Colombia

«En un contexto donde la libertad de prensa enfrenta desafíos crecientes en la región, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada» – SIP.

El fallo es el resultado de una acción de tutela impulsada por El Veinte, Karisma, la FLIP e ISUR en la que se argumentó que las alteraciones a la conexión de Internet, así como la ausencia de información para conocer lo sucedido.

La falta de acceso a internet en la región amazónica representa un obstáculo para el desarrollo, pero también brinda oportunidades para la innovación y la conexión con el mundo digital.

Los ataques que ha recibido Samper en los últimos meses configuran acoso en línea. Esta violencia afecta los espacios más personales de los y las periodistas, y tiene un impacto directo sobre su trabajo periodístico y libertad de expresión.

En contextos como el colombiano, la labor de la prensa, el libre flujo y la pluralidad de la información son sumamente importantes para que la sociedad se pueda mantener informada, y con ello exigir una rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado y tomar decisiones informadas.

Durante el paro nacional de 2019, 224 periodistas fueron víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública: agresiones físicas, amenazas, daños a sus equipos y obstrucciones fueron las que más se reiteraron.

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; IFEX-ALC y Voces del Sur se unen al pronunciamiento en el que se alerta sobre los riesgos de la aprobación del artículo 77 “Disolución de entidades sin ánimo de lucro” incluido en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.

Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la «seguridad nacional» sin reconocer que vulneran los derechos humanos.

A casi cinco años del aniversario del asesinato de los tres periodistas, y por la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, urge que la CIDH realice el seguimiento a sus propias recomendaciones, para así impedir que casos como este, de graves crímenes contra periodistas, queden en la impunidad.

La Fundación para la Libertad de Prensa alerta sobre la desprotección de los y las periodistas en el sur del departamento de Córdoba luego del asesinato del periodista Rafael Moreno.

Es preocupante que a un año de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) haya notificado la sentencia en la que condenó al Estado colombiano por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, la Fiscalía General de la Nación sea la entidad que menos esfuerzos ha demostrado para cumplir con el fallo de la Corte.

Moreno era el director del medio digital ‘Voces de Córdoba’, y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social. A pesar de que recientemente había recibido amenazas y existían solicitudes para reforzar su esquema de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no reforzó su esquema. El asesinato de Moreno sería el primero que ocurre bajo la protección del Estado.

Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista.

El asesinato ha provocado un efecto de zozobra y temor en los demás periodistas del municipio. El departamento de Magdalena es una región especialmente difícil para ejercer el periodismo por la presencia y el dominio de grupos armados.