Los titulares están llenos de noticias sobre defensores de los derechos humanos que son encarcelados, torturados o ejecutados. De lo que no se oye hablar frecuentemente es de las formas menores pero persistentes y generalizadas de acoso que pueden hacer mella a la libertad de un individuo, sobre su espíritu y su capacidad de hacer su trabajo.
Tortura. Desapariciones forzadas. Prisión. Al conocer los ataques a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, estos son los tipos de incidentes que llegan a las noticias. De lo que rara vez oímos hablar es del constante acoso del gobierno al que muchos activistas son sometidos a largo plazo y que les afecta tanto psicológicamente como profesionalmente. Esto no cautiva la atención suficientemente como para llegar a los titulares.
Los gobiernos de todo el mundo utilizan diversas formas de represión para silenciar a los defensores de derechos humanos, y justifican sus acciones de mil maneras. Prohibición para viajar, acoso judicial, cuestionamientos, campañas de difamación, vigilancia, y la intimidación son sólo algunas de las tácticas que vuelan por debajo del radar de la comunidad internacional.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Frontline Defenders, el acoso judicial es una de las estrategias más utilizadas en todo el mundo, el uso de prohibiciones para viajar va en aumento, y las citaciones a comparecer para ser interrogado ante la policía son utilizadas para crear un clima de miedo en la comunidad de los derechos humanos.
En los casos de acoso judicial, los defensores de los derechos se someten a largos procedimientos desarrollados a lo largo de varios meses e incluso años. Incluso cuando finalmente son absueltos de los cargos que muy seguido se fabrican contra ellos, el acoso judicial desvía el tiempo, energía y recursos de su trabajo por los derechos humanos. Cada audiencia indebidamente pospuesta le quita el impulso a las campañas internacionales de solidaridad destinadas a mantener la difícil situación de los individuos en el ojo público.
Las prohibiciones para viajar, a menudo impuestas sin procedimientos legales anteriores, se utilizan para que los defensores no puedan entregar sus mensajes a los organismos internacionales que importan. Mediante la eliminación de su libertad de movimiento, convierten efectivamente a los individuos en prisioneros, sólo que en este caso se trata de una prisión más grande.
Los cuestionamientos y los interrogatorios son tácticas que preceden el acoso judicial y que se utilizan para mantener a los defensores de derechos humanos constantemente en estado de alerta, para que sean conscientes de que están siendo observados y presionarlos para llevarlos a la autocensura.
Todas estas tácticas se han utilizado contra los trabajadores de los derechos humanos en la red IFEX: una red global dedicada a la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión.
Al momento de escribir este artículo, al menos tres miembros de la red están siendo sometidos a restricciones que ponen un enorme estrés en sus vidas personales y profesionales: Gamal Eid, director ejecutivo de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI) en Egipto, Erol Önderoglu, periodista y activista de la libertad de expresión en la Fundación de Comunicaciones de IPS – Bianet en Turquía, y Nabeel Rajab, el Director preso del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos.
Los tres han sido atacados a través del sistema judicial, un sistema destinado a proteger los derechos de todas las personas y que sin embargo ha sido acusado de prejuicios, parcialidad y falta de independencia en cada uno de sus respectivos países: Egipto, Turquía y Bahréin. Son nuestros colegas. Sus historias pueden leerse como ejemplos del tipo de acoso «legal» al que miles de otros defensores de los derechos humanos son sometidos en todo el mundo.
Egipto: activos congelados… y también vidas
Además de dirigir a ANHRI, Gamal Eid es un destacado abogado de derechos humanos en Egipto. Ha sido perseguido constantemente por un régimen determinado en amordazar las últimas voces independientes que quedan en el país.
Como parte de una amplia ofensiva contra la sociedad civil que ha tenido lugar desde 2014, Eid, junto con otros varios destacados defensores de los derechos humanos, ha sido acusado de aceptar ilegalmente fondos extranjeros, un cargo que, a raíz de una enmienda al código penal de Egipto en 2014, puede llevar a una pena de cadena perpetua.
Eid y los otros acusados están en espera de un veredicto sobre si sus activos, y en el caso de Eid, las cuentas bancarias de su esposa e hija, serán congelados.
«La ausencia del Estado de Derecho en Egipto me pone ansioso y preocupado por cada audiencia subsiguiente», dijo Gamal Eid. «El gobierno y el régimen están tomando venganza sobre nosotros usando tácticas tan depravadas que no tenemos ninguna experiencia en tratar con las mismas.»
Desde el 20 de abril, su audiencia en la corte se ha pospuesto tres veces, obligando a los demandados a preocuparse por sus inminentes problemas financieros, lo que constituye un castigo en si mismo.
»En cada momento espero lo peor», dijo Eid, «pero no se sabe muy bien lo que debería estar haciendo, qué arreglos debo hacer.»
El caso de financiación extranjera se remonta a 2011, cuando 43 trabajadores de ONGs extranjeras fueron acusados de operar una organización y recibir fondos de un gobierno extranjero sin licencia. En junio de 2013, todos ellos fueron condenados de uno a cinco años de prisión, muchos de ellos en ausencia.
Aunque los empleados en los grupos locales de la sociedad civil implicados en las investigaciones no fueron condenados en el caso de 2013, no estaba claro si podrían ser llevados a juicio en una fecha posterior. Mohamed Zaree, jefe del programa de Egipto en el Instituto de El Cairo para Estudios de los Derechos Humanos, un miembro de IFEX y una de las organizaciones implicadas en el caso, describió a Mada Masr la inminente amenaza planteada por el procedimiento desde 2011 como una «espada sobre el cuello».
En una declaración conjunta firmada por las organizaciones internacionales que piden a las autoridades egipcias poner fin a la represión, Zaree fue citado diciendo: «El objetivo del gobierno con el caso de la financiación extranjera no es sólo eliminar a la sociedad civil de hoy, sino asegurarse de que no podremos construirla incluso dentro de diez años».
Desde que Abdel Fattah El-Sisi llegó al poder en 2013, tanto Eid como Zaree, ávidos viajeros y participantes frecuentes en los foros y conferencias internacionales, se encuentran entre las cerca de 500 personas – en su mayoría activistas, abogados y periodistas – a las que se les ha prohibido viajar, que han sido detenidos temporalmente en los aeropuertos de Egipto, o han sido deportados.
Además del estrés y la incertidumbre bajo la que se encuentran los activistas, la mayoría de las personas sometidas a restricciones de viajes sólo se enteran de ello al intentar abordar un vuelo. Eid describió como se sorprendió al enterarse de esa situación al intentar abordar un vuelo a Atenas, Grecia el 4 de febrero de 2016.
«Sentí tanta rabia no sólo porque me habían prohibido viajar, sino también porque la decisión fue tomada sin una investigación, sin mi conocimiento. Sentía que se trataba obviamente de una venganza, y que la misma no respetaba al Estado de derecho».
Turquía: la larga sombra de Erdogan
Erol Önderoglu es un periodista y activista de la libertad de expresión que nació en Estambul, Turquía. A lo largo de su carrera, Önderoglu se ha comprometido a apoyar a colegas periodistas y a defender la libertad de expresión.
En una entrevista con Protección Internacional, observó: «Cuando los periodistas hablan de problemas – el desempleo de la minoría Alevi, por ejemplo – o la discriminación que sufre esta comunidad, deberían estar protegidos por las leyes, pero en realidad no lo están. Estos periodistas son responsables hasta la cárcel, mientras que los círculos nacionalistas se permiten establecer otros grupos de la población contra las minorías, como los kurdos, los armenios, [y] los griegos … «
El 20 de junio de 2016, las autoridades turcas detuvieron a Önderoglu, junto con el médico forense y jefe de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía Sebnem Korur Fincani y el periodista y escritor Ahmet Nesin. Fueron acusados de «propaganda terrorista» por participar en una campaña solidaria en la que periodistas y activistas han estado tomando turnos actuando como co-editores del diario kurdo Özgür Gündem para protestar por su acoso persistente por parte de las autoridades judiciales. Fue liberado, en espera de juicio, después de 10 días.
Dos semanas después de su liberación, un fallido golpe militar permitió al presidente turco Recep Erdogan y su partido sumergir el país en un autoritarismo descarado y tres meses de estado de emergencia.
Es comprensible que los temores de Önderoglu con respecto a su juicio – programado para comenzar el 8 de noviembre 2016 – y si tendría un juicio justo, se han intensificado ya que los propios principios de los derechos humanos en Turquía están en grave peligro.
Según Amnistía Internacional, al 28 de julio, desde el golpe, más de 15.000 personas fueron detenidas, más de 45.000 personas fueron suspendidas de sus puestos de trabajo, cerraron 131 medios de comunicación y editoriales y más de 40 periodistas fueron detenidos, 2745 jueces fueron removidos de sus puestos de trabajo, 2.167 personas fueron encarceladas, y se le impidió a todos los académicos salir del país.
En su declaración, la organización, dijo: «Estamos actualmente asistiendo a una ofensiva de proporciones excepcionales en Turquía.»
Este es el ambiente actual en el que Önderoglu está esperando su juicio.
Bahréin: El miedo a la atención extranjera
En el año 2000, Nabeel Rajab fundó la Sociedad de Derechos Humanos de Bahréin, una de las primeras organizaciones de derechos humanos en la isla. Desde entonces, ha ayudado a fundar y manejar otros dos grupos respetados e independientes de la sociedad civil: el Centro de Bahréin para los Derechos Humanos y el Centro del Golfo para los Derechos Humanos. Ambos grupos son miembros de la red IFEX.
En Bahréin, como en Egipto, la represión sistémica de las voces independientes y organizaciones de la sociedad civil es cada vez mayor. Rajab, que ha sido sometido a casi todas las tácticas represivas existentes, se encuentra hoy en prisión a la espera de un veredicto en un juicio por motivos políticos que se ha aplazado en repetidas ocasiones. Fue acusado de insultar a una institución pública y al ejército en un tuit que publicó en septiembre de 2015.
Después del previo periodo de dos años que Rajab pasó en la cárcel y que finalizó en mayo de 2014, el prominente defensor de los derechos pasó tres meses presionando a los gobiernos europeos para que apoyen la lucha por los derechos humanos y la justicia en Bahréin. Unos meses más tarde, y más de un año antes de su más reciente arresto, se le prohibió viajar.
«No fue el tuit que les molestó», le dijo a Al-Araby Al-Jadeed en una entrevista. «Esa fue la excusa. Ellos querían detener mi trabajo internacional. Querían silenciarme e impedirme viajar al extranjero».
Las prohibiciones de viajar son usadas cada vez más frecuentemente como una forma de represalia contra los defensores de derechos humanos y activistas de la oposición en Bahréin. Más recientemente, el gobierno impidió que viajaran 10 defensores de los derechos a Ginebra para el Consejo de Derechos Humanos, donde planeaban realizar intervenciones ante la ONU en relación con el estado actual de las cosas en su país de origen.
Rajab está siendo sometido a presiones más extremas. Mientras su salud se deteriora, se encuentra en régimen de aislamiento esperando noticias sobre su destino.
Las cicatrices que pasan desapercibidas
En muchas partes del mundo, los defensores de derechos humanos – hombres y mujeres dedicados a llevar a toda costa el derecho y el respeto de los derechos humanos a sus comunidades – están bajo una mira persistente, sujetos a un acoso desmoralizante y paralizador por parte de sus propios gobiernos.
Cuando leemos los titulares de un veredicto final, «activista bahreiní condenado a cadena perpetua», «corte egipcia condena a 43 empleados de una ONG», o «la absolución de un defensor de los derechos humanos y de otras 16 personas», rara vez somos conscientes de los meses o años de acoso sufridos por estas personas antes de llegar a ser noticia. Se trata de hombres y mujeres que han resistido una represión constante y en aumento, conscientes de las posibles consecuencias a las que se sometían pero sin estar dispuestos a renunciar.
Cuando se le preguntó si las tácticas utilizadas contra él están afectando su capacidad de hacer su trabajo, Eid respondió, «Mientras estemos fuera de la cárcel seguiremos defendiendo lo que creemos ser correcto y justo; la libertad de expresión y el Estado de derecho «.
Gamal EidHossam el-Hamalawy/ Flickr
Sentía que se trataba obviamente de una venganza, y que la misma no respetaba al Estado de derecho
Erol ÖnderogluRSF/Erol Önderoglu
Nabeel RajabREUTERS/Hamad Mohammed/Foto de archivo
