¿Pueden autoridades largamente conocidas por su incompetencia o incluso complicidad en crímenes contra los periodistas instituir medidas legales que produzcan un cambio tangible?
Colombia y México tienen una reputación de corrupción, guerras de la droga e impunidad. Pero, ¿qué sucede cuando estos gobiernos ponen en marcha medidas para proteger la libertad de expresión? ¿Pueden autoridades largamente conocidas por su incompetencia o incluso complicidad en crímenes contra los periodistas instituir medidas legales que produzcan un cambio tangible?
¿Colombia protegiendo la libertad de expresión?
Cuando la abogada colombiana Catalina Botero asumió el rol de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, su país de origen ya había dado un paso en la dirección correcta. En 2000, el entonces Presidente Andrés Pastrana Arango puso en marcha la Ley de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales. Al mismo tiempo, los periodistas en Colombia fueron reconocidos como un grupo en riesgo.
Originalmente, el programa incluyó un Comité Interinstitucional Regulatorio y de Evaluación de Riesgo, que comprendía a muchos organismos incluido el Ministerio del Interior, así como representantes de la sociedad civil, como el miembro de IFEX Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En 2010, el sistema fue criticado por su falta de estrategia clara para la prevención de crímenes, y por centrarse sólo en el aspecto físico de los ataques a periodistas. En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos presentó la estrategia de prevención que faltaba y puso en marcha las estructuras regionales y federales para la protección de los derechos humanos. Estos cambios siguen en vigor bajo la actual Unidad Nacional de Protección de los Periodistas.
Caso de Jineth Bedoya reconocido como crimen contra la humanidad
Aunque el sistema puede no ser perfecto – Colombia sigue ocupando el octavo peor lugar en el mundo en el Índice de Impunidad Global 2014 del Comité para la Protección de los Periodistas – la decisión del Procurador General de la República de septiembre de 2014 de reconocer los crímenes contra la periodista Jineth Bedoya como crímenes contra la humanidad, sugiere que la impunidad se está tomando más en serio que en el pasado. Bedoya fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente en mayo del 2000. En ese momento, ella era periodista del periódico El Espectador, y en abril del mismo año había informado sobre motines en las cárceles y los vínculos entre los reclusos y los grupos paramilitares.
Su caso no ha sido resuelto, pero este avance es monumental considerando que la policía colombiana era posiblemente cómplice en el crimen. En julio 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Bedoya contra el Estado colombiano, y determinará si el Estado fue de alguna manera responsable de los hechos que tuvieron lugar en el 2000.
Los crímenes contra periodistas mexicanos también vinculados a la fuerza de los cárteles de la droga
Las cuestiones subrayadas en los informes de Bedoya, acerca del crimen organizado y la corrupción, también plagan a la sociedad mexicana. A medida que el tráfico de drogas organizado se ha vuelto más pronunciado en México, también lo ha hecho la cuestión de la impunidad y los crímenes contra los periodistas en el país. Un informe de 2012 elaborado por el Centro Internacional para Asistencia a los Medios de Comunicación, destacó la cuestión generalizada de la extensión de los carteles de la droga y el crimen organizado por todo México, eliminando las restricciones tradicionales sobre la violencia a medida que grupos criminales se infiltran en las fuerzas policiales e incluso en algunos medios de comunicación. Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) el gobierno parecía más preocupado por la imagen internacional del país que por la seguridad de sus periodistas, lo que llevó a un crítico de los derechos humanos a decir que el gobierno culpó a los medios de comunicación mexicanos por «fomentar una imagen nacional de la violencia«.
Los periodistas que han tratado de informar sobre la cultura de la delincuencia que se ha infiltrado en casi toda la sociedad mexicana, han sido blanco de los cárteles por sus informes. Esto se ha convertido en un tema tan peligroso para los medios de comunicación que algunos medios han eliminado las firmas para que los periodistas no puedan ser vinculados a su trabajo, mientras que otros simplemente han dejado de informar sobre temas delicados.
Sin embargo, ha habido un cierto movimiento hacia adelante. En octubre de 2012, el Gobierno presentó el Mecanismo Federal para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, basado en el modelo colombiano, para proteger a periodistas y defensores de los derechos. El mismo es supervisado por el Ministerio del Interior.
El mecanismo para la protección de los periodistas en México ha sido criticado por ser ineficaz, y a algunos periodistas que se les ha concedido protección en virtud del mecanismo todavía siguen haciendo frente a amenazas a su seguridad física. Dicho esto, México es uno de los pocos países de la región que habla de la boca para afuera con relación a la idea de que el Estado deba hacer algo para detener los crímenes violentos contra la prensa. En 2013, en el Centro Knight para el Periodismo en ocasión del décimo Foro de Austin sobre Periodismo en las Américas, Ewald Scharfenberg, el entonces director del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela), dijo que, dada la situación en Venezuela, la idea de que el «Estado crearía estos programas para proteger a los periodistas, a quienes ven como el enemigo» era impensable.
Caso Lydia Cacho ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Los mecanismos internacionales también tienen un papel que desempeñar. En diciembre de 2005, la periodista y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho fue detenida y torturada por la policía, después de escribir un libro sobre redes de pornografía infantil, a las que había vinculado con un empresario local. La policía la arrestó después de que el empresario la acusó de difamación y calumnia. En 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió recomendaciones a los Estados involucrados en su detención y llegó a la conclusión de que había sido torturada y que sus derechos individuales básicos habían sido violados. A pesar de esto, sus secuestradores no han sido llevados ante la justicia.
Este año, mientras aún lucha por justicia, Cacho se convirtió en la primera periodista mexicana y defensora de los derechos humanos en llevar su caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En octubre, con el apoyo de la oficina de ARTICULO 19 para México y Centroamérica, presentó su caso al Comité que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981. A pesar de todos los desafíos a la libertad de expresión y la impunidad sistémica en México, ARTICULO 19 dijo que con Cacho llevando su caso ante la ONU, tenía la esperanza de que un organismo internacional pueda realmente forzar a México a impartir justicia para la periodista.
Honduras aprendiendo de sus vecinos
Sin embargo, el fortalecimiento de las medidas en algunos países puede tener consecuencias no deseadas en otros. Mientras que unos han implementado cambios positivos para tratar de combatir la violencia asociada al narcotráfico, los autores de los crímenes se han trasladado a países con un débil estado de derecho. Sin embargo, esos países tienen la ventaja de ser capaces de construir sus propias leyes, cuando se redactan con el conocimiento de lo que ha funcionado y lo que no en otros países.
En 2012, Honduras inició el proceso de construcción de un programa para la protección de los periodistas y en junio 2014 el congreso aprobó una ley, aún pendiente de aprobación final, para la protección de los periodistas. Se espera que el programa incluya medidas tanto para la protección de los periodistas como para la prevención de delitos contra ellos. Con la inclusión de las medidas preventivas, Honduras contará con un sistema más completo de cómo lo hizo Colombia, y que desde hace mucho tiempo está atrasado. El país está clasificado actualmente en el tercio inferior de los países del mundo (129 de 180) en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), y ha registrado un fuerte aumento de la violencia en los últimos años, mayormente de forma espectacular desde el golpe de Estado en 2009. También es el cuarto país más mortífero para los periodistas en las Américas.
La impunidad sigue siendo prioridad
En octubre de 2014, mientras reflexionaba sobre sus seis años en el cargo, Botero nombró a la violencia y la impunidad como los principales retos de la región. Edison Lanza, el periodista uruguayo que ahora detiene el puesto de Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, conoce bien la responsabilidad que se hereda. Dijo que si bien su oficina tiene el poder de pedir a los Estados que provean a los periodistas en riesgo con medidas para prevenir un daño mayor, su tarea es conseguir que «los Estados tomen posesión de estos mecanismos».
Si bien los mecanismos no han conducido a la erradicación de los delitos violentos o la impunidad, han producido un cambio gradual en la región, con programas para proteger a los periodistas hoy en marcha en Colombia, México, Honduras y Guatemala. Aunque acabar con la impunidad es una prioridad para los grupos de libertad de expresión que trabajan en la región, podrían pasar años antes de que veamos un aumento real en el número de delitos resueltos y un debilitamiento de la cultura de la impunidad. No obstante, el impacto de estas medidas en las Américas en su conjunto es palpable: los casos de larga data se están tomando en serio, los organismos internacionales están presionando a los países para que hagan un cambio, y los gobiernos están aprendiendo los unos de los otros.
Erin Woycik es la editora de IFEX para Las Américas.
