Varios países africanos han aprobado leyes de acceso a la información, pero los retos de la implementación permanecen.
La última década ha sido testigo de un rápido aumento en la adopción de leyes de Acceso a la Información (ATI por su sigla en inglés) en toda África, pasando de una sola ley aprobada en el 2000 a 11 en el 2013. Sin embargo, cada país ha experimentado niveles de implementación diferentes, lo que demuestra la necesidad de una mayor orientación regional.
Sudáfrica tiene la mayor experiencia en la aplicación de legislación ATI en el continente, después de haber pasado la Ley de Promoción del Acceso a la Información en el 2000. De acuerdo con el informe de ejecución 2011/2012, 24.857 solicitudes fueron presentadas a los departamentos del gobierno nacional durante el período. Sudafricanos comunes, a veces con el apoyo de organizaciones como el Centro Asesor de la Democracia Abierta (ODAC por su sigla en inglés), han utilizado la ley ATI para hacer efectivo su derecho a la vivienda, la educación, el agua potable y un medio ambiente limpio.
La aplicación de la legislación ATI en Nigeria, aprobada en 2011, ha sido rápida. En los dos años transcurridos desde su aprobación, los tribunales han desempeñado un papel fundamental en la defensa del derecho de los ciudadanos a la información en casi todos los casos sometidos a su conocimiento; fueron 32 los organismos públicos que presentaron informes sobre su aplicación en el año 2012. Esto debería ser una lección para los países como Uganda, donde ningún organismo público ha informado sobre la aplicación de la ley desde su aprobación en 2005. Mientras tanto, la ley de libertad de la Información (FOI por su sigla en inglés) de Liberia, aprobada en octubre de 2010, no pudo aplicarse plenamente hasta el nombramiento del Comisionado de Información Marcar Bedor-Wla Freeman. En marzo de 2013, el Centro Africano para la libertad de Información (AFIC por su sigla en inglés) se reunió en Monrovia, Liberia, con el Comisionado Freeman, quien reveló que su despacho aún no contaba con los recursos suficientes para supervisar la implementación.
Tres países de habla francesa – Guinea-Conakry, Níger y Túnez – han adoptado leyes ATI. Aunque la aplicación no ha ido más allá de la sensibilización, estas leyes le dieron vigor a campañas en otros países de habla francesa, como Marruecos y República Democrática del Congo que ahora tienen proyectos de ley o Malí y Senegal que cuentan con efervescentes coaliciones de FOI.
La Ley ATI de Etiopía, aprobada en 2010, entró en vigor en enero de 2012. Su órgano de supervisión, la Institución Etíope del Ombudsman (EIO por su sigla en inglés), ha estado preparando legislación complementaria que incluirá un código de prácticas, directrices, manuales y documentos de formación.
Las dificultades para la aplicación de algunas leyes de libertad de información en el continente han sido atribuidas a la falta de conocimiento. Un estudio del Centro Africano para la Libertad de la Información del 2012 realizado en Uganda reveló que el 68 por ciento de los funcionarios públicos entrevistados no eran conscientes de la existencia de la ley ATI en el país. Este mismo estudio, junto a otros, ha también demostrado que los retos para la implementación son más el resultado de la debilidad inherente en muchas leyes en el continente. La ley de Uganda, por ejemplo, no prevé un órgano de supervisión independiente, mientras que la ley de Guinea-Conakry no garantiza el «interés público superior» en la divulgación de las exenciones y la de Angola no tiene ninguna provisión de protección a los informantes.
Estas deficiencias han dado lugar a un nuevo conjunto de iniciativas en el continente destinado a mejorar las leyes existentes o asegurar que las nuevas leyes en el continente sean de mejor calidad. En primer lugar, tenemos la Ley Modelo sobre Acceso a la Información elaborada por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información y adoptada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), en febrero de 2013. Esto no sólo demuestra el compromiso de la Unión Africana (UA) en la promoción del derecho a la información en África, sino que también sirve de guía para el desarrollo de leyes de ATI en el continente.
En segundo lugar, en la Declaración sobre la Plataforma Africana sobre el Acceso a la Información (APAI por su sigla en inglés), adoptada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en septiembre de 2011, se describen 14 principios clave de acceso a la información en África. Estos principios establecen directrices para el desarrollo o modificación de las leyes de libertad de información y sin duda elevan el nivel de la legislación de libertad de información en el continente.
El Centro Africano para la Libertad de la Información (AFIC por su sigla en inglés) y sus miembros, han utilizado la ley modelo y la Declaración APAI para analizar y proporcionar insumos para propuestas de proyectos de ley sobre libertad de la información en Kenia, Zambia y Botsuana. También fueron utilizadas en el análisis de las leyes de ATI en Níger, Guinea-Conakry, Zimbabue y Angola.
Las preocupaciones sobre la seguridad nacional son los motivos más comunes para la denegación de acceso a la información en África. Por esta razón, AFIC es parte de un proyecto internacional para desarrollar principios sobre la seguridad nacional y el derecho a la información para garantizar que los ciudadanos tengan el máximo acceso posible a la información sobre temas de seguridad nacional.
Peter Nsenkeng es Oficial de Programa en el Centro Africano para la Libertad de la Información (AFIC), situado en Kampala, Uganda.
