(CEPET/IFEX) – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador del estado de Guerrero, ubicado al sureste de México, y al procurador General de la República, por las irregularidades cometidas en la investigación del asesinato del reportero Amado Ramírez. La CNDH encontró omisiones, manipulación de testigos, fabricación de pruebas, tortura y […]
(CEPET/IFEX) – La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador del estado de Guerrero, ubicado al sureste de México, y al procurador General de la República, por las irregularidades cometidas en la investigación del asesinato del reportero Amado Ramírez.
La CNDH encontró omisiones, manipulación de testigos, fabricación de pruebas, tortura y violación de derechos humanos e hizo notar que no se investigó la posible vinculación del crimen con el trabajo periodístico de la víctima.
El 6 de abril de 2007 Ramírez, corresponsal de la empresa Televisa y conductor del noticiero «Radiorama de Guerrero», fue ejecutado a tiros en su automóvil del cual logró salir y caminar hasta el hotel California Inn, dónde falleció.
El 10 de abril, elementos de la policía federal preventiva arraigaron a Genaro Vázquez Durán y Leonel Bustos Muñoz como presuntos responsables del asesinato del comunicador.
Pero el 19 de abril, familiares de Vázquez presentaron una queja ante la CNDH por violación a los derechos humanos del inculpado, detención ilegal, tortura, incomunicación, falta de legalidad y seguridad jurídica, además de cateo y robo en su propiedad. La CNDH confirmó que los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles y denigrantes, de acuerdo con los exámenes sicológicos que aplicó a los detenidos.
De las irregularidades en que incurrieron autoridades estatales y federales al integrar el expediente correspondiente la CNDH da cuenta que la Procuraduría General del Estado pasó por alto la declaración de dos testigos que aseguraron que Ramírez había sido amenazado previo a su muerte.
Pese a que el procurador de Guerrero había anunciado ante los medios de comunicación que se seguían cuatro líneas de investigación, entre éstas, su actividad periodística, sólo se siguió una línea, que supone un móvil personal, destaca la CNDH y señala que la oficina que ocupaba el informador no fue cateada ni su computadora tomada como elemento de prueba en la investigación.
La CNDH también hizo notar que se ignoró que el grupo armado denominado Brigada de Insurgencia Revolucionaria, se atribuyó por «error» haber ejecutado a Ramírez, según se publicó en su columna el periodista Ricardo Alemán del diario capitalino «El Universal».
La CNDH cuestiona la hipótesis de que el asesinato tuvo un móvil personal ya que el testigo que presuntamente habría hablado de la ex pareja sentimental del periodista, declaró a la CNDH que nunca realizó el comentario que se le atribuyó.
Así mismo la CDNH documentó la manipulación de los testigos, alteración de declaraciones e incluso refiere que uno de los testigos declaró ante esta instancia que fue presionado por elementos de la procuraduría estatal para inculpar a Vázquez.
La CNDH insta a las autoridades federales y estatales a que se investigue a los funcionarios públicos que hayan participado en las irregularidades documentadas y a que se finquen responsabilidades a quienes hayan incurrido en el allanamiento de morada.
Entre ellos, cita la recomendación, deberán ser investigados los agentes del Ministerio Público del Fuero Común Carlos Vinalay de la Rosa, Esteban Maldonado Palacios, David García Muñoz y Raciel González García, Epifanio Martínez Bailón, así como a los elementos de la Policía Ministerial adscritos al sector Barrios Históricos en la entidad, por los probables ilícitos de manipulación de los testigos y la simulación de pruebas en a integración de la averiguación previa y su participación en abusos y tortura contra los inculpados.
Asimismo le solicita que se retomen las otras líneas de investigación.