(PROBIDAD/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de PROBIDAD, con fecha del 28 de julio de 2005: Ley de acceso a la información pública encuentra primeros oponentes: empresarios y periodistas El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data en poder de una comisión de dictamen del Congreso […]
(PROBIDAD/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de PROBIDAD, con fecha del 28 de julio de 2005:
Ley de acceso a la información pública encuentra primeros oponentes: empresarios y periodistas
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data en poder de una comisión de dictamen del Congreso Nacional, para ser aprobado en los próximos dos meses, comenzó a tener sus primeros oponentes: la empresa privada y el Colegio de Periodistas de Honduras. Ambos alegan “incongruencias” en la ley al insinuar que se pueden violar secretos de estado como publicar los salarios de los magistrados de la Suprema Corte, por ejemplo.
El 27 de julio, una delegación del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) se reunió a puertas cerradas con los integrantes de la Comisión de Dictamen para externar sus preocupaciones en torno a la ley, concluyendo que iban a enviar en las próximas semanas un documento para fijar su posición oficial con las observaciones legales al proyecto de Ley.
De esta forma, el CPH modificó sustancialmente su posición a favor de la Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Datas expresada en su periódico oficial “El Periodista”, publicado en mayo, donde afirmaba que un instrumento de esta naturaleza favorecería el rompimiento de la cultura del secreto en Honduras.
Ahora, sus miembros representados por el presidente del CPH, Juan Ramón Mairena, sostienen que el instrumento legal es “bueno, pero debe existir claridad en la ley que elabora el Congreso Nacional. De acuerdo a lo que hemos conocido del COHEP (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), esta ley convierte toda la información privada en pública y pone en riesgo la información en poder de las empresas”.
“Plantearemos por escrito cada una de nuestras observaciones y las haremos públicas en el momento que se estime conveniente”, sostuvo Mairena.
A su vez, el director ejecutivo de la empresa privada liderada por el COHEP, Benjamín Bográn, envió una nota a la comisión de dictamen expresando su oposición al proyecto al afirmar que éste, “lejos de facilitar la transparencia, lo único que esto generaría es un pesado y costoso aparato burocrático para atender lo que la ley establece”, refiriéndose así a la conformación del Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública que contempla la ley, orientado a dar seguimiento, monitoreo, cumplimiento y evaluación del instrumento legal en base a las necesidades humanas y de recursos con que ya cuenta el Estado.
El Consejo Nacional de Acceso a la Información Pública estaría integrado por sectores oficiales, privados, gremiales y de la sociedad civil que actuarían ad honoren, excepto la Secretaría Técnica Ejecutiva. Expertos internacionales en acceso a la información sugirieron en febrero de 2005 a la comisión de dictamen dar un mayor status a este Consejo por la importancia que reviste dentro del cumplimiento de la Ley.
Pero a criterio del director ejecutivo del COHEP, antes de ser aprobada, la ley de acceso a la información pública y hábeas data, debe ser concertada porque es tan amplia que “no se puede estar satisfaciendo el capricho individual de cada una de las personas; los ministerios del gobierno no creo que tengan la capacidad de proporcionar la cantidad de información que se plantea”, acotó.
Bográn incluso propuso algo que no está contemplado en la ley y riñe con el ejercicio de la libertad de expresión: obligar a los periodistas a difundir sus fuentes y violar el secreto profesional. También se cuestionó hasta dónde sería conveniente publicar información “delicada” como el salario que devengan los magistrados del poder judicial y de los jueces; mucho menos información que ponga en riesgo los negocios empresariales.
Bernardo Rivera, uno de los dictaminadores de la ley y periodista, dijo que en la reunión con el CPH, éstos le pidieron no “aprobar a la ligera” la ley, y darle más pensamiento porque “hay que recordar que está de por medio la seguridad del Estado y se teme – para el caso – que se publiquen los juicios de la Corte Suprema de Justicia”, reveló.
El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data fue introducido oficialmente a la Cámara Legislativa en octubre de 2004 por unanimidad entre las cinco bancadas de los partidos políticos representadas en el Congreso Nacional, luego de un proceso de consulta, diálogo, observaciones y concertaciones liderado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) en coalición con diversos organismos sociales y gremiales del país.
Vilma Rosales, coordinadora de C-Libre, expresó que las primeras voces disonantes surgidas al respecto son parte del debate que debe existir en el país y evidencian mucha desinformación y desconocimiento sobre lo que es y no es la ley de acceso a la información pública y hábeas.
No obstante, recalcó que antes las oposiciones, C-Libre comenzó a activar sus redes de libertad de expresión para “solicitar el apoyo internacional a fin de que el proyecto de ley sea probado sin las distorsiones del caso”. Rosales dijo que ya había librado una comunicación a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
