En el Informe Mundial 2015, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países.
Este artículo fue publicado originalmente en hrw.org el 30 de enero de 2015.
Los gobiernos se equivocan de manera garrafal cuando ignoran los derechos humanos para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad, indicó hoy Human Rights Watch al difundir su informe mundial anual.
En el Informe Mundial 2015 de 644 páginas, su 25.º edición anual, Human Rights Watch examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En el ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth alerta sobre el efecto contraproducente de abordar los derechos humanos cerrando filas en forma defensiva, como lo han hecho numerosos gobiernos a lo largo de este último y agitado año.
“Las violaciones de derechos humanos fueron determinantes para propiciar o agudizar muchas de las crisis de hoy”, observó Roth. “Proteger los derechos humanos y asegurar la rendición de cuentas democrática son condiciones clave para superar estos contextos de crisis”.
La aparición del grupo extremista Estado Islámico (denominado también ISIS) es uno de los desafíos globales que han provocado la subordinación de los derechos humanos, indicó Human Rights Watch. Sin embargo, no es cierto que ISIS haya surgido de la nada. Además del problema de seguridad que dejó la invasión estadounidense en Irak, las políticas sectarias y abusivas de los gobiernos de Irak y Siria y la indiferencia internacional al respecto han sido factores determinantes en la propagación de ISIS.
Si bien el primer ministro Haider Al-Abadi de Irak se ha comprometido a posibilitar una forma de gobierno más inclusiva, las autoridades todavía dependen principalmente de las milicias chiitas, que comenten matanzas y limpiezas étnicas impunemente contra civiles suníes. Las fuerzas gubernamentales también atacan a civiles y zonas pobladas. Reformar un poder judicial sumido en la corrupción y el abuso, y poner fin al régimen sectario para que los suníes sientan que hay lugar para ellos en Irak, será al menos tan importante como las acciones militares para detener las atrocidades de ISIS, pero hasta el momento Al-Abadi no ha implementado estas reformas esenciales.
En Siria, las fuerzas del presidente Bashar Al-Assad han atacado a civiles de manera deliberada y con saña, en zonas controladas por la oposición. El uso de armas indiscriminadas —principalmente bombas de barril— ha provocado que las condiciones de vida sean prácticamente intolerables para los civiles.
No obstante, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en general se ha mantenido al margen, dado que Rusia y China aplican su poder de veto para frenar los esfuerzos concertados que detengan esta matanza. Estados Unidos y sus aliados han permitido que su intervención militar contra ISIS opaque los esfuerzos para que Damasco desista de cometer abusos. Esta prioridad selectiva permite que quienes reclutan miembros para ISIS se muestren ante potenciales colaboradores como la única fuerza dispuesta a hacer frente a las atrocidades de Assad.
También se observa una dinámica similar en Nigeria, donde los problemas de derechos humanos son un eje central del conflicto. Las milicias islamistas Boko Haram llevan a cabo ataques contra civiles y fuerzas de seguridad de Nigeria, y detonan explosivos en mercados, mezquitas y escuelas, a la vez que secuestran a cientos de niñas y mujeres jóvenes. El Ejército de Nigeria a menudo ha respondido de manera abusiva, y ha efectuado redadas contra cientos de hombres y niños que supuestamente apoyan a Boko Haram, quienes han sido detenidos, abusados e incluso asesinados. Sin embargo, para conseguir la adhesión de la población civil será necesario que el gobierno investigue de manera transparente los presuntos abusos cometidos por el Ejército y castigue a los agresores.
Esta tendencia a ignorar los derechos humanos ante adversidades en materia de seguridad fue un problema que también imperó el año pasado en Estados Unidos. Una comisión del Senado de EE. UU. publicó un resumen —fuertemente incriminatorio— de un informe sobre torturas de la CIA, pero si bien el presidente Barack Obama ha repudiado las torturas practicadas por fuerzas a su mando, se ha negado a investigar, y mucho menos a juzgar, a quienes ordenaron las torturas que se describen en el informe del Senado. La renuncia a esta obligación, que le corresponde legalmente, incrementa la probabilidad de que futuros presidentes consideren que la tortura es una opción política, en vez de un delito. Esta inacción también menoscaba considerablemente la capacidad del gobierno de EE. UU. de ejercer presión sobre otros países para que juzguen a quienes cometen torturas en sus respectivos territorios, aseveró Human Rights Watch.
Son demasiados los países, como Kenia, Egipto y China, donde gobiernos y fuerzas de seguridad han respondido a amenazas de terrorismo concretas o aparentes empleando políticas abusivas que finalmente provocan que se desaten crisis, manifestó Human Rights Watch. En Egipto, el aplastamiento de los Hermanos Musulmanes por el gobierno trasmite una señal absolutamente contraproducente de que si las vertientes políticas islamistas intentan ganar poder a través de los comicios, serán reprimidas sin que se alcen voces de protesta, lo cual podría favorecer otras estrategias violentas. En Francia, existe el riesgo de que la respuesta gubernamental a los ataques contra Charlie Hebdo, que propone la aplicación de leyes antiterroristas para juzgar expresiones que no incitan a la violencia, tengan un efecto amedrentador para la libertad de expresión y alienten a otros gobiernos a emplear tales normas para silenciar a sus críticos.
Responder a problemas de seguridad exige no solo contener a ciertos individuos peligrosos, sino además reconstruir la estructura moral que sustenta el ordenamiento social y político, señaló Human Rights Watch.
“Algunos gobiernos cometen la equivocación de considerar que los derechos humanos son un lujo que solamente puede permitirse en épocas menos conflictivas, en vez de un parámetro de referencia esencial para la acción política”, indicó Roth. “En lugar de considerar a los derechos humanos como restricciones irritantes, sería más positivo que los responsables de políticas en todo el mundo reconozcan su valor como parámetros morales para salir de situaciones de crisis y caos”.
