Marzo de 2023 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.Marzo de 2023 en las Américas: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Laura Vidal, basado en informes de miembros de IFEX y noticias de la región.
Varios proyectos de ley dirigidos a controlar y limitar la labor de la prensa se ciernen sobre Perú; la prohibición de la plataforma social TikTok en América del Norte plantea interrogantes y sienta un peligroso precedente para el acceso a la información por parte de la población y el control de las redes sociales; y nuevas pruebas sobre espionaje ilegal en México revelan cómo el ejército de ese país buscaba impedir que se investigaran graves violaciones de los derechos humanos.
Perú: nuevos cambios, proyectos de ley, protocolos y amenazas
El mes de marzo comenzó con organizaciones de la sociedad civil tanto locales como regionales preocupadas por nuevas iniciativas del gobierno peruano que podrían limitar la libertad de expresión y poner en riesgo a los periodistas. Una de esas iniciativas modifica el Código Penal y aumenta las penas por difamación y calumnia. La medida fue criticada por defensores de la libertad de prensa, entre ellos la Red Voces del Sur y el miembro de IFEX Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), por el efecto amedrentador que podría tener sobre la libertad de expresión y el periodismo de investigación y por considerarla desproporcionada en relación con el daño que pueden causar estos delitos.
IPYS también resaltó que la medida va en contra de la tendencia regional que apunta a despenalizar o reducir la intervención penal en el caso de estos delitos cuando se refieren a figuras públicas o asuntos de interés público.
La modificación de los artículos del Código Penal estuvo acompañada por un proyecto de ley que podría dejar abierta la posibilidad de dictar penas de cárcel de hasta cinco años para periodistas que publiquen información “falsa” o “distorsionada” en línea, y que propone multas sustanciales para los medios de prensa y las plataformas de redes sociales que difundan la información. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió que se retirara el proyecto de ley, alertando que este podría ser utilizado para intimidar e inhibir a la prensa y advirtiendo que Perú “está avanzando peligrosamente contra la libertad de expresión en el espacio digital”. En otro proyecto de ley propuesto recientemente se estipula que solo quienes tienen un título universitario formal deberían estar habilitados para ejercer el periodismo, lo que va en contra de disposiciones internacionales de protección de la libertad de expresión, según lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y eso no es todo.
IPYS está también profundamente alarmado ante una nueva propuesta que regularía el trabajo de los periodistas durante protestas y manifestaciones. Según esa iniciativa, en tales movilizaciones los periodistas estarían circunscritos a ubicaciones específicas y estarían obligados a informar a las fuerzas policiales en caso de ser agredidos. El problema con esto último es que la mayor parte de la violencia que han sufrido los periodistas que cubrieron las protestas de los últimos meses ha sido, de hecho, a manos de la policía. La red regional de miembros de IFEX en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC) publicó una carta abierta al gobierno peruano instándolo a que se abstuviera de aprobar el decreto en su forma actual.
Cabe destacar que estas iniciativas se dan en un contexto de frecuente y grave acoso judicial y en el que los políticos han utilizado las leyes y sus posiciones de poder para limitar el trabajo de la prensa.
Prohibición de TikTok en América del Norte
En marzo, Canadá prohibió el uso de la plataforma TikTok en dispositivos proporcionados por el gobierno y Estados Unidos avanzó con las restricciones de esta red social a nivel nacional. En ambos casos, se adujeron motivos de seguridad para justificar las iniciativas, citando la posibilidad de que el gobierno chino acceda a los datos de los usuarios. Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones han pedido al gobierno estadounidense que inste a TikTok a reforzar sus prácticas de privacidad y a garantizar una mayor protección de sus usuarios en Estados Unidos, a través de una política exhaustiva de protección de datos. El miembro de IFEX Electronic Frontier Foundation (EFF) ha cuestionado la decisión de Estados Unidos, argumentando que el gobierno no ha dado suficientes fundamentos para respaldar la necesidad de una prohibición total.
Las críticas de EFF van más allá de este último argumento. La organización sostiene, entre otras cosas, que la prohibición podría sentar un peligroso precedente para otras plataformas de redes sociales que resultan esenciales para que muchísimas personas puedan intercambiar información con otros en otras partes del mundo. La prohibición podría además “afianzar aún más la cuota de mercado de redes social que posee un número muy reducido de enormes compañías. Una de esas compañías, Meta, contrató a una empresa consultora para que orquestara una campaña nacional dirigida a poner al público en contra de TikTok. Luego de que la India prohibiera la plataforma en 2020, tras una disputa fronteriza con China, muchos usuarios indios de TikTok se pasaron a Instagram y YouTube y las funciones similares de estas redes sociales (contenidos audiovisuales llamados Reels y Shorts, respectivamente).
EFF coincide con Human Rights Watch en la necesidad de contar con políticas y legislación sobre datos de los consumidores para atender las cuestiones de privacidad que plantean todas las plataformas de redes sociales, incluido TikTok. Estas plataformas extraen información que generamos sobre nosotros mismos y la utilizan con fines de lucro, a la vez que alientan a otras compañías digitales a hacer lo mismo. Esto lleva a que haya un volumen enorme de información sobre nosotros – incluida información que puede que ni nosotros conozcamos – que se puede poner a disposición de compradores, agentes malintencionados y pesquisas gubernamentales.
México: espionaje ilegal versus “investigaciones”
Un informe conjunto de Aristegui Noticias y el medio estadounidense The New York Times, publicado el 7 de marzo de 2023, denunció cómo el software de vigilancia Pegasus de NSO Group fue utilizado por la Fuerzas Armadas mexicanas para espiar a periodistas del diario El Universal y al defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos. La investigación reveló que una unidad de inteligencia militar de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) había hackeado reiteradamente el teléfono de Ramos entre 2019 y 2020 e interceptado conversaciones entre él y periodistas de El Universal, con el fin de acceder a datos y obstaculizar investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en la municipalidad de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. El Alto Mando militar habría estado plenamente informado de estas actividades.
Al ser confrontado con las pruebas reveladas en el informe, el presidente mexicano Juan Manuel López Obrador insistió en que su gobierno no espía “a ningún opositor ni periodista”. Afirmó que tiene “confianza en los mandos” y está seguro de que se obró dentro de la ley en lo que él calificó de “investigaciones”. También sugirió que los medios de comunicación y las organizaciones detrás de este tipo de informes están “en contra del gobierno” y representan los intereses de grupos conservadores.
Organizaciones de derechos digitales como R3D México, ARTÍCULO 19 México y Centroamérica y Social TIC lamentaron la respuesta de López Obrador y destacaron la gravedad del caso. Emitieron una declaración conjunta a la luz de las nuevas evidencias exigiendo, entre otras cosas, el cese inmediato del espionaje ilegal de civiles y que el ejército mexicano deje de obstaculizar las investigaciones relacionadas con el software de espionaje ilegal.
Por otra parte, a nivel internacional, R3D México acompañó a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Derechos Digitales y otras 43 organizaciones de derechos digitales en otra iniciativa conjunta de defensa de derechos, con la publicación de una carta abierta a los Estados que participaban en la Cumbre para la Democracia, celebrada a fines de marzo. En esa carta, exhortan a los Estados a “priorizar la diligencia debida en materia de derechos humanos con respecto a tecnologías de software espía”, resaltando cómo se ha utilizado la tecnología de vigilancia para “silenciar a periodistas, vigilar a defensores de los derechos humanos, amordazar a disidentes, reprimir la libertad de expresión de las minorías, atacar a personas LGBTQ+ y a mujeres, intimidar al sector académico y desalentar las protestas pacíficas”.
El gobierno estadounidense dio una señal positiva en este sentido con una orden ejecutiva del Presidente Joe Biden por la que se restringe el uso de herramientas comerciales de software de espionaje por parte del gobierno.
En breve
Organizaciones de derechos humanos piden la renovación por dos años del mandato del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua y del mandato de presentación de informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) respecto a ese país. Según Human Rights Watch, esto permitirá a los expertos “seguir reuniendo pruebas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, informar sobre las dinámicas actuales del país y proveer recomendaciones necesarias”.
La Red Voces del Sur y sus 17 organizaciones miembros (algunas de las cuales son también miembros de IFEX), junto con Reporteros Sin Fronteras (RSI), Justicia Global y Comunicación e Información de la Mujer, apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y le comunicaron su preocupación sobre el nivel alarmante de violencia contra periodistas en la región y la ineficacia de los mecanismos de protección existentes. La CIDH respondió comprometiéndose a tomar medidas al respecto, entre otras la organización de encuentros regionales para ayudar a los actores estatales a trabajar con la sociedad civil para fortalecer los mecanismos y la integración de cuestiones de violencia de género, acoso y ataques digitales.
A principios de marzo, Reporteros Sin Fronteras, ARTÍCULO 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas expresaron su preocupación por el acoso judicial que sufren el medio de prensa guatemalteco elPeriódico y sus periodistas. Denunciaron el acoso luego de que uno de los periodistas de ese medio fuera citado a comparecer ante un tribunal por una demanda penal presentada contra el diario, y han exhortado a las autoridades guatemaltecas a cesar la investigación iniciada contra otros dos periodistas por la presunta extorsión y detención ilegal de una persona que entrevistaron para un reportaje.
ARTÍCULO 19 publicó un nuevo informe sobre el derecho a la libertad de expresión en Cuba. El informe denuncia la existencia de un mecanismo estatal que viola sistemáticamente este y otros derechos relacionados, incluido el derecho de reunión, el derecho de asociación y el derecho a la información. Un elemento especialmente preocupante es el empleo de amenazas, acoso e intimidación de periodistas, así como de sus colegas, familiares y amigos, obligándolos a renunciar o abandonar el país.
Reporteros Sin Fronteras denunció un proyecto de ley propuesto en Estados Unidos que facilitaría la presentación de demandas de difamación contra periodistas. De promulgarse, esta norma eliminaría las salvaguardias establecidas en la legislación vigente que permiten a los medios de comunicación examinar el accionar de quienes ocupan cargos de autoridad, desalentando de esa manera a los periodistas a informar de manera crítica sobre figuras públicas por temor a sufrir repercusiones legales.