A la luz de la creciente amenaza de grupos extremistas como ISIS, los gobiernos de todo el Oriente Medio y el Norte de África le están prometiendo a sus ciudadanos estabilidad y seguridad - pero esto no es gratuito.
En Egipto, Sabreen Mangoud aún espera que se haga justicia.
Su hija, de 26 años de edad, la reportera Habiba Abd al-Aziz, fue asesinada durante la brutal dispersión, por parte del ejército, de un campamento de partidarios de la Hermandad Musulmana en agosto de 2013. Se encuentran en la misma situación los amigos y las familias de más de 1.150 egipcios que murieron en cinco incidentes separados, desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi, en los que se asesinaron manifestantes. Ya ha pasado más de un año desde que ocurrieron estos hechos y ni un solo agente de la policía u oficial militar ha tenido que rendir cuentas por el uso intencional de fuerza excesiva.
En Bahréin, donde la gente se ha abalanzado a las calles todas las noches durante los últimos cuatro años, un oficial de policía que le dispara y mata a un manifestante desarmado a quemarropa o que golpea y tortura un detenido a muerte, podría enfrentar una pena de seis meses, o tal vez dos años. Por el contrario, el hecho de expresar pacíficamente su oposición al status quo puede resultar en una prisión a vida.
En Túnez, uno de los mayores obstáculos para una transición democrática exitosa es un sector de la seguridad que aún se comporta más o menos de la misma forma que durante el gobierno autoritario de 23 años del ex presidente Ben Ali. Una y otra vez desde la revolución, los policías han utilizado una fuerza brutal contra los manifestantes pacíficos.
El hilo conductor de estos eventos: todas las violaciones fueron cometidas en nombre de la seguridad nacional.
Amenaza de terrorismo como excusa para la represión de los derechos
Los gobiernos de la región han considerado a sus ciudadanos como amenazas a la seguridad nacional desde hace décadas, con una impunidad casi total. Lo que ofrecieron las revueltas árabes de 2011 fue una oportunidad para hacer que los autores de crímenes rindan cuentas y para reformar los sectores de seguridad en toda la región. Sin embargo en su lugar, el vacío de poder ha permitido el surgimiento de grupos terroristas tales como ISIS, el Frente Al-Nusra en Siria, y los Ansar Beit al-Maqdis basados en el Sinaí.
La amenaza de estos grupos es real, pero las contramedidas adoptadas por los gobiernos en el Medio Oriente y África del Norte parecen estar destinadas a los disidentes y activistas. Están usando la amenaza del terrorismo para violar los derechos de sus ciudadanos, con pocas o ninguna consecuencia. Y los ciudadanos los han respaldado, con excepción de los que aún se atreven a soñar con «pan, libertad y justicia social», creyendo que es la única forma de lograr una mayor seguridad y estabilidad. Pero hay quienes cuestionan en qué medida el uso de la fuerza y la represión de la resistencia pacífica son herramientas eficaces para combatir el terrorismo.
«Es responsabilidad de los gobiernos el garantizar la seguridad y la estabilidad», dijo Rawda Ahmed, un abogado de Derechos Humanos y director ejecutivo adjunto de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, señalando que un ciudadano no debe renunciar a sus derechos o cambiar sus libertades políticas por una promesa de mayor seguridad.
Como dijo Maha Yahya, del Middle East Centre at global think tank Carnegie, a euronews en julio pasado, «la expansión de la represión de los derechos fundamentales pasa por alto el hecho de que la seguridad y la estabilidad no pueden alcanzarse en ausencia de la libertad.»
Defensores de los Derechos Humanos tratados como “traidores y espías”
Considerando cómo los medios de comunicación privados y patrocinados por el Estado han estado vendiendo la línea del gobierno, no es de extrañar que el público en general crea que sólo sus generales se interponen entre ellos y los yihadistas, y que la única forma de detener la violencia es con más violencia.
En cierto modo, esto ha tornado más difícil el trabajo de los grupos de la sociedad civil que durante los 30 años de gobierno de Hosni Mubarak. «Después de la revolución [2011], la gente solía respetarnos», dijo Ahmed cuando se le preguntó acerca de su trabajo como abogado de derechos en Egipto bajo el presidente Abdel Fattah el-Sisi. «Ahora, los medios nos presentan como traidores y espías.»
El desprestigio de la sociedad civil en Egipto y en el resto de la región ha significado que los grupos de Derechos Humanos han tenido que centrarse en luchar por su propia existencia.
Mientras tanto, la impunidad sigue creciendo: El 29 de noviembre de 2014, Mubarak fue absuelto de todos los cargos de conspiración en el asesinato de más de 846 manifestantes durante el levantamiento de tres semanas que le quitó el puesto. La madre de Habiba Abdel Aziz y los familiares de otras personas asesinadas por las fuerzas de seguridad durante y después de la expulsión de Mohammed Morsi siguen esperando que se haga justicia. En Bahréin, un funcionario de alto rango de seguridad acusado de tortura – y posteriormente absuelto por un poder judicial que no es independiente ni imparcial – fue agradecido por el Primer Ministro por su «trabajo» y «paciencia». Y en Túnez, los asesinos de los dirigentes de la oposición Chokri Belaid y Mohamed Brahmi (que se fue considerado ampliamente como un asesinato a manos de extremistas religiosos) siguen en libertad con un sistema judicial que se queda de brazos cruzados.
Aplicar mano dura fomenta la inestabilidad, no termina con ella
¿Y la promesa de las autoridades de que renunciar a la libertad resultará en mayor seguridad? Irónicamente, la impunidad y la represión continua de los Derechos Humanos y de las organizaciones de la sociedad civil por parte de regímenes políticos opresivos son al menos uno de los factores que fomentan las respuestas extremistas y perpetúan la inestabilidad. En su artículo para el Daily News Egypt titulado «Estamos perdiendo la guerra contra el terror», el periodista independiente y bloguero Wael Eskandar escribió, «Cada día que la injusticia no es desalentada, o que la misma es infligida por el Estado, el contexto se torna más propicio para las reacciones radicalizadas “. Finalmente, el hecho de restringir los derechos solo genera más equivocaciones.
Un manifestant pacifique offre une fleur à un officier de police lors d’une manifestation survenue le 13 mars 2011 à Bahreïn Ammar Abdulrasool / http://instagram.com/aarali
Des manifestants tunisiens affrontent la police antiémeute pendant une manifestation, le 6 février 2013, à l’extérieur de l’immeuble abritant le ministère de l’Intérieur à Tunis, après le décès de Chokri Belaid, un dirigeant de l’opposition tunisienne REUTERS/Anis Mili
