La medida generó el rechazo de nuestro miembro en Perú: IPYS.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 17 de noviembre de 2018.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera improcedente el procesamiento administrativo o penal de funcionarios públicos por expresiones realizadas en un ámbito académico. Esto a propósito del anuncio de una investigación por el Ministerio Público al fiscal José Domingo Pérez, quien, según un vídeo de una exposición académica, empleó el término «guerrilla» para referirse a Sendero Luminoso, y el de «guerra civil» para aludir, genéricamente, al combate contra el terrorismo en el Perú.
Al margen de los términos exactamente empleados por el magistrado, así como de la opinión sobre la pertinencia o impropiedad de sus palabras, el IPYS considera un mal precedente para la libertad de expresión que el Ministerio Público persiga la semántica referida al terrorismo por parte de cualquier ciudadano que realiza actividades legales manifiestamente ajenas a la apología de este delito. Es obvio que el fiscal Pérez no hacía propaganda subversiva. Así, lo que dijo puede ser objeto de debate público pero en ningún caso de persecución por parte de un organismo llamado a vigilar la legalidad.
El IPYS cree los funcionarios públicos gozan de libertad de expresión en tanto no afecten determinados bienes institucionales, y que este derecho debe ser defendido por todos.