Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en Europa y Asia Central, según informes de los miembros de IFEX.
Turquía: periodistas de «Cumhuyiret» enjuiciados, defensores de derechos humanos detenidos
En julio se cumplió un año del estado de emergencia de Turquía (declarado inmediatamente después del fracasado golpe del año pasado), que ha provocado la detención de más de 50.000 personas y una represión masiva de las voces independientes. Actualmente, hay más de 160 periodistas en la cárcel; entre los que se encuentran algunos de los 17 empleados de Cumhuyiret (principalmente periodistas) cuyo juicio comenzó el 24 de julio bajo absurdas acusaciones de apoyar el terrorismo a través de su trabajo en el periódico: si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta 43 años de cárcel.
Al comienzo del juicio, 11 de los acusados estaban detenidos y seis estaban en libertad; El 28 de julio, al final de la primera fase del proceso, el tribunal dictaminó que siete de los 11 podrían ser liberados (en espera de juicio), pero que cuatro permanecerían en la cárcel: se trata de Murat Sabuncu, Kadri Gursel, Ahmet Sik y Akin Atalay. La próxima audiencia tendrá lugar en septiembre.
El juicio fue observado y/o condenado por miembros de IFEX, incluyendo ARTÍCULO 19, Cartoonists Rights Network International, Human Rights Watch, Índice de la Censura, el Instituto Internacional de Prensa (IPI), International Publishers Association (IPA), PEN Noruega, PEN Internacional, PEN Canadá, Reporteros sin Fronteras, la Plataforma P24 para el Periodismo Independiente y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Los miembros de IFEX y otros observadores, entre ellos el Centro Europeo para la Prensa y la Libertad de los Medios, la Federación Europea de Periodistas, los Centros PEN de Bélgica, PEN Países Bajos y los centros PEN de Suiza publicaron una declaración conjunta en la que se detallaba su total preocupación por la escasez de pruebas contra los acusados, describiendo el juicio como «otro esfuerzo motivado políticamente para criminalizar el periodismo».
A lo largo del proceso, llegaron condenas a la acusación y mensajes de apoyo a los acusados por parte de políticos, periodistas y grupos de derechos humanos. David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, tuiteó lo siguiente en el último día de la primera fase del juicio:
as court in #Turkey ends week of #Cumhuriyet17, i urge the judges to consider my rpt https://t.co/1HD8Dc7buZ & others in intl community. pic.twitter.com/9jj1FtTfKb
— David Kaye (@davidakaye) July 28, 2017
Mientras el tribunal en #Turquía termina la semana de #Cumhuriyet17, insto a los jueces a considerar mi informe http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/A_HRC_35_22_Add_3_EN.docx … y a otros en la comunidad internacional.
Durante sus audiencias, los acusados Musa Kart, Ahmet Şık y el miembro del consejo de IPI Kadri Gürsel hicieron declaraciones desafiantes, inspiradoras y a veces humorísticas. Sin embargo, el muy celebrado discurso de Sik molestó a la acusación y pidieron que se le agregaran cargos debido al mismo:
The prosecutor also demands a criminal complaint to be filed against #AhmetŞık for his statements #Cumhuriyet #JournalismIsNotACrime
— Düşünce Özgürlüğü (@dusundusun) July 28, 2017
El fiscal también exige que se presente una denuncia penal contra #AhmetŞık por sus declaraciones #Cumhuriyet #elPeriodismoNOesunCrimen
Al final de esta primera fase del juicio, Harlem Désir, representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, twitteó simplemente:
Release of 7 #Cumhuriyet journalists, important step. Must be followed by urgent release of others & dropping of charges
— Harlem Désir (@harlemdesir) July 28, 2017
La liberación de 7 periodistas #Cumhuriyet, es un paso importante. Debe ser seguido por la liberación urgente de otros y el abandono de los cargos
Otro humillante abuso de los derechos se produjo a principios de mes, cuando las autoridades turcas arrestaron a diez defensores de los derechos humanos que participaban en un taller de seguridad digital. Supuestamente, se sospechaba que los detenidos, entre ellos el Director de Amnistía Internacional en Turquía, estaban implicados en actividades relacionadas con el terrorismo. IFEX condenó las detenciones y proporcionó un resumen de los acontecimientos y las reacciones iniciales de la comunidad internacional de derechos. Bianet publicó una declaración firmada por más de 40 grupos de derechos de los cinco continentes pidiendo la liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos. La Electronic Frontier Foundation puso de relieve la difícil situación de dos de los detenidos, Ali Gharavi y Peter Steudtner, entrenadores de seguridad digital de Suecia y Alemania, y calificó su detención como una señal del «declive de las instituciones democráticas de Turquía».
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó las detenciones y exigió la liberación inmediata de los defensores de los derechos humanos. Entre otros, la canciller alemana Angela Merkel, la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallstrom, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Comisión Europea se hicieron eco de este llamamiento.
La indignación por las detenciones provocó protestas fuera de varias embajadas turcas en Europa:
Happening now outside the Turkish Embassy in London #HumanRightsIsNotACrime #JournalismIsNotACrime #FreeTurkeyMedia #Turkey pic.twitter.com/Am6h3Ofypl
— Rebecca Vincent (@rebecca_vincent) July 12, 2017
Ocurriendo ahora fuera de la Embajada de Turquía en Londres #DerechosHumanosNOesunCrimen #elPeriodismoNOesunCrimen #LiberenMediosTurcos #Turquía
Según el sitio web de Global Voices, ocho de los defensores de los derechos humanos siguen detenidos; dos – Nejat Tastan y Seyhmuz Ozbekli – fueron puestos en libertad condicional hacia finales del mes.
Ataques al poder judicial, la sociedad civil y los periodistas: Polonia, Hungría, Ucrania
Las preocupaciones de que Polonia socave el estado de derecho llegaron a su punto culminante este mes, cuando un proyecto de legislación fue adoptado por los legisladores polacos. Los miembros de IFEX (incluyendo Human Rights Watch y Freedom House) afirman que el mismo entregaría al gobierno un control efectivo del poder judicial. Esto provocó protestas masivas a través de Polonia, que parecieron producir un resultado positivo, ya que el presidente Andrzej Duda vetó dos de los proyectos de ley más controvertidos. Sin embargo, firmó un tercero que permite al ministro de Justicia (que también es el fiscal general) nombrar a los jefes de todos los tribunales inferiores.
El 29 de julio, en respuesta a las reformas judiciales, la Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra Polonia. Este es el comienzo de un proceso que podría terminar en el Tribunal Europeo de Justicia si Polonia no cumple con la legislación de la UE.
Los periodistas polacos han comenzado a temer que también ellos puedan convertirse en blanco del estado de ánimo populista y de derecha avanzado por el gobierno, informó el Instituto de Prensa Internacional. A finales del mes ya había señales preocupantes: la periodista Dorota Bawolek – que había indagado con la Comisión Europea sobre la posibilidad de sanciones de la UE contra Polonia – fue señalada en la televisión pública polaca como «perjudicial para Polonia» y posteriormente recibió una avalancha de abusos en línea y amenazas de muerte.
El provocativo y populista primer ministro de Hungría Viktor Orbán, que también ha sido criticado por la UE por su reciente campaña legislativa contra las ONG que reciben fondos del extranjero, se comprometió a apoyar a Polonia contra la «inquisición» de la UE. La Unión húngara de las libertades civiles (HCLU por sus siglas en inglés), escribió a la Comisión Europea pidiendo que se tomen medidas contra Hungría en su campaña contra la sociedad civil; en cuestión de días, la Comisión anunció el inicio de un procedimiento de infracción contra Hungría.
Gran parte del ataque del gobierno de Orbán contra las ONG financiadas con fondos extranjeros se ha centrado en la figura de George Soros, el filántropo húngaro cuyas Fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society Foundations) financian proyectos de democracia y derechos humanos en todo el mundo; el tono de la campaña anti-Soros es particularmente desagradable, como han señalado PEN Internacional y Freedom House. También preocupa la reciente amenaza de Orbán según la cual irá tras aquellos periodistas que, según dijo, son apoyados por la «mafia Soros».
A raíz del mal ejemplo de Hungría (y de Rusia), Ucrania también está legislando para restringir las actividades de las ONG financiadas con fondos extranjeros; ARTÍCULO 19 proporciona un buen análisis del proyecto de ley y pide su derogación.
En julio se conmemoró el primer aniversario del asesinato de Pavel Sheremet, periodista bielorruso asesinado por un coche bomba en el centro de Kiev, Ucrania, el 20 de julio de 2016 (nadie ha sido detenido ni procesado en este caso). En el aniversario, se realizó una declaración pública al presidente Poroshenko, pidiéndole que diera prioridad a una investigación exhaustiva sobre el asesinato; fue firmada por varios miembros de IFEX: ARTÍCULO 19, Comité para la Protección de Periodistas, Índice de la Censura, Federación Internacional de Periodistas, Instituto Internacional de Prensa y Reporteros sin Fronteras.
Algunas buenas noticias
La OSCE finalmente nombró a su nuevo Representante para la Libertad de los Medios – el político francés Harlem Désir. El papel ha estado vacante desde que el anterior titular, Dunja Mijatovic, renunció en marzo. El anuncio fue bien recibido por los miembros de IFEX, entre ellos Reporteros sin Fronteras e Índice de la Censura, que no perdieron tiempo en recordar a Désir que tendría mucho trabajo por delante con todas las amenazas actuales a los medios de comunicación en Europa.
Como se señaló en mayo, la UE ha adoptado ahora medidas concretas que fueron muy bienvenidas para proteger a los denunciantes; la Federación Europea de Periodistas informó a finales de junio que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acordó una resolución en la que se instaba a los Estados miembros a «reconocer el derecho a denunciar».
Amenazas a la libertad de expresión en línea: Rusia, Alemania, Austria
Rusia dio otro duro golpe a la libertad de Internet en julio. Como informó Isaac Webb en el sitio web de Global Voices, el Parlamento ruso aprobó una legislación que restringirá drásticamente el anonimato de los usuarios, introducirá nuevas medidas para garantizar que no se pueda acceder a los sitios web prohibidos y forzará a los proveedores de servicios a «permitir a las autoridades utilizar sus redes para enviar mensajes masivos a toda su base de usuarios rusos».
Reporteros sin Fronteras describió la legislación de Rusia como el «último clavo en el ataúd de la libertad rusa en Internet» y señaló similitudes con la reciente (denominada) «ley de Facebook» de Alemania que fue aprobada por el Parlamento alemán a finales de junio y que obliga a las plataformas de medios sociales a eliminar el discurso de odio ilegal publicado por los usuarios; la ley ha sido criticada por los defensores de la libertad de expresión, incluyendo ARTÍCULO 19 por alentar a las empresas a tomar el lado de la censura en caso de duda en lugar de arriesgarse a una acción legal.
Por su parte, Austria dio buenas noticias: los socialdemócratas en el gobierno de coalición rechazaron un proyecto de ley propuesto por sus socios junior conservadores, que le hubiese dado (como medida antiterrorista) poderes a la policía para supervisar los servicios de mensajería a través del uso de un programa caballo de Troya. Privacy International le escribió al gobierno austríaco en mayo, listando las muchas objeciones a tales medidas, tanto en lo que se refiere a los derechos como a temas prácticos, e instó a los legisladores a «abstenerse de introducir y legalizar un hackeo estatal».