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Caso Narvarte, 3 años después: herida abierta

Activistas protestan contra el asesinato del fotógrafo Ruben Espinosa y cuatro mujeres en Ciudad de México, el 31 de agosto de 2015; los afiches de abajo contienen un imagen del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte
Activistas protestan contra el asesinato del fotógrafo Ruben Espinosa y cuatro mujeres en Ciudad de México, el 31 de agosto de 2015; los afiches de abajo contienen un imagen del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte

YURI CORTEZ/AFP/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 30 de julio de 2018.

Este 31 de julio se cumple un aniversario más del crimen de la colonia Narvarte, donde fueran asesinadas Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril, en el marco de esta conmemoración las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan emiten el siguiente posicionamiento sobre los obstáculos, retrocesos, y problemas que siguen enfrentando día a día con las autoridades de la Ciudad de México:

1. La Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a pesar de haber sido aceptada por las autoridades capitalinas (PGJDF-TSJ) se ha convertido sólo en un instrumento de buenas voluntades, pero de nulas acciones concretas, pues a 1 año de su emisión, no se han logrado cumplir ninguno de los puntos recomendatorios aceptados por las autoridades.

2. Uno de esos puntos recomendatorios se refiere al diseño de un "plan de investigación" por parte de la PGJCDMX para reconducir las investigaciones del caso que se mantiene abierto en la Fiscalía de Homicidios.

Sin embargo, y a pesar de haber sostenido más de 10 reuniones de trabajo, a la fecha la autoridad ministerial sigue obstinada en no agotar profusamente otras líneas de investigación que nunca han sido agotadas debidamente. La PGJCDMX ha llegado al extremo de incluso pedir a las organizaciones civiles que representan a las víctimas que sean ellas quienes analicen la información y ayuden a cerrar las líneas de investigación pendientes, pues para la autoridad "ya no hay nada más que investigar".

3. Desde hace más de 9 meses, tenemos el compromiso de las autoridades de la PGJDF y de la Secretaría de Gobierno para que en ese plan de investigación se integren actuaciones relacionadas con el entorno personal y profesional de las víctimas haciendo especial énfasis en Mile Virginia, Rubén Espinosa y de Nadia Vera. Sin embargo, la PGJDF ha sido omisa y negligente para desahogar esas actuaciones. No debe perderse de vista que hemos sido las víctimas y sus representantes quienes aportamos pruebas para robustecer la línea de investigación relativa a la persecución política de Nadia y Rubén en Veracruz. A pesar de la evidencia en torno a las razones que ocasionaron su desplazamiento hacia la Ciudad de México la PGJCDMX insiste en que tales pruebas son irrelevantes.

4. Existe una duda fundada en quienes suscribimos este pronunciamiento para suponer que la lógica de la PGJDF en el caso es apostarle al cansancio y al olvido pues todo parece indicar que no están interesados en investigar realmente lo que ocurrió esa tarde del 31 de julio de 2015 ni en garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

5. Ninguna autoridad ha sido sancionada por las violaciones que se cometieron y que se siguen cometiendo en este caso. Por el contrario, personajes que estuvieron directamente vinculados con la investigación en su etapa inicial ha sido "promovidos" a otros cargos de mayor responsabilidad, en buena medida, porque quien se encarga de investigar a los funcionarios de la PGJCDMX es la propia PGJCDMX.

6. Después de 2 años y medio de exigir que se nos mostraran los videos que la SSP había registrado sobre lo que ocurrió en la calle de Luz Saviñón el día de los hechos, por fin pudimos revisarlos y analizarlos, extrayendo de esas imágenes varias contradicciones en los testimonios -de testigos y agentes policiales- que en su momento la PGJDF utilizó para acusar a las personas detenidas y eventualmente para obtener una sentencia contra una de esas personas.

7. No hay ninguna propuesta formal por parte de las autoridades capitalinas para realizar el acto de disculpa pública que mandata la Recomendación de la CDHDF ni tampoco para avanzar en la implementación de garantías de no repetición. Por ejemplo, medidas para evitar filtraciones a medios de comunicación, y la subsecuente construcción de verdades paralelas a partir de estereotipos de género; o bien mediante el fortalecimiento del raquítico sistema de atención a víctimas.

8. Hoy sabemos que el gobierno de Veracruz en la época de Javier Duarte, operaban grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad. Sabemos que el ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita operaba varias empresas de seguridad en la Ciudad de México y que esas empresas incluso tiene permisos para portación y uso de armas de fuego. Sabemos que esta red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos, sin embargo, todo eso para la PGJDF es "irrelevante" y no "ayuda en nada a la investigación".

9. A 3 años del crimen, seguimos sin saber ni como sociedad ni como familiares, la verdad de lo ocurrido aquella tarde en el condominio 1909 de Luz Saviñón; no sabemos el móvil del crimen ni a ciencia cierta quienes fueron los perpetradores tanto materiales como intelectuales.

Aunque la autoridad de la ciudad se empeñe en presentar públicamente el caso como un asunto concluido, las familias de las víctimas, así como las organizaciones que las acompañamos insistimos en que el Caso Narvarte sigue y seguirá abierto hasta que se garantice plenamente el derecho a la verdad, a la justicia y a una justa reparación, y hasta que se asegure institucionalmente que crímenes como estos no quedarán impunes.

Hoy hacemos un llamado público a las autoridades que han sido elegidas para gobernar esta ciudad en los próximos 6 años, para que escuchen a las familias directamente, a fin de conocer el status que guarda la investigación, y sobre todo, para que conozcan los temas de política pública que no se han podido concretar y cuyo avance competerá a estas nuevas autoridades a partir del próximo 5 de diciembre.

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