Una decisión de la Corte Suprema ha declarado constitucional una ley de medios de 2009, lo que significa que el conglomerado de medios de comunicación Grupo Clarín debe desprenderse de una gran parte de sus inversiones.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada por el Congreso Nacional en 2009, pero que aún no había entrado en vigor, ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema de Argentina. Esta última decisión fue el resultado de una apelación por el conglomerado de medios independiente Grupo Clarín, y significa que debe finalmente desprenderse de una gran parte de sus activos de medios para cumplir con las regulaciones sobre concentración de medios que están presentes en la ley. La decisión del 29 de octubre 2013 pone fin a una batalla legal de cinco años de duración entre el gobierno federal y Clarín. Hace casi un año los intentos de apelación de Clarín fueron bloqueados por el Ministerio de Justicia.
Desde 2009, Clarín ha sido capaz de posponer la desinversión en cualquiera de sus activos, tal como lo había hecho con un interdicto que expiró a principios de diciembre de 2012. Si no hubiera sido por la última apelación de Clarín, la ley, en su totalidad, se habría aplicado al grupo el año pasado, dice Reporteros sin Fronteras (RSF). RSF dijo que apoyan los principios generales de la ley y creen que «su aplicación será un gran paso adelante para el pluralismo en la Argentina y la región», al tiempo que advirtió que la Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el nuevo organismo que fue creado por la ley, debe funcionar de manera independiente del gobierno para que las mejoras puedan realizarse.
El artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual limita la propiedad de las empresas a 24 licencias de televisión por cable, más 10 licencias de frecuencia de radio o televisión de abierta. Clarín, en el último recuento, poseía 240 emisoras de televisión por cable, 10 estaciones de radio y cuatro canales de televisión, además del diario Clarín. La apelación de Clarín se basó en afirmaciones de que ciertos artículos, incluyendo los números 45 y 161 (que incluye los procedimientos de desinversión de activos), podrían perjudicar la rentabilidad de la empresa, pero el tribunal decidió que Clarín no había proporcionado suficiente información para respaldar esta denuncia.
Un artículo de Eleonora Rabinovich, Directora del Área de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), dice que el tribunal también determinó que Clarín no pudo probar que los artículos controvertidos violan su libertad de expresión. Parte de este argumento se basaba en el concepto de un derecho colectivo a la libertad de expresión, por lo que el Estado puede intervenir para garantizar un ambiente de pluralidad e información equilibrada. La preocupación había sido que mediante la imposición de la ley sobre Clarín, el gobierno estaría interfiriendo con su capacidad de presentar información y su derecho a la libertad de expresión.
El tribunal también dijo que cualquier panorama de medios que desea defender la pluralidad necesita una política transparente y no discriminatoria para la distribución de los contratos de publicidad oficial (del gobierno). Esto es importante porque, como señala la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el gobierno ha tratado de castigar a la prensa independiente y crítica mediante la concesión arbitraria de estos lucrativos contratos, y al presionar a las empresas privadas a «suspender la publicidad de los medios de comunicación que no estén en favor del gobierno».
La lucha en curso entre el Gobierno y Clarín ha llamado la atención sobre la cuestión de la concentración de medios, y también ha puesto de manifiesto un cierto prejuicio contra el grupo de medios por parte del gobierno. Aunque la reducción de la concentración de los medios de comunicación puede ser una buena cosa para la pluralidad de medios y el acceso del público a diferentes puntos de vista, cuando es defendida por un gobierno cuyos funcionarios, entre ellos el presidente Kirchner, «han sido vistos sosteniendo globos, pancartas y pegotines con la frase ‘Clarín miente’ en reuniones oficiales«, los motivos detrás de la decisión de la ley de medios pueden ser cuestionados.
Esta sentencia de la Corte Suprema puede haber sido la más esperada en la comunidad de derecho de medios del país, pero al mismo tiempo siguen existiendo tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación independientes. Esto no es el final de la historia. Clarín ya ha agotado sus opciones de apelación dentro del país, pero hay informes de que el grupo está considerando la posibilidad de apelar el caso a nivel internacional.
