(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 30 de julio de 2004: Autoridades de la SIP en estado de alerta por agresiones a la libertad de prensa en períodos electorales Resaltan como positivo nuevas leyes de acceso a la información en Ecuador y República Dominicana, discriminalización […]
(SIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 30 de julio de 2004:
Autoridades de la SIP en estado de alerta por agresiones a la libertad de prensa en períodos electorales
Resaltan como positivo nuevas leyes de acceso a la información en Ecuador y República Dominicana, discriminalización de la difamación en Puerto Rico y eliminación del desacato en Panamá. Preocupan crímenes contra periodistas.
Miami (30 de julio del 2004) – Las máximas autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunidas hoy en esta ciudad, manifestaron su honda preocupación y estado de alerta ante numerosas agresiones a periodistas y atentados contra medios de comunicación registrados en el transcurso de procesos electorales en varios países de las tres Américas.
Asesinatos de periodistas en Brasil, México, Paraguay y Perú, agresiones a informadores y medios en Puerto Rico, clima de tensión en Venezuela, una ley que prohíbe la divulgación de resultados de encuestas electorales en Honduras y restricciones a la libre movilización de periodistas extranjeros en Estados Unidos, son algunas de las violaciones registradas en el último trimestre que revisó el Comité Ejecutivo de la SIP.
Las autoridades de la SIP anunciaron el envío de una delegación internacional a Venezuela la próxima semana, encabezada por el presidente de la SIP, Jack Fuller, con la misión de solicitar a las autoridades garantías para el libre ejercicio del periodismo y el respeto a la libertad de expresión durante el referendo político que se celebrará el 15 de agosto.
El máximo órgano ejecutivo de la SIP también observó las estrategias de la organización en cuanto a sus proyectos de lucha contra la impunidad y periodistas en riesgo. Desde su reunión en Los Cabos, México, la SIP registró los asesinatos de cinco periodistas: Jorge Lourenço dos Santos, de Brasil; Francisco J. Ortiz Franco y Roberto Javier Mora García, de México; Samuel Román, de Paraguay y Alberto Rivera Fernández, de Perú.
Otros atentados contra medios y periodistas se suscitaron en Brasil, país que vive un proceso electoral interno y donde recientemente en Porto Vehlo, en el estado brasileño de Rondonia, fue lanzada una bomba contra el edificio del Diario de Amazonia.
La violencia no es la única forma de ataque contra la prensa. En Puerto Rico, camino a la elección del 2 de noviembre, varios candidatos a la gobernación, ofuscados por la crítica, hostigan a medios y periodistas con acusaciones e insultos. En Honduras, un decreto del Ejecutivo viola el derecho del público a la información al prohibir la divulgación de propaganda política 50 días antes de las elecciones internas y 90 días antes de las elecciones nacionales, así como la divulgación de resultados de encuestas durante ese mismo período. En Estados Unidos, el 16 de julio entró en vigencia una disposición del Departamento de Estado que obliga a los corresponsales extranjeros a salir del país para renovar sus visas, lo que entorpece e interrumpe el libre ejercicio del periodismo. Sin embargo, ante la reciente deportación de unos nueve corresponsales extranjeros, un nuevo proyecto de ley trata de corregir en algo esta situación, al permitir que periodistas de 27 países considerados “amigos” ingresen al país durante 90 días sin necesidad de solicitar visa.
En Colombia la situación de la prensa sigue siendo precaria, mientras continúan las agresiones en Bolivia, Venezuela y Haití, país este último que todavía no despega de décadas de violencia política.
En Cuba, si bien dos periodistas independientes, Carmelo Díaz y Manuel Vázquez Portal, fueron liberados tras su encarcelamiento en marzo del 2003 por razones de salud, 31 periodistas permanecen en prisión, incluido el director de la SIP, Raúl Rivero. A esta situación se le sumó la negativa del gobierno de Estados Unidos de ofrecerle asilo a Bernardo Arévalo Padrón, quien salió de prisión en noviembre pasado tras cumplir una condena de seis años por desacato al presidente del país.
En otros países de la región, tales como Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, las demandas contra los periodistas por presuntos delitos de difamación sigue siendo una de las principales dificultades para el libre ejercicio de la libertad de prensa. En varias naciones la publicidad oficial continúa utilizándose por los gobiernos para premiar o castigar a los medios de comunicación.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo destacó aspectos positivos para la libertad de prensa. Entre ellos, citó la aprobación de leyes de acceso a la información pública en Ecuador en mayo pasado y en República Dominicana a mediados de julio. Resaltó que Puerto Rico se produjo la eliminación del artículo de difamación criminal, dentro de una reforma del Código Penal promovida por la gobernadora Sila Calderón, que entrará en vigencia en el 2005. La SIP también destacó la intención de la Asamblea Legislativa de Panamá que ya aprobó en primera instancia la reforma constitucional que elimina el delito de desacato.
El Comité Ejecutivo mostró su satisfacción de que el presidente mexicano Vicente Fox haya accedido al reclamo de la SIP para que el caso de Ortiz Franco, asesinado el pasado 22 de junio, haya sido atraído a la jurisdicción federal, lo que pudiera otorgar mayores garantías y celeridad en las investigaciones. Además destacó el hecho de que el presidente guatemalteco Oscar Berger, permitiera que el Estado admita su responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asesinato del periodista Jorge Carpio Nicolle, ocurrido en 1993. Ambas medidas, destacó la SIP, son instrumentos importantes para combatir contra la impunidad.
