En un intento por ocultar la violencia destructiva de las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 12 de febrero de 2014, el gobierno de Maduro amenazó los medios de comunicación que se atrevan a desviarse de la línea oficial, sacando del aire al menos a uno de ellos.
Un día después de las protestas pacíficas que le pedían al gobierno que le permita a los periódicos importar papel de diario, llegó la violencia encendida por las manifestaciones contra el gobierno del presidente de Venezuela, Maduro. Las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en todo el país el 12 de febrero terminaron con tres manifestantes muertos y al menos otros 60 heridos. Según un informe de Human Rights Watch, las protestas habían sido organizadas en respuesta a la detención de estudiantes durante marchas anteriores.
El miembro local de IFEX, Espacio Público, informó que además de las muertes y la escalada de violencia, los manifestantes fueron también detenidos y algunos materiales de los periodistas fueron confiscados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Caracas dos personas murieron en una multitud que se había reunido cerca de la oficina del Fiscal. El tercer manifestante murió más tarde ese mismo día en Chacao.
Como resultado, el gobierno culpó a la oposición de la muerte y la destrucción. El 12 de febrero, un juez emitió una orden de arresto contra el líder opositor Leopoldo López, acusándolo de «causar graves lesiones, intimidación pública, la quema de un edificio público, y daños a la propiedad pública», según informó Human Rights Watch.
El 13 de febrero en su programa de radio y televisión nacional “cadena”, el presidente Maduro le dijo al país que las protestas tenían un objetivo, y que era “destruir a Venezuela para apoderarse de nuestra patria, quitarnos los recursos naturales y destruir esta hermosa experiencia de revolución socialista en paz y en democracia”.
Los medios han estado atrapados en el fuego cruzado, en sentido literal, como en el caso del camarógrafo Jilfredo Alejandro Barrada, que recibió un disparo en la pierna en Mérida, y legalmente, con las autoridades amenazando con iniciar acciones contra los medios que reporten la violencia. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS-Venezuela) informó que el 11 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), advirtió a la prensa que al hacerlo violarían el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte), que prohíbe la difusión de mensajes de odio, violencia y alteración del orden público.
CONATEL utilizó el artículo 27 en el pasado para castigar al ex canal opositor Globovisión después de que sacara al aire en enero de 2013 una cobertura que ponía en tela de juicio la interpretación de las normas sobre la toma de posesión del presidente electo. En ese momento, Hugo Chávez fue sometido a un tratamiento en Cuba para el cáncer del que luego sucumbiría en marzo de 2013.
Las emisoras del Estado y aquellas aliadas al gobierno ignoraron las protestas y transmitieron programas de entretenimiento en su lugar.
No contento con sólo silenciar los medios en Venezuela, el gobierno sacó del aire a NTN24, una estación de noticias de Colombia, después de que la estación hiciera una cobertura de las protestas contra el gobierno. Una declaración del Comité de Protección de Periodistas dice que NTN24 supo que ya no estaría al aire en Venezuela después de que CONATEL ordenara a los dos proveedores de cable que cuentan con NTN24, DirecTV y Movistar, que detuvieran la transmisión. Según Espacio Público, Maduro asumió la responsabilidad de la medida, y agregó que el Estado seguirá defendiendo «el derecho a la paz en Venezuela», siendo esto quizás una advertencia a otros medios críticos de su administración.
El presidente llamó a sus seguidores a marchar «por la paz y contra el fascismo», el 15 de febrero, por lo que las tensiones siguen siendo importantes. Dos días después de las protestas, los grupos de derechos empezaron a pedir una investigación sobre la violencia y llamaron al fin de la censura de Maduro sobre los medios que van en contra de la línea oficial.
