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Los periodistas en Guatemala trabajan en un escenario peligroso y hostil; la impunidad sigue cobijando a los asesinos

Protesta frente a la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 4 de septiembre de 2017
Protesta frente a la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 4 de septiembre de 2017

REUTERS/Luis Echeverria

Este artículo fue publicado originalmente en cerigua.org el 2 de septiembre de 2017.

La situación de violencia en Guatemala se ha agudizado en los últimos años, al punto de ser incluido entre los diez países importantes para Estados Unidos, que se preocupó por la masiva cantidad de niños migrantes que han atravesado la frontera, señaló Ileana Alamilla, durante su participación en el Encuentro Regional de Corresponsales de Reporteros sin Fronteras (RSF), que tiene lugar en Bogotá, Colombia.

Alamilla, corresponsal de RSF en Guatemala, hizo un breve panorama de los últimos acontecimientos ocurridos en Guatemala, luego de que el presidente Jimmy Morales declarara non grato a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ordenara su inmediata salida del país.

La medida provocó un cisma político; dos días antes el mandatario se había reunido con António Guterres, Secretario General de la ONU, a quien habría presentado algunas quejas contra Velásquez, pero no habría pedido su remoción.

Ese mismo día, en conferencia de prensa, Thelma Aldana e Iván Velásquez dieron a conocer que el partido FCN Nación habría incurrido en financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2015, en el período en que el presidente se desempeñaba como Secretario General de ese partido, razón por la que solicitaron el retiro de su inmunidad para iniciar un proceso en su contra.

El domingo, antes del medio día, la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente a ciudadanos que pidieron detener la expulsión de Velásquez; posteriormente, el martes 29 de agosto de 2017 la CC resolvió un nuevo amparo, presentado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas, con el que se suspendió en definitiva la expulsión del Comisionado.

Alamilla dijo que los periodistas en Guatemala trabajan en un escenario peligroso y hostil; la impunidad sigue cobijando a los asesinos y a los actores que limitan, restringen, agreden y violentan la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

Comentó que en los últimos años se han incrementado el número de periodistas asesinados en el país; entre el 2013 y el marzo de 2017, el Observatorio de los Periodistas de CERIGUA ha registrado, conjuntamente a RSF, 19 casos de muertes violentas de comunicadores y colaboradores de medios de comunicación en Guatemala.

Desde el año 2000 a la fecha, 37 periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados; hay tres sentencias condenatorias a los autores materiales de los crímenes; no hay resultados sobre los autores intelectuales, salvo el caso de un diputado señalado contra quién se pidió retirar el antejuicio, destacó.

La periodista recordó que en el Examen Periódico Universal (EPU) de noviembre de 2012, Guatemala anunció el compromiso voluntario y la promesa de crear un programa de protección para los periodistas, sin embargo, a partir de 2013 la situación de riesgo aumentó y el proceso de construcción del mecanismo se estancó.

En julio de 2016 el presidente Jimmy Morales dio su aval incondicional a la propuesta presentada por una alianza inédita en el país de 16 asociaciones, cámaras y entidades de prensa, de la capital y de los departamentos; las principales entidades que velan por la libertad de expresión, entre ellas REPORTEROS SIN FRONTERAS, CPJ, IFEX, FREEDOM HOUSE han apoyado esta iniciativa; el Relator también ofreció acompañamiento técnico; el Procurador de Derechos Humanos, el Canciller y numerosos medios de comunicación, avalan la propuesta.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de la situación para los periodistas y comunicadores, hay una indiferencia en los funcionarios de gobierno hacia esta inseguridad y una resistencia para acatar las disposiciones del Mandatario; el acuerdo para la creación oficial del programa de protección todavía no ha sido firmado, concluyó Alamilla.

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