(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la FLIP, con fecha del 7 de enero de 2004: Resumen estadísticas violaciones a la Libertad de Prensa en 2003 Los corruptos principales agresores de periodistas colombianos El 2003 no fue un buen año para la libertad de prensa. Se mantuvo el promedio de […]
(FLIP/IFEX) – Lo que sigue es un comunicado de prensa de la FLIP, con fecha del 7 de enero de 2004:
Resumen estadísticas violaciones a la Libertad de Prensa en 2003
Los corruptos principales agresores de periodistas colombianos
El 2003 no fue un buen año para la libertad de prensa. Se mantuvo el promedio de periodistas muertos que desde hace varios años ha tenido Colombia; cinco reporteros fueron asesinados por razones de su oficio y uno fue abaleado en un retén ilegal de Putumayo, mientras se trasladaba a cubrir una noticia. De los 6 reporteros asesinados, cuatro de ellos hacían denuncias sobre corrupción en el sector público o investigaban casos puntuales en esta materia.
Las amenazas disminuyeron. Mientras en el 2002 se produjeron 75, en 2003 se registraron 54. A pesar de la disminución en las cifras, el panorama no es reconfortante. A lo largo del año, la FLIP pudo constatar que en varias regiones los periodistas no pueden salir del casco urbano y, en otras, han restringido su agenda informativa a temas que no los pongan en riesgo. En términos generales, esto muestra un deterioro en la libertad de informar.
De las 54 amenazas se destaca particularmente lo ocurrido en el departamento de Arauca, donde varios periodistas aparecieron en “listas negras”. Como consecuencia de ello, 12 abandonaron la región y durante más de un mes Arauca se quedó sin información. También se destaca que tres integrantes de un equipo periodístico de RCN fueron secuestrados y luego amenazados. Las amenazas fueron las causantes de los 7 exilios de periodistas que se reportaron en el año que pasó.
En 2003 se presentaron 11 secuestros, uno menos que en 2002. Siete periodistas fueron secuestrados por la guerrilla de las FARC, dos por el ELN y dos por los paramilitares. Si bien todos los periodistas secuestrados fueron liberados, algunas de las zonas donde los retuvieron les han quedado vedadas para realizar su trabajo.
Nueve casos de obstrucción se reportaron en 2003. Cinco de ellos fueron ocasionados por miembros del Ejército o de la Policía. Al parecer, algunos funcionarios estatales desconocen los principios de la libertad de expresión y la función que cumplen los periodistas dentro de la sociedad para que estos episodios no se repitan.
La impunidad no descansa. El juicio de Jaime Garzón culminó luego de cuatro años de investigaciones. Actualmente se está a la espera de que el juez dicte sentencia absolviendo o condenando a los dos autores materiales. No obstante, la parte civil y el Ministerio Público han manifestado dudas sobre la transparencia de la investigación adelantada por la fiscalía y el DAS. De los 5 periodistas asesinados sólo en un caso hay una investigación adelantada donde ha habido personas capturadas. En materia de secuestros, sólo se capturó a los secuestradores de uno de los periodistas y éstos están a punto de ser liberados.
Los procesos judiciales iniciados contra periodistas por delitos contra el honor están en ascenso, así como las iniciativas legislativas que buscan restringir a la prensa. Un columnista fue condenado por una indebida rectificación a tres días de cárcel y cursan varios procesos contra periodistas por injuria y calumnia. Por su parte, en el Congreso se tramitó y aprobó una reforma a la Constitución que permite la interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial previa, poniendo en peligro el derecho constitucional a la reserva de fuentes.
Además de las tradicionales amenazas contra la libertad de prensa, en 2003 se incrementaron los casos de detenciones a periodistas por ejercer su labor. Tal es el caso de un periodista que fue detenido arbitrariamente en Cúcuta por portar documentos distribuidos en el Congreso Bolivariano organizado por el gobierno venezolano, evento que estaba cubriendo para su medio. Tres días después fue puesto en libertad. Se presentó también el caso de un locutor de Saravena (Arauca) que fue sindicado por rebelión. El comunicador llevaba siete años ejerciendo su oficio, fue uno de los doce periodistas que salió de la región por amenazas y se encontraba en el programa de protección del Ministerio del Interior. Actualmente se encuentra detenido.
Pero en el 2003 las iniciativas para la promoción de la libertad de expresión y de prensa no cesaron. El gobierno le dio continuidad al Programa de Protección a Periodistas. Atendió un 90% de los casos de amenazas que se presentaron y continuó con la protección de periodistas amenazados en años anteriores. No obstante, la FLIP ha reiterado la necesidad de que el programa responda de manera más pronta y eficaz a la necesidad de protección de los periodistas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Humanitaria número 16 instando a la protección de los periodistas como población civil dentro del conflicto armado. Además las organizaciones de libertad de prensa, nacionales e internacionales, desarrollaron acciones de capacitación. En particular, la FLIP organizó seminarios, realizó talleres de protección y publicó un Manual de Autoprotección para los informadores del país.
