender su tierra.
En un comunicado al día siguiente de la muerte de Cáceres, la CIDH señaló que pocos meses antes se había reunido con una delegación de Honduras y había hablado sobre el riesgo que seguía enfrentando Cáceres, así como «las deficiencias en la implementación de medidas de protección» que el Estado debía supuestamente suministrarle.
Por desgracia, Cáceres no tuvo protección cuando fue asesinada a tiros en su casa en la noche del 2 de marzo de 2016. El testigo de su asesinato, el activista mexicano Gustavo Castro Soto, también fue baleado en el ataque, pero fingió estar muerto hasta que los atacantes se fueran. Posteriormente fue detenido por las autoridades al intentar salir de Honduras.
El 15 de marzo de 2016, otro activista compañero de Cáceres, Nelson García, fue asesinado a tiros, mientras que los miembros de la comunidad Lenca fueron expulsados de la tierra. Tras el asesinato de García, FMO, un holandés financista del proyecto, y Finnfund, otro inversionista, suspendieron su respaldo financiero para el proyecto Agua Zarca, dejando el proyecto estancado, pero no cancelado.
Aquellos que estuvieran detrás del asesinato de Berta Cáceres intentó enviar un mensaje de que, si la activista más conocida de Honduras podía ser descaradamente asesinada por su trabajo, lo mismo le podría suceder a cualquier otra persona. Fue un crimen que sorprendió a muchos, pero sus asesinos no han logrado matar su mensaje ni su movimiento. Las manifestaciones luego de su asesinato estaban repletas de carteles en los que se leía «Berta Vive» – y es verdad. No sólo COPINH continúa su trabajo, su familia y todos sus seguidores siguen exigiendo justicia en su caso, y su hija, Bertha, continúa luchando por los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Como lo escribió Castro Soto en una carta abierta después de su muerte, «Vi a Berta morir en mis brazos, pero también vi su corazón plantado en cada lucha que COPINH ha emprendido».
La importante atención internacional al caso de Cáceres condujo a juicios y condenas. El 29 de noviembre de 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta. Más de un año después, en diciembre de 2019, fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel. El grupo había sido formado por ex empleados de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la compañía detrás del proyecto Agua Zarca, y exmilitares. El veredicto confirmó que los hombres armados acusados estaban trabajando bajo las órdenes y la coordinación de un ejecutivo de DESA, identificado como el presidente de la compañía, David Castillo. En 2022, Castillo fue condenado a 22 años de prisión por su papel en el asesinato; fue acusado por los fiscales hondureños de ser uno de los principales eslabones de una compleja cadena de mando que organizaba y dirigía el escuadrón de la muerte. Para muchos defensores, sin embargo, la sentencia no es el final de la historia; alegan que la complicidad en el asesinato es mayor y que todos los responsables del asesinato siguen libres con impunidad.
La familia y amigos de Cáceres afirmaron que quieren que los autores intelectuales del crimen también sean llevados ante la justicia. La investigación puso de manifiesto que se intentó difamar y criminalizar a Berta además de amenazarla directamente, con el objetivo de acosarla para que abandonara su lucha contra los proyectos de desarrollo en tierras lencas y en todo Honduras. Durante el proceso también se afirmó que el asesinato de Berta se llevó a cabo con el conocimiento y el asentimiento de otros ejecutivos de DESA.
En diciembre de 2019, un informe especial de The Intercept examinó los registros de comunicación, los mensajes SMS y WhatsApp extraídos por la Fiscalía de Honduras durante las investigaciones. Según el medio de comunicación, “la evidencia del registro de llamadas fue examinada por un experto independiente, y demostró que los asesinos se habían comunicado a través de una cadena compartimentada que alcanzó los más altos rangos de liderazgo de la compañía contra cuya represa [Berta] había estado luchando”. Esto incluía a miembros de la familia Atala Zablah, una poderosa familia hondureña con “vínculos con el gobierno y la industria financiera internacional”.
En febrero de 2020, semanas antes del cuarto aniversario del asesinato de Berta, un grupo de observadores expertos internacionales compuesto por 17 organizaciones internacionales y regionales (Misión de Observación Calificada – Causa Berta Cáceres) publicó un informe en el que documentaron varias irregularidades en el caso.
La página web de COPINH continúa contando los “meses sin justicia” por el asesinato de Berta: “Estaría faltando Atala”, dicen. Marcia Aguiluz, de CEJIL, afirma que encubrir a los autores intelectuales del crimen puede tener consecuencias que van mucho más allá del caso de Berta, en un país conocido como uno de los que matan más ambientalistas.
La Misión de Observación Calificada destaca en su informe que “el asesinato de Berta Cáceres tuvo un impacto tanto en las víctimas directamente afectadas como en toda la sociedad y, por esa razón, la búsqueda de la verdad y la justicia integrales es crucial”.
Ilustración de Florian Nicolle
