Tres años después de las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad uzbekas en la ciudad de Andiján, Uzbekistán, el Gobierno sigue persiguiendo a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que levantan la voz contra la masacre, dice el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, […]
Tres años después de las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad uzbekas en la ciudad de Andiján, Uzbekistán, el Gobierno sigue persiguiendo a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que levantan la voz contra la masacre, dice el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) .
Según el CPJ, cinco periodistas siguen en la cárcel por sus informes de Andiján. Están cumpliendo sentencias que van de cinco a 15 años por «cargos inventados», de peculado a participación en actividades anticonstitucionales.
Uno de esos periodistas es el sobrino del presidente Dzamshid Karimov. Karimov, un ex corresponsal del Institute of War and Peace Reporting (Instituto para Informes de la Guerra y la Paz, IWPR) desapareció en septiembre de 2006 sólo para ser descubierto en un hospital siquiátrico en la ciudad de Samarcanda. Sigue incomunicado.
Otros reporteros y sus familias han sido sometidos a acoso y espionaje por parte de los servicios de seguridad, que han obstaculizado sus movimientos e informes. Según el CPJ, las autoridades hicieron circular una lista «extraoficial» de temas sobre los cuales tienen prohibido informar: desde la masacre y otros abusos contra los derechos humanos, hasta el Presidente y las actividades de partidos de oposición.
Docenas de periodistas y activistas huyeron del país por temer por su seguridad. Varios refugiados que volvieron a Uzbekistán, sólo para volver a huir, dijeron a Human Rights Watch que fueron sujetos a interrogatorios repetidos cuando volvieron y fueron obligados a firmar confesiones o declaraciones falsas que apoyaban la versión gubernamental de los eventos de mayo de 2005. Kirguistán, Kazajastán, Ucrania, y Rusia desobedecieron sus obligaciones internacionales y devolvieron por la fuerza a refugiados y solicitantes de asilo a Uzbekistán, con frecuencia por petición de Tashkent.
Mientras tanto, se revocó la acreditación de los periodistas extranjeros y se les persiguió hasta sacarlos del país. En 2007, al menos dos corresponsales de la agencia de noticias alemana «Deutsche Welle» fueron obligados a salir de Uzbekistán después de sufrir el acoso de la policía fiscal y los procuradores de Tashkent, dice el CPJ.
El puñado de periodistas independientes locales que se quedaron en Uzbekistán ahora informa sólo de manera clandestina; deben hacerlo con seudónimos, dice el CPJ. Las restricciones han «eliminado casi por completo la prensa independiente en el país», dijeron al CPJ periodistas regionales y expertos en los medios de comunicación.
La masacre de Andiján ocurrió hace tres años el 13 de mayo de 2005, cuando tropas gubernamentales mataron indiscriminadamente a cientos de civiles que protestaban contra el régimen del presidente Karimov. A pesar de los llamados que piden una investigación independiente de los acontecimientos del 13 de mayo, el Gobierno uzbeko se ha negado a permitir que ocurra una investigación y no ha hecho responsable a nadie de la masacre.
La defensora de los derechos humanos Mutabar Tojibaeva, quien está cumpliendo actualmente una sentencia de cárcel de ocho años por sus críticas al Gobierno tras la masacre, fue seleccionada para recibir el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos de este año; se trata de un premio que otorgan Human Rights Watch y otras nueve importantes organizaciones de derechos humanos.
En octubre de 2005, Tojibaeva fue arrestada en su casa mientras se preparaba para viajar a una conferencia sobre derechos humanos en Irlanda. Fue acusada de 17 cargos de actividades delictivas, entre ellas difamación, extorsión, evasión fiscal, contaminar el medio ambiente y asociación a una organización ilegal: su propia ONG sin registro. A pesar de la amenaza de una larga sentencia de cárcel, Tojibaeva siguió determinada y declaró al tribunal: «No me arrepiento de mis actividades y continuaré con ellas a pesar del veredicto.»
Recientemente se le diagnosticó cáncer y su salud se está deteriorando. El jurado del premio Martin Ennals está pidiendo su liberación inmediata.
Human Rights Watch está instando a EE. UU. y a la UE que actúen urgentemente para ayudar a detener la ofensiva en Uzbekistán. La liberación de los defensores de los derechos humanos estuvo entre los criterios que la UE fijó para examinar las sanciones que impuso a Tashkent en octubre de 2005, tras la masacre de Andiján. Durante los dos años anteriores, la UE ha debilitado cada vez más las sanciones, que consisten principalmente en un embargo de armas y una prohibición de visa para funcionarios gubernamentales, a pesar de que el Gobierno uzbeko persiste en hacer caso omiso de los criterios. El 29 de abril, la suspendió por segunda vez consecutiva la prohibición de visa por completo por seis meses.
Visite estos vínculos:
– CPJ: http://tinyurl.com/4djk2e
– Página sobre Uzbekistán de Human Rights Watch: http://tinyurl.com/4gotxf
– Informe de Human Rights Watch, «Saving its Secrets: Government Repression in Andijan» (Guardar su secreto: la represión gubernamental en Andiján): http://hrw.org/reports/2008/uzbekistan0508/
– Premio Martin Ennals: http://www.martinennalsaward.org/es/prensa/2008-05-15.html
(20 de mayo de 2008)
