(CEPET/IFEX) – Legisladores locales y el Colectivo Periodistas sin Fronteras demandaron al gobernador Narciso Agúndez Montaño garantías al ejercicio periodístico, debido a que en lo que va del año se han registrado cuatro agresiones a periodistas por parte de funcionarios estatales en Baja California Sur, en la península norteña de México. Los diputados de las […]
(CEPET/IFEX) – Legisladores locales y el Colectivo Periodistas sin Fronteras demandaron al gobernador Narciso Agúndez Montaño garantías al ejercicio periodístico, debido a que en lo que va del año se han registrado cuatro agresiones a periodistas por parte de funcionarios estatales en Baja California Sur, en la península norteña de México.
Los diputados de las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal) hicieron un pronunciamiento en el Congreso estatal exigiendo a Agúndez Montaño y al procurador Fernando González Rubio Cerecer que «se abstengan de perseguir, intimidar y hostigar» a periodistas locales que realicen señalamientos a su gobierno, abanderado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En tanto el Colectivo Periodistas sin Fronteras de Baja California Sur realizó un extrañamiento, mediante un desplegando público, a las autoridades implicadas en los casos de los cuatro periodistas agredidos y demandaron al mandatario estatal garantías al oficio periodístico.
El 20 de marzo de 2009, el reportero del periódico «El Peninsular» Eliseo Zuloaga Canchola fue citado a comparecer ante la agencia del Ministerio Público en La Paz, capital del estado, al ser denunciado por el delito de «difamación», por publicar una noticia sobre que agentes de la policía ministerial presuntamente participaron en el secuestro de dos ciudadanos. Zuloaga Canchola aseguró que cuenta con fotografías del momento en que los policías implicados fueron detenidos por agentes federales el 23 de noviembre de 2008, al liberar a las personas plagiadas. Agregó que incluso se inició una averiguación previa.
La madrugada del 1 de marzo de 2009, fueron incendiados dos automóviles propiedad del corresponsal de Canal 10 y editor de la revista «Contrates de Comondú» Martín Valtierra García. El periodista informó que previo a este suceso había recibido amenazas de Jesús Antonio Villegas Martínez, hijo y secretario particular del alcalde de Comondú, por las notas periodísticas que ha publicado sobre presuntas irregularidades en la administración de dicho municipio. Además de los desencuentros con Villegas Martínez, el periodista denunció que ha recibido llamadas anónimas con mensajes de amenazas y que ha notado en varias ocasiones que lo siguen desconocidos, identificando en una ocasión el automóvil de Javier Ríos Morales, quien administra un bar en sociedad con el hijo del alcalde, del cual el periodista también ha publicado denuncias.
El 24 de enero, Pamela Gutiérrez Bazán, reportera del periódico «La Voz de los Cabos», fue agredida en las instalaciones de la procuraduría estatal por policías ministeriales cuando cubría la muerte de una mujer. Los agentes le arrebataron su cámara y borraron las fotografías que había tomado.
El 13 de febrero, la reportera del canal Cabo Mil Berenice Rangel tuvo una discusión con el coordinador de prensa del gobernador, Antonio Alcántar López, quien no permitía el acceso de los reporteros a una reunión de empresarios. El funcionario le dijo a la reportera que era «una enemiga del gobierno».
El CEPET condena las agresiones que han sufrido los comunicadores de Baja California Sur y hace un llamado al gobierno del estado para que garantice el libre ejercicio del periodismo en la entidad. La organización también sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.