Organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento sobre la adopción del Informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal a Nicaragua y el rechazo estatal a numerosas recomendaciones referidas a la libertad de expresión.
Lo que sigue es un comunicado conjunto de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la red IFEX-ALC, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC):
El pasado 15 de mayo el Estado de Nicaragua fue evaluado en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Durante el diálogo interactivo 90 estados miembros realizaron declaraciones y Nicaragua recibió 259 recomendaciones. Más de un centenar de las recomendaciones recibidas están centradas en resolver la crisis sociopolítica que se vive desde abril del 2018, instando al Estado de Nicaragua a la realización de investigaciones imparciales sobre graves casos de violaciones a los derechos humanos, demandando la necesidad de que se garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y el derecho de reunión pacífica.
- El día de hoy, en la sesión de adopción del Informe del Grupo de Trabajo, con suma preocupación hemos confirmado que el Estado de Nicaragua de las 259 recomendaciones recibidas en el EPU solamente aceptó 135, (52 %) rechazando más de un centenar de recomendaciones (124), la mayoría orientada a buscar una solución para resolver la crisis sociopolítica. Un centenar de estas recomendaciones fueron rechazadas bajo el supuesto argumento de que no aplican por falta de fundamento y distorsión de la realidad.
- Del total de recomendaciones recibidas en el diálogo interactivo 48 de ellas estaban orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. De ellas, solamente fueron aceptadas 14, lo que equivale a un 29 %.
- Ante la indolencia y la gravedad de la represión en contra de periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua desatados desde abril de 2018, condenamos las agresiones sufridas, que se mantienen en la impunidad.
- Llamamos al Estado a cumplir la recomendación aceptada de realizar investigaciones exhaustivas de todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación independientes, incluido el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, y que los verdaderos autores de su muerte rindan cuentas ante la justicia.
- Lamentamos que el Gobierno de Nicaragua a la fecha, se niegue a regresar los medios de comunicación que todavía permanecen secuestrados por agentes del orden, como son Canal 100 % Noticias y las redacciones de Confidencial, y los programas Esta Semana y Esta Noche.
- Rechazamos las campañas de calumnias y difamación promovidas contra periodistas, y medios de comunicación que exponen sus vidas e integridad personal.
- Demandamos al Gobierno de Nicaragua el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución Política de Nicaragua y en instrumentos internacionales que le obligan.
- Exigimos el cese del secretismo como política oficial de comunicación en la gestión estatal y demandamos que se restituya el derecho a la información pública consagrado en la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, recomendación aceptada por el Estado.
- Demandamos al Gobierno de Nicaragua, que de una vez por todas se abstenga de utilizar medios administrativos o instituciones como la Dirección General de Aduanas, para restringir la libertad de prensa, como lo ha hecho por más de un año al retener el papel y otros insumos a los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa.
- Demandamos la reanudación del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como único camino para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis que se vive actualmente en Nicaragua.
- Instamos al Gobierno a permitir el retorno de los órganos internacionales encargados de la vigilancia y protección de los derechos humanos.