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Elección de Fiscal General pone a prueba la lucha contra la impunidad

Un grupo de periodistas del Estado de Michoacán protestan contra la desaparición de un colega, frente a las oficinas de la Fiscalía General, en la Ciudad de México, 1 de junio de 2017
Un grupo de periodistas del Estado de Michoacán protestan contra la desaparición de un colega, frente a las oficinas de la Fiscalía General, en la Ciudad de México, 1 de junio de 2017

PEDRO PARDO/AFP/Getty Images

Este artículo fue publicado originalmente en cencos.com.mx el 7 de enero de 2019.

Cinco años después de la aprobación de una reforma constitucional para dotar de autonomía a la Fiscalía General, México enfrenta el gran desafío de plasmar ese compromiso en la realidad, eligiendo al primer o primera Fiscal General del país, que deberá liderar durante los próximos nueve años una institución clave para enfrentar la impunidad, la corrupción histórica y recuperar la confianza de la ciudadanía en la procuración de justicia.

De acuerdo con el procedimiento aún vigente, el Senado debe enviar al Ejecutivo Federal una lista de al menos 10 personas candidatas, quien a su vez remitirá una terna al Senado, a fin de que este adopte una decisión final. En respuesta a la convocatoria, se presentaron 52 candidaturas, de las cuales 27 cumplieron con los requisitos, mismas que deben ser evaluadas de forma objetiva y rigurosa para detectar cualquier vínculo con grupos interesados en preservar la impunidad.

Desde su constitución, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás han advertido los problemas del actual mecanismo de selección, y han insistido en la necesidad de reformar la Constitución para adecuarlo a los estándares internacionales que vinculan al Estado mexicano en materia de transparencia, publicidad, mérito, participación ciudadana y rendición de cuentas, que son fundamentales para evitar influencias indebidas en el proceso de designación y garantizar la independencia de la persona elegida.

En este sentido, la convocatoria pública emitida mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 20 de diciembre de 2018, contiene varios aspectos preocupantes, ya que:

● No se especifican los criterios y el procedimiento que utilizará la Comisión de Justicia del Senado para integrar la primera lista que será remitida al Ejecutivo Federal.
● No se ha previsto que la Comisión realice entrevistas públicas a las 27 personas postulantes que cumplieron con los requisitos, para evaluar aspectos fundamentales de sus antecedentes y posibles conflictos de interés.
● No se han previsto mecanismos efectivos de participación ciudadana, como la posibilidad de objetar, apoyar o presentar información relevante sobre candidaturas específicas, ni la posibilidad de formular preguntas directamente, como se venía haciendo en el pasado.

En la siguiente etapa, en la cual el Presidente seleccionará una terna a partir de la lista de al menos 10 aspirantes entregada por el Senado, preocupa que se lleve a cabo mediante un proceso opaco y sin espacios de participación ciudadana, pues lo hacen impermeable al escrutinio público.

Finalmente, sobre la tercera etapa de elección final a cargo del Senado, preocupa:
● Que se haya establecido un tiempo insuficiente para las comparecencias ante el Pleno del Senado. Treinta minutos no permiten examinar el perfil de los y las finalistas para ocupar un cargo de tal relevancia, ni una valoración sustantiva y profunda de méritos, capacidades, experiencia y probidad de las y los candidatos.
● Que no exista claridad de los criterios a evaluar a los y las candidatas y para adoptar la decisión final.
● Que no se haya previsto la obligación de que el Senado argumente, funde y motive la decisión sobre la elección de la o el Fiscal.

En general, el mencionado Acuerdo del Senado permite un amplio margen de discrecionalidad y mantiene en la opacidad una designación de alto interés público, lo que genera un alto riesgo de que la elección no responda al mérito y se vea influenciada por intereses ajenos al escrutinio de la sociedad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humano​s (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la autonomía de las fiscalías, que el proceso de designación del Fiscal General se sujete a los estándares internacionales aplicables. El proceso impulsado por el Senado de la República para la designación de la persona titular de la Fiscalía General está bastante alejado de este objetivo.

Desde ​#FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás hacemos un llamado al Senado para que corrija estas irregularidades y emita un acuerdo complementario al Acuerdo del 20 de diciembre de 2018 para atender las preocupaciones aquí manifestadas.

Asimismo, exhortamos e invitamos a los medios de comunicación a acompañar y monitorear el proceso y aportar información relevante sobre candidatas y candidatos. En otros países de la región, la prensa ha jugado un papel decisivo en la vigilancia del proceso, y en señalar y visibilizar posibles vínculos que requieren de mayor investigación en los antecedentes de las personas aspirantes.

Sólo un proceso transparente, con herramientas objetivas de evaluación, participación ciudadana, con reglas claras y que permita un escrutinio real, puede dotar de legitimidad de origen a quien encabezará la nueva Fiscalía. Es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que integran el Senado garantizar esto a toda la ciudadanía.

#FiscalíaQueSirva #VamosPorMás Observatorio Designaciones Públicas

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