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México: 81 agresiones contra la prensa y acoso de autoridades electorales

A cierre de las campañas electorales, la Red Rompe El Miedo (RRM) documentó 81 agresiones contra periodistas. Además, tuvo conocimiento de restricciones de índole administrativa por parte de autoridades electorales.

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador está rodeado por miembros de la prensa, durante las elecciones en Ciudad de México, el 1 de julio de 2018
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador está rodeado por miembros de la prensa, durante las elecciones en Ciudad de México, el 1 de julio de 2018

RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 28 de junio de 2018.

Al cierre de las campañas electorales, la Red Rompe El Miedo (RRM) ha documentado 81 agresiones contra periodistas. Además, ha tenido conocimiento de restricciones de índole administrativa por parte de autoridades electorales. Es claro que, en estas elecciones además de la violencia política, la libertad de expresión ha sido afectada.

Previo a la jornada electoral del 1 de julio, la Red expone las tendencias que demuestran la situación de constante violencia contra la prensa en este contexto. Asimismo, los actos de órganos electorales que buscan inhibir el flujo informativo, tales como requisitos excesivos de acreditación y acoso administrativo.


1. a) Monitorear y prevenir para informar

La Red Rompe El Miedo está activa desde el 4 de abril de 2018, para salvaguardar el flujo informativo y la seguridad de las y los periodistas en la cobertura del proceso electoral. Esto, por medio de la prevención, el monitoreo, la documentación, la verificación, y la atención de agresiones contra periodistas, medios de comunicación, personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales.

La Red es coordinada por ARTICLE 19, Data Cívica, R3D y SocialTic, y está conformada por más de 70 nodos que incluyen a alrededor de 700 periodistas, personas defensoras de derechos humanos y observadoras electorales quienes, ante la falta de garantías de protección del Estado, serán monitoreadas y acompañadas durante la Jornada Electoral, por un Centro de Monitoreo Nacional y Centros de Monitoreo en 12 estados del país, en coordinación con organizaciones de derechos humanos locales y regionales.

Desde enero de 2018 al día 27 de junio, en que se efectúa el cierre de campañas en todo el país, la Red Rompe El Miedo ha documentado 81 agresiones, de las cuales, el 38.3% de víctimas han sido mujeres y 48.1% hombres, mientras 6.2% agresiones se han cometido contra colectivos y 7.4% optaron por mantener reservada su identidad. Es importante señalar que los estados más violentos en el contexto electoral, han sido Puebla con 13 agresiones, Coahuila con 11 y Veracruz con 9. Indicativos de violencia que en el caso de Veracruz, coinciden en contextos no electorales, puesto que se ha señalado durante los últimos años como las entidad más peligrosa para el ejercicio periodístico en México y Latinoamérica.

Las agresiones registradas por la Red tienen un patrón indicativo de violencia preocupante, puesto que el 43.2% de las agresiones han sido perpetradas por candidatos o simpatizantes de partidos políticos, seguido por funcionarios públicos con 29.6%.

Las agresiones más recurrentes han sido Intimidación y hostigamiento (32 agresiones), ataques físicos (17 agresiones) y amenazas (14 agresiones). Cabe aclarar que dentro de intimidación y hostigamiento se consideran comunicaciones intimidatorias, campañas de desprestigio, acoso y difusión de información con componente de género. También se registraron 1 allanamiento, 4 ataques a bienes materiales, una agresión consistente en el uso de dominios falsos o cuentas falsas, 8 bloqueos informativos, 2 privaciones ilegales de la libertad, un hostigamiento judicial y se reserva la información de una agresión.


Órganos electorales: ¿garantizan libertad de expresión?

Acreditación de periodistas

Un tema que desde ARTICLE 19 también observamos con preocupación es el relativo a los criterios de acreditación que se está requiriendo a las y los periodistas para la cobertura de las elecciones.

Hemos tenido conocimiento que en el estado de Guerrero los organismos electorales han establecido una serie de requisitos a cumplir por parte de las y los periodistas para que puedan acreditarse y acceder a las sesiones que realicen los respectivos consejos de estos organismos durante la jornada electoral.

En la plataforma de registro de medios de comunicación del INE a la que tuvimos acceso se piden datos personales como el nombre, apellidos, correo personal y teléfono celular. Otro aspecto que se solicita es si medio de comunicación es "prensa escrita, radio, agencia por internet o televisión", "cargo o función", "puesto", y nombre del "jefe de redacción o editor". Mismos datos que se exigen en el caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Asimismo, ha sido público por medio de una nota periodística en la que se entrevistó a José Eladio Espino Monzón, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital no. 4 en Tamaulipas, del Instituto Nacional Electoral (INE), que exhortaba a los medios de comunicación a presentar su solicitud ante el INE para su acreditación, dicha solicitud debe ir "membretada y firmada por el director de noticias o jefe de información con la relación de los nombres de las personas a acreditarse".

Lo anterior implica la imposición requisitos restrictivos para la acreditación de periodistas en la próxima jornada electoral. Esto es así ya que inobservan criterios nacionales e internacionales sobre periodismo y libertad de expresión, cuya consecuencia se traduce en excluir a personas que, sin formar parte de algún medio de comunicación tradicional o convencional, ejercen de la misma manera una labor independiente de búsqueda, obtención y difusión de información, o que utilizan las nuevas tecnologías o plataformas de información.

Además, tanto el INE como los órganos electorales estatales no deben solicitar datos personales, más allá del nombre para identificar a la persona que solicita acreditación. Lo contrario puede configurar un requisito que genera efectos inhibitorios ante la incertidumbre sobre el resguardo y uso que se brindará a dichos datos personales. Todo ello implicaría el cierre de canales de comunicación diversos a los tradicionales, en una etapa electoral donde por el contrario el flujo de información debe encontrarse mayormente robustecido y garantizado, en especial durante las sesiones de Juntas Distritales del INE y Consejos estatales.

Acoso administrativo

La periodista Marcela Loyola, del medio El Heraldo de San Luis Potosí, fue víctima de acoso administrativo por parte del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (CEEPAC), Lic. Héctor Avilés Fernández, quien a través de un oficio que le fue notificado el pasado 26 de junio, le requieren diversa información respecto a la nota intitulada "Denuncian 'venta' de candidaturas en SLP del Partido del Trabajo" que publicó el 8 de marzo de este año.

Entre la información que le requieren a la periodista se encuentra: quién ordenó la publicación de la nota, la fuente de donde recabó la información contenida en la nota, o si le fue expedida alguna factura por concepto de su publicación, qué medios de verificación utilizó, etc. Además, le solicitan "acompañar copia de la documentación que justifique las manifestaciones vertidas a fin de respaldar la veracidad de los hechos".

La información requerida por el organismo electoral se encuentra en absoluta contravención con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y periodismo.

De entrada, la referencia que realiza dicho organismo respecto a que la nota haya sido pagada u ordenada vulnera el principio de presunción de inocencia. Además, requerir a la periodista la identificación de sus fuentes, nuevamente constituye una flagrante violación al derecho de reserva de fuentes (y obligación de secreto profesional) que les asiste a las y los periodistas, conforme a los estándares internacionales que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la ONU, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Conclusiones

La Red Rompe el Miedo exige a todas las autoridades federales, estatales y municipales, que en el ámbito de sus respectivas facultades, garanticen y respeten plenamente las condiciones para el desarrollo normal y seguro de la jornada electoral del 1 de julio, así como garantizar la labor periodística y de escrutinio ciudadano sobre las elecciones, lo cual resulta apremiante frente al contexto de grave violencia que se ha presentado en el actual periodo electoral y que también ha provocado un aumento en las agresiones contra periodistas y medios.

Asimismo, conminamos a los institutos u organismos electorales tanto nacional como estatales, que se abstengan de realizar cualquier acto que atente contra el libre desarrollo del ejercicio periodístico o represente cualquier injerencia arbitraria respecto a la reserva de fuentes periodísticas. De igual forma, se abstengan de establecer requisitos excesivos o restrictivos para la acreditación de periodistas en la cobertura de las elecciones, debiendo garantizar un flujo de información pleno.

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