Noviembre en las Américas: un resumen de las noticias clave sobre la libertad de expresión, basado en reportes de los miembros de IFEX.
Esta es una traducción del artículo original.
Las protestas continúan en América Latina
Las protestas continuaron teniendo lugar en casi una docena de países de toda la región durante el mes de noviembre. A pesar de tener orígenes y dinámicas muy diversos, las protestas en la región comparten algunos elementos en común: la violencia con la que han sido reprimidas, la falta de cumplimiento de las reglas y los protocolos por parte de la policía y las fuerzas del orden, la falta de rendimiento de cuentas y la inmensa falta de respeto a los estándares internacionales de derechos humanos. La relación intrincada entre las autoridades civiles y militares se hicieron notar varias veces en la región, una que todavía lucha por dejar atrás su pasado de abusos y dictaduras.
Después de graves eventos en Ecuador, Bolivia y Chile, estos países recibieron observadores de cuerpos internacionales de derechos humanos, incluyendo representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todos ellos expresaron profunda preocupación por la situación que observaron en el terreno y pidieron investigaciones.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos, por ejemplo, compartió información recolectada durante su visita a Chile. Los números son alarmantes: de acuerdo con la información proveída por el Fiscal General, cinco personas murieron como resultado de la acción de carabineros y Fuerzas Armadas. Mientras tanto, dos casos de suicidio que según se reportó, tuvieron lugar dentro de prisión, están aún siendo investigados.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reportó que al 13 de noviembre 20 583 personas habían sido detenidas, 950 de las cuales seguían en prisión preventiva en ese momento. El Ministerio de la Salud afirmó que 11 564 personas habían recibido atención médica de emergencia por heridas sufridas durante las protestas. El Colegio Médico de Chile registró 283 casos heridas en los ojos.
Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en el país y documentó numerosas violaciones. De acuerdo con su directora para las Américas:
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”.
Human Rights Watch pidió la reforma de las fuerzas policiales chilenas después de las violaciones que tuvieron lugar en octubre y noviembre.
Una situación igualmente crítica fue reportada en Bolivia. Al 11 de noviembre, la Defensoría Pública boliviana había documentado 438 casos de personas heridas, 227 detenciones y tres muertes asociadas con las protestas. Al 14 de noviembre, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) había documentado ataques a un total de 64 periodistas.
El 16 de noviembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que “mientras las primeras muertes resultaron de choques entre manifestantes rivales, las más recientes parecen haber sido resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Armada y la policía”. Bachelet pidió a las autoridades bolivianas que se aseguraran de que las fuerzas de seguridad siguieran las normas internacionales del uso de la fuerza después de la muerte de al menos cinco manifestantes el 15 de noviembre.
Después de visitar el país, la CIDH sugirió que Bolivia podría necesitar ayuda desde fuera para investigar el número “ masivo” violaciones a derechos humanos durante los disturbios que siguieron a las elecciones. El Relator de la Comisión para Bolivia propuso la creación de un panel de expertos para investigar los hechos y describió como alarmante la crisis política del país.
El 21 de noviembre le tocó el turno a Colombia durante el “Paro Nacional”, en el que una vez más, la respuesta de las autoridades fue el uso desmedido de la fuerza. El resultado fue el de 122 personas heridas y la muerte de tres manifestantes. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que es también miembro de la red de IFEX, documentó 42 casos de ataques contra periodistas, la mayoría perpetrados por la policía. Según la FLIP éstas han sido las manifestaciones más violentas para trabajadores de medios que la organización haya registrado.
La ACNUDH publicó un comunicado de prensa en el que afirmó haber recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias y actos de violencia.
Al final de noviembre, algunas ONGs, incluyendo miembros de IFEX-ALC, publicaron una declaración expresando su preocupación por cómo los gobiernos en América Latina han estado usando tecnologías digitales para reprimir, criminalizar y perseguir manifestantes que ejercen su derecho legítimo de reunión y de expresión. Estos grupos consideran que Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador han estado usando esta tecnología de modo discordante con los principios democráticos y los derechos fundamentales.
A pesar de la gran cantidad de violaciones y ataques, la extensa cobertura de las manifestaciones en toda América Latina es evidencia del trabajo continuo de la prensa y del valor de los trabajadores de medios que no dejan de reportar eventos clave en la vida sociopolítica de sus países. En situaciones de crisis es imperativo poder proveer garantías para el trabajo de los medios con el fin de asegurar que haya coberturas amplias y diversas de los hechos.
Las organizaciones de la región, incluyendo varios miembros de IFEX, provee numerosos recursos y apoyo para periodistas que cubren protestas y manifestaciones. Algunos de estos recursos se encuentran en esta lista:
- Derechos Digitales – Protestas seguras
- Derechos Digitales – Desactivar la desinformación
- Derechos Digitales – Evitar bloqueos y censura
- EFF’s Surveillance & Self Defense – Tips, Tools and How-Tos for Safer online Communications
- FLIP’s Manual de Autoprotección para Periodistas
- FLIP’s Manual Antiespías: Herramientas para la protección digital de periodistas
- Karisma’s Consejos de Seguridad Digital y Herramientas Digitales durante una Protesta
- R3D’s video about encrypted messaging services
Una misión internacional en México
A principios de noviembre una coalición de 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión y Acceso a la Información llegó a México para abordar la situación de impunidad en los crímenes contra periodistas. La visita se dio en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (IDEI por sus siglas en inglés), que se celebra todos los 2 de noviembre desde 2013. El objetivo de la misión fue el de poner la libertad de expresión como una prioridad en la agenda del gobierno nacional y alentar al gobierno mexicano a que se comprometa a reducir el nivel de impunidad en los crímenes contra periodistas.
Después de un diálogo con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa el 6 de noviembre y luego de reuniones con oficiales del gobierno mexicano, las organizaciones hicieron hincapié en su preocupación con respecto a la falta de garantías ofrecidas por el Estado para resolver la grave crisis de la libertad de expresión y reconocer la seriedad del problema.
Como resultado de la misión se acordaron las siguientes medidas:
- El establecimiento de una reunión dos veces al año con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para discutir el protocolo homologado con el que se siguen las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión.
- La creación de un grupo de trabajo para impulsar la implementación de las 104 recomendaciones hechas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto del mecanismo de protección Federal para periodistas. Durante la conferencia de prensa el presidente López Obrador se comprometió a implementar esas recomendaciones.
- La creación de una plataforma para ver todas las recomendaciones dadas por los cuerpos internacionales, así como el estatus de su implementación.
- Legisladores de distintos partidos se comprometieron a trabajar con la sociedad civil para impulsar cambios legislativos.
A pesar de todo, la misión no cree que estos compromisos serán suficientes para reducir el nivel de impunidad. Con base en las reuniones que tuvieron con grupos de la sociedad civil mexicana y periodistas de diferentes estados el país, la misión identifica una estigmatización contra los trabajadores de medios como una de las preocupaciones más importantes, pues empeora la condición ya bastante vulnerable en la que trabajan los periodistas, en particular aquellos que están en el interior del país. La misión también resaltó el problema de la vigilancia contra periodistas que está teniendo lugar por parte del Estado.
Un reporte con los detalles de las actividades y con los hallazgos y recomendaciones estará disponible pronto.
El sistema judicial silencia voces en Venezuela
En noviembre dos casos graves despiertan inquietud sobre el rol del sistema judicial venezolano en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.
El primero es el caso de Luis Carlos Díaz, quien fue arrestado mientras volvía a casa en bicicleta el 12 de marzo de 2019 por miembros del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y cuyo domicilio fue registrado horas después. Díaz, un periodista conocido y crítico del gobierno de Venezuela, había sido señalado por un miembro del alto gobierno de formar parte de una conspiración para causar un apagón a nivel nacional. Se le acusó de “incitación” al delito y se le prohibió salir del país o hablar de su caso a los medios.
El plazo legal para que el Fiscal General presentara un caso formal contra el periodista terminaba el 12 de noviembre. Sin embargo, ocho meses después de este “arresto arbitrario”, considerado así por la organización miembro de IFEX Espacio Público, ninguna evidencia que pudiera servir de base para confirmar procesos legales contra Díaz ha sido presentada. Espacio Público llamó a que se pusiera fin de inmediato a las investigaciones y las medidas cautelares contra Luis Carlos Díaz, y que se le declarara inocente de todas las acusaciones.
En otro caso, Ana Belen Tovar, Gerente de Operaciones de Venmedios/Entorno Inteligente, fue detenida por oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de que las oficinas fueran registradas el 19 de noviembre en Caracas.
Los oficiales de la DGCIM no presentaron ninguna orden judicial al momento del allanamiento, sino un documento que, no obstante, no especificaba ni las razones del arresto, ni los crímenes que estaban supuestamente bajo investigación. Tovar estuvo detenida por una semana, privada de toda comunicación con sus abogados o con su familia y sin que se le presentara ante ningún tribunal. Luego comenzaron los procesos legales bajo acusaciones de revelación indebida de data (artículo 22) de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos; obstrucción a la administración de justicia (artículo 45) de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y; asociación a delinquir (artículo 37) de esta misma Ley. Ana Belén continúa detenida en la sede del DGCIM.
El 25 de noviembre la CIDH expreso preocupación por estos eventos.
Espacio Público aseguró que los procesos en contra de Ana Belén están llenos de irregularidades y pidió su excarcelación inmediata.
Desinformación en Brasil
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene una relación agresiva de larga data con las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que atienden problemas ambientales.
En agosto, luego de reportes de incendios que se extendieron por todo el Amazonas y de fuertes críticas a la retórica de Bolsonaro en relación con los pueblos indígenas y la protección de los bosques, el presidente de Brasil afirmó que las ONGs estaban detrás de los incendios en el territorio. No se dio ninguna evidencia para apoyar la acusación.
Además, cuando comenzaron las protestas masivas que han tenido lugar en los países vecinos, Bolsonaro afirmó en una entrevista que le había pedido al ministro de Defensa “monitorear” el contexto brasileño para que cualquier intento de organización de manifestaciones en el país pudieran ser “reprimidas por las Fuerzas Armadas”. Esto causó profunda preocupación entre las ONGs, que enviaron una petición a la Fiscalía General pidiendo que se investigaran posibles violaciones a la privacidad y otros derechos relacionados. La vigilancia gubernamental y las actividades de control van a veces más allá de los límites permitidos por la ley y ponen en riesgo aspectos importantes de la vida y del trabajo tanto de individuos como de asociaciones civiles.
Bolsonaro acusó luego al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y al actor estadounidense Leonardo DiCaprio de financiar los incendios. La WWF respondió que las acusaciones no eran sino mentiras. Las organizaciones de la sociedad civil de la región, incluyendo el miembro de IFEX ARTIGO 19 Brasil, pidieron a las autoridades encargadas de la defensa de derechos humanos investigar en profundidad y tomar acción sobre el caso.
En breve
Justicia para Berta Cáceres
Celebramos la noticia de que una corte hondureña encontrara culpables a siete personas por su participación en el asesinato de la premiada ambientalista y activista indígena, Berta Cáceres. El octavo sospechoso fue absuelto. Aquellos encontrados culpables enfrentan hasta 30 años en prisión por asesinato y sus sentencias serán anunciadas el 10 de enero de 2020.
Mujeres inspiradoras, protestas creativas
En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo frente al edificio de la Corte Suprema en Santiago de Chile la acción de calle “Un violador en tu camino”, que incluyó una canción y una coreografía con la que se repudia la violencia contra las mujeres y se denuncia el vergonzoso trato que reciben las víctimas de este tipo de violencia. Las manifestantes cuestionaron el fracaso de la justicia en estos casos, así como el bajo número de sanciones penales (solo un 8 % de todos los casos de violación en Chile terminan en condena). El video de la manifestación se volvió viral e inspiró tanto apoyo como acciones de calle similares en todo el mundo.
Una nueva ley para el acceso a la información en Ecuador
Ecuador ha tenido la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP por 15 años. La Defensoría Pública y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al miembro de IFEX Fundamedios, pidió a los legisladores reformar y actualizar la LOTAIP. Un proyecto de ley ha sido preparado y está abierto actualmente para recibir comentarios y contribuciones.
Las amenazas al periodismo local en Estados Unidos
Un reporte de PEN America, Losing the News: The Decimation of Local News and the Search for Solutions (“Perdiendo las noticias: la aniquilación de las noticias locales y la búsqueda de soluciones) enciende la alarma sobre la amenaza existencial a la que se enfrenta el periodismo tradicional de observación e investigación a nivel local. El reporte propone soluciones para su revitalización que toman en cuenta el panorama global e invita a repensar radicalmente el periodismo local como un bien público.
Nicaragua – Una crisis continua de derechos humanos
El 13 de noviembre, el Secretario Adjunto de la CIDH afirmo que “el mayor reto que tenemos como organizaciones de derechos humanos es informar al mundo que la represión en Nicaragua continúa”. Asimismo, se informó al mecanismo de seguimiento de la CIDH en Nicaragua (MESENI) de una huelga de hambre iniciada en la iglesia de San Miguel de Masaya para pedir la liberación de los presos políticos de Nicaragua y de las 13 personas detenidas que trataron de apoyar la huelga del 14 de noviembre.
Otro periodista asesinado en Honduras
Jose Arita, periodista del Canal 12 en Puerto Cortes fue asesinado cuando salía de la estación de televisión en la que trabajaba. Se le ha pedido a las autoridades hondureñas que investiguen prontamente las circunstancias del caso.
La campaña de EFF: About Face
EFF se asoció con organizaciones comunales para crear la Electronic Frontier Alliance -con otras organizaciones de la sociedad civil- en el lanzamiento de la campaña About Face, a través de la cual se pide terminar con la vigilancia gubernamental llevada a cabo a través de reconocimiento facial en los Estados Unidos. El sitio web de la campaña (aboutfacenow.org) incluye una petición y brinda recursos de utilidad para apoyar esfuerzos locales, así como proyectos de ley que los miembros de la comunidad y los legisladores locales pueden adaptar para cubrir sus necesidades particulares.