Activistas, grupos de derechos indígenas y periodistas en Filipinas están en la mira por exponer y criticar la minería y otros abusos contra el medio ambiente durante años
En septiembre 2012, Jordan Manda, un niño de 11 años vestido con su uniforme de niño explorador, fue asesinado a tiros camino a la escuela en una emboscada, por hombres armados en Mindanao, zona rica del suroeste de las Filipinas. Jordan era el hijo de Timuay Locencio Manda, un líder de la comunidad que se opuso al desarrollo de una mina de oro y cobre en la región.
Manda habían estado protestando en contra de la ampliación de las operaciones mineras en Canatuan, Zamboanga del Norte, Mindanao por parte de TVIRD, la filial filipina de una compañía minera con sede en Canadá, TVI Pacific (TVI). Desde el asesinato de su primo en el 2002, estaba liderando un pedido de la comunidad indígena Subanen para la protección de su ancestral dominio sagrado alrededor del monte Canatuan. Durante años, la familia se negó a dar el consentimiento de la comunidad para la explotación de sus tierras ancestrales a diversas empresas mineras.
La policía local había señalado a Manda como un activista minero «ilegal» en un intento por desacreditarlo y silenciarlo, según un testimonio ante un comité parlamentario canadiense. Neri Colmenares, miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas y abogado de derechos humanos, se quejó ante los canadienses, «No sólo hubo otro atentado contra la vida de un activista del medio ambiente, no sólo se trata de otro ejemplo de la represión sobre los pueblos indígenas, sino que en el proceso, se terminó con la vida de un niño inocente.»
La minería, particularmente la minería de oro y cobre en Mindanao, es clave para la estrategia de desarrollo del gobierno. En 2011, Jerry Treñas, miembro del gobierno de Filipinas y presidente del Comité de la Cámara sobre el Buen Gobierno y Responsabilidad Pública, dijo que Mindanao puede tener minerales sin explotar por un valor de entre 840 billones de dólares a 1 trillón de dólares americanos. Afirmó que los minerales de Mindanao «podrían catapultar a toda la nación que pasaría de ser una nación del tercer mundo a una gran potencia económica en Asia.»
El ejército y la policía han negado su implicación en el asesinato de Jordan, y TVIRD lo condenó. Sin embargo, los ataques a defensores del medio ambiente y sus familias – a menudo a manos de las fuerzas de seguridad – no son poco comunes en las Filipinas. En octubre de 2012, soldados del Batallón de Infantería 27 dispararon a la casa del activista indígena Dagil Capion en Cotabato del Sur, un pueblo en el sur de Mindanao. El gobierno había señalado a Capion como un «enemigo del Estado» por sus acciones en contra de las operaciones mineras de otra empresa, Xstrata-SMI. Capion se salvó pero su esposa embarazada y sus dos hijos fueron asesinados.
Durante años, los activistas, grupos de derechos indígenas y periodistas han estado en la mira por exponer y criticar los abusos del medio ambiente. Bajo el anterior gobierno de Gloria Macapagal Arroyo, 36 activistas ambientales fueron asesinados y otros dos fueron desaparecidos, de acuerdo con Kalikasan, una red de grupos ambientalistas y de derechos de las personas de Filipinas.
La situación no cambió mucho bajo el presidente Benigno Aquino que asumió el poder en junio de 2010. Aquino prometió una justicia rápida para las familias de las víctimas. Sin embargo, su programa de reformas sólo sirvió para perpetuar la impunidad e instigar ataques contra los activistas. Según los líderes religiosos y activistas de derechos humanos, el enfoque de Aquino «centrado en las personas» y «toda la nación» para la contrainsurgencia es tan brutal como el «notorio fracaso» del programa de Arroyo. La Alianza de derechos humanos Karapatan notó que: «Todavía hay incidentes de bombardeos y disparos indiscriminados, el uso de escuelas, capillas, centros médicos y otros lugares públicos para fines militares. Las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de las atrocidades cometidas por los militares en sus comunidades».
Siete líderes de la comunidad y de la iglesia que conducen campañas ambientales en Mindanao han reportado acoso constante por parte de agentes militares. Bajo el gobierno de Aquino, los indígenas afirman que al menos 30 pueblos indígenas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que otros tienen cada vez más miedo. Se presentó una queja por estos asesinatos a James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El conflicto en torno a la mina de TVI en Canatuan, que data de hace 20 años, se centra en la afirmación de que se está destruyendo un sitio Subanen sagrado. La destrucción de Canatuan refleja «la absoluta falta de respeto de TVI por las costumbres y tradiciones indígenas», dijo Timuay Jose «Boy» Anoy, líder de una asamblea Subanen local («Timuay» significa «líder» en Subano y Anoy no está relacionado con Manda ). TVI afirma que la montaña no es sagrada, ya que no se encuentra en el inventario de los sitios patrimoniales del Instituto Histórico Nacional.
También existen preocupaciones ambientales. Canatuan ya está gravemente despojada por la tala indiscriminada y no regulada. A pesar de que la presencia de pueblos indígenas en la zona pudo conservar algo de la tierra, la minería a cielo abierto pone en peligro lo que queda del río y del bosque. En agosto de 2012, un mes antes de que su hijo fuera asesinado, Timuay Manda había unido a los obispos católicos y los grupos interesados con el fin de presentar una orden para proteger uno de los tramos restantes de bosque en la Península de Zamboanga. Varias compañías mineras ya habían presentado solicitudes para el desarrollo de dichas áreas.
Según los testimonios de los pobladores ante el Parlamento británico, alrededor del sitio de TVI en el Monte Canatuan, los miembros de la comunidad, incluidos los niños, han desarrollado llagas y erupciones en la piel. Los pescadores locales también le dijeron a una fuente de noticias católica que estuvieron pescando menos peces por la contaminación actual del río («Subanen» significa «gente del río»).
Las comunidades indígenas de las Filipinas tienen una serie de derechos protegidos a nivel nacional e internacional bajo el principio de «consentimiento libre, previo e informado». Las Filipinas, como signatario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, se ha comprometido a promover este principio en el derecho interno. Junto con su derecho a expresarse pacíficamente, las comunidades tienen derecho a decir «sí» o «no» a los acontecimientos que afectan directamente sus vidas y medios de subsistencia. Entonces, ¿cómo TVI, junto con los gobiernos de Filipinas y Canadá, pueden suprimir estos derechos y tapar la información general de los acontecimientos en torno a Canatuan?
A menudo, el gobierno filipino vinculó explícita o implícitamente el activismo con el terrorismo, y lo suprimió a través de medidas antiterroristas. Se supo que para proteger, de los insurgentes, a las oficinas gubernamentales e inversiones estratégicas, el gobierno contrató milicias privadas, como las unidades del Auxiliar Especial Civil Armado (SCAA por su sigla en inglés). En virtud de la Orden Ejecutiva 546, Arroyo había autorizado las unidades paramilitares como «multiplicadores de fuerza» en las operaciones contra la insurgencia. El alza de los asesinatos de activistas ambientales en 2005-2006 coincidió con el pico del programa de Arroyo contra la insurgencia.
Aquino, por su parte, se comprometió a «neutralizar» estos grupos y revocar la orden, pero según Human Rights Watch, no tomó ninguna medida para desmantelar los grupos paramilitares. De hecho, el año pasado, Aquino emitió otra orden que permite el uso de grupos paramilitares por parte de empresas transnacionales para proteger sus operaciones. Según el testimonio dado por las ONG locales, nueve periodistas y dos defensores de derechos humanos fueron hostigados en julio de 2012 por la milicia privada contratada por TVIRD mientras intentaban verificar informes sobre la demolición de casas cerca de un sitio en expansión. A finales de 2012, Karapatan documentó 137 casos de ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Aquino.
Las empresas mineras usaron también otras tácticas. TVI amenazó a los partidarios de la comunidad con acciones legales por informar sobre el conflicto. La ONG canadiense Mining Watch recibió cartas de amenazas de los abogados de TVI basados en Toronto.
Los medios sociales también son objeto de escrutinio. En noviembre pasado, en la provincia de Cagayan, un activista contra la minería de 62 años, fue arrestado por condenar en Facebook a un alcalde local que acosaba a los líderes comunitarios que planeaban una protesta contra la minería.
Los líderes de iglesia filipinos están pidiendo una reforma del Código de Minería – la legislación que liberaliza el sector de la minería, provocando una oleada de inversión y control extranjero, incluyendo las inversiones de TVI. Afirman que Canadá tenía mucha influencia sobre el código. El gobierno canadiense, por su parte, defendió vigorosamente a TVI a través de su embajada en Manila, diciéndole tanto al gobierno filipino como a los líderes de la iglesia filipina que TVI es una minera responsable, a pesar de los graves abusos denunciados contra la empresa.
Según el Centro para la Libertad y Responsabilidad de los Medios, las preocupaciones de los habitantes de Mindanao no se trasladan a los noticieros. Los temas mineros y ambientales llaman poco la atención, y las medidas adoptadas contra los medios de comunicación y la comunidad por grupos como la SCAA y TVI, prácticamente imposibilitan el reportaje. Los grupos comunitarios no logran ser escuchados, especialmente cuando su futuro está en juego. Y se pisotean sus derechos más fácilmente – a veces con consecuencias trágicas.
Volviendo a Canatuan, un niño de 11 años murió. Manda tuvo que trasladar a su esposa y otros dos hijos de su tierra ancestral a un lugar más seguro. «Para aclarar las cosas, yo no estoy en contra de la minería», dijo Manda. «Le estoy pidiendo a los que están haciendo minería y a los que están planeando hacerlo en nuestras tierras ancestrales sin documentos válidos o legales, que paren ya. Sólo traen problemas a nuestra comunidad pacífica y destrucción a nuestro medio ambiente».
John Lewis es un defensor de los derechos humanos y educador basado en Toronto.
