Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en Europa y Asia Central, según informes de los miembros de IFEX.
Daphne Caruana Galizia: escepticismo sobre la investigación del asesinato
En diciembre, tres hombres fueron acusados del asesinato de la periodista de investigación más destacada de Malta, Daphne Caruana Galizia. Sin embargo, existe un sentimiento general de escepticismo acerca de cómo las autoridades están manejando la investigación, y algunos de los escépticos más destacados incluyen a la eurodiputada maltesa Roberta Metsola y al líder opositor Simon Busutill. El escepticismo se debe, en parte, al hecho de que aquellos que ordenaron el asesinato aún no han sido identificados; pero también se debe a una falta general de confianza en la competencia de las autoridades maltesas para llevar a cabo una investigación completa e imparcial (por esta razón, ocho de las organizaciones de medios más grandes pidieron directamente a la UE que llevara a cabo una investigación independiente en noviembre). También se debe recordar que muchos de los políticos más poderosos de Malta fueron blanco de las revelaciones de Caruana Galizia.
Su hijo, Matthew, resumió el estado de ánimo sombrío en diciembre en un simple tuit:
Two months and one week have gone by. We still don’t know who the real killers are.#DaphneCaruanaGalizia https://t.co/awCTbuuZYH
— Matthew Caruana Galizia (@mcaruanagalizia) December 27, 2017
Han pasado dos meses y una semana. Todavía no sabemos quiénes son los verdaderos asesinos #DaphneCaruanaGalizia https://twitter.com/pressfreedom/status/943797210793132033 …
Los abogados de Doughty Street Chambers que trabajan para la familia de Caruana Galizia también son escépticos con respecto a la investigación, los informes de Index on Censorship, argumentan que el manejo del caso por parte de Malta ha violado numerosos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluido el artículo 2, que garantiza una investigación efectiva.
El peor carcelero de periodistas en 2017
Turquía terminó el año como lo comenzó: como el peor carcelero de periodistas del mundo y con los miembros de IFEX pidiendo a la UE que actúe sobre la amenaza actual a la libertad de expresión en el país.
Los enjuiciamientos aparentemente interminables de periodistas continuaron. El 26 de diciembre hubo una breve audiencia en el juicio del miembro de IFEX Erol Önderoğlu, acusado (junto con otros) de llevar a cabo «propaganda terrorista» tras un acto pacífico de solidaridad con el diario kurdo Özgür Gündem. Su juicio se aplazó hasta el 18 de abril de 2018.
Durante su audiencia, Önderoğlu aprovechó la oportunidad para criticar la audiencia del juicio del día anterior de un caso separado: el enjuiciamiento del personal del periódico Cumhuriyet. En esa extraña audiencia, el juez silenció al periodista Ahmet Şık (estaba en medio de su declaración de defensa) y lo excluyó de la sala del tribunal porque supuestamente «interrumpió el juicio».
PEN Internacional y Reporteros sin Fronteras (que estaban observando ambos juicios) emitieron una declaración condenando las múltiples «violaciones procesales» que se habían producido y pidieron que se desestimaran los procesamientos en curso.
Jailed investigative journalist #AhmetŞık excluded from the courtroom for the rest of the day! Purely punitive & intimidatory move, his speech was not at all «interrupting» the court as alleged. Stop this farce! #FreeTurkeyMedia #CumhuriyetDavası (drawing Tarık Tolunay) pic.twitter.com/JeN35Q3WE0
— RSF_EECA (@RSF_EECA) December 25, 2017
Periodista de investigación encarcelado #AhmetŞık ¡excluido de la sala del tribunal por el resto del día! Acción puramente punitiva e intimidatoria, su discurso no fue en absoluto una «interrupción» del tribunal como se alega. ¡Detengan esta farsa! #FreeTurkeyMedia #CumhuriyetDavası (dibujo de Tarık Tolunay)
La próxima audiencia en el juicio Cumhuriyet está programada para el 9 de marzo de 2018.
Diciembre también vio la cuarta audiencia en el juicio de siete sospechosos, incluidos los hermanos periodistas Mehmet y Ahmet Altan, bajo los cargos de apoyar el fallido golpe de estado de 2016; como informa la Plataforma de Periodismo Independiente, la fiscalía exigió cadena perpetua para los acusados y el juicio se suspendió hasta el 12-16 de febrero de 2018. Días antes, 31 personas, en su mayoría periodistas de Zaman, comparecieron ante el tribunal por cargos similares; la mayoría de ellos permanecerán tras las rejas hasta su próxima audiencia el 5 de abril de 2018.
El 15 de diciembre, el periodista kurdo Nedim Türfent fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión por cargos de «pertenencia a una organización terrorista». Veinte de los veintiún testigos que comparecieron ante el tribunal durante el juicio afirmaron que habían brindado evidencia luego de ser torturados por la policía.
También hubo otros acontecimientos preocupantes en Turquía en diciembre. Se emitió un nuevo decreto según el cual los detenidos acusados de tener vínculos con el terrorismo deberán usar un uniforme de color para comparecer ante el tribunal; Reporteros sin Fronteras denunció la decisión y dijo que «violaría el derecho de presunción de inocencia de docenas de periodistas turcos detenidos». También hubo indicios, informó la Federación Internacional de Periodistas, de que Turquía está intentando extender sus prácticas de censura a Chipre: la “embajada” turca en el norte de la isla ha presentado una denuncia penal contra el diario griego Afrika después de que publicara una caricatura que representaba una estatua que orinaba en la cabeza del presidente Erdogan….
Un entorno en deterioro para la libertad de expresión
La libertad de expresión en España terminó el 2017 en peor condición de la que comenzó. Un ejemplo ilustrativo del clima actual y preocupante fue un mensaje muy destacado en Twitter del Ministerio del Interior que advirtió que simplemente volver a retuitear tuits que «glorificaban el terrorismo» podría ser un delito.
ATENCIÓN: Retuitear mensajes de enaltecimiento del #terrorismo también puede ser delito.
El tipo penal no exige haber creado el tuit, basta retuitearlo, darle publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personashttps://t.co/0NHOyocdAT— Ministerio Interior (@interiorgob) December 28, 2017
En febrero, IFEX publicó un artículo sobre la problemática ley que criminaliza la «glorificación del terrorismo» en España. En resumen, hay dos problemas principales: 1. «Glorificar el terrorismo» es una noción totalmente vaga; 2. La legislación española no tiene en cuenta la intención al llevarlo a juicio. Por lo tanto, en 2017, un número considerable de raperos, músicos y ciudadanos comunes han sido condenados únicamente por el contenido de las letras de sus canciones o chistes. El Salto ofrece una visión general de los casos más destacados, incluidos los de Cesar Strawberry, Valtonyc y 12 miembros del colectivo de rap La Insurgencia (todos los cuales recibieron sentencias de cárcel).
Vigilar Twitter no es la única forma en que España busca tomar medidas enérgicas contra las libertades de internet. El partido gobernante, El Partido Popular, anunció recientemente que estaba buscando formas de prohibir al público el uso anónimo de las redes sociales; si lo hace, seguirá el mal ejemplo de Rusia.
En Cataluña, las elecciones regionales del 21 de diciembre no cambiaron el equilibrio de poder, como esperaba el gobierno de Madrid, y ahora es probable que una coalición de partidos separatistas vuelva a formar el gobierno regional. Sin embargo, continúa la represión de la opinión y la protesta que comenzó antes del referéndum de independencia de octubre. Los líderes de la sociedad civil Jordi Cuixart y Jordi Sánchez permanecen en detención preventiva mientras se encuentran bajo investigación por «sedición», al igual que el líder de la Izquierda Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. En diciembre se anunció que otro grupo de políticos catalanes de alto perfil también debe ser investigado por sedición; estos incluyen al ex presidente Artur Mas. Además, doce maestros de primaria están siendo investigados por «crímenes de odio»: se los acusa de criticar a la policía en sus aulas después del uso generalizado de la violencia de los agentes antidisturbios contra los manifestantes pacíficos el 1ro de octubre.
Agentes extranjeros, ataques a periodistas y dudosas decisiones electorales
El líder de la oposición y activista anticorrupción de alto perfil, Alexei Navalny, fue excluido en diciembre de las elecciones presidenciales rusas (marzo de 2018). La Comisión Electoral Central dijo que se debía a la condena de Navalny en 2014 por cargos de fraude y lavado de dinero; en octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que el juicio de Navalny había sido arbitrario e injusto.
La nueva ley de los llamados «agentes extranjeros» para los medios de comunicación fue firmada por el presidente Putin en noviembre. Hasta ahora, nueve medios de comunicación han sido identificados como «agentes extranjeros»:
9 media labelled “foreign agents” in #Russia. Branding media as ‘foreign agents’ is dangerous and such legislation will have negative impact on #MediaFreedom in all countries applying such laws. https://t.co/ckUFZnVgbd
— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) December 5, 2017
9 medios etiquetados como «agentes extranjeros» en #Rusia. Etiquetar los medios como «agentes extranjeros» es peligroso y dicha legislación tendrá un impacto negativo en la #Libertaddemedios en todos aquellos países que aplican esas leyes. bit.ly/2A4Itl1
Uno de estos «agentes extranjeros» es Radio Free Europe / Radio Liberty, cuyo corresponsal de Crimea, Mykola Semena, recibió la suspensión de la pena de prisión de dos años y medio el 18 de diciembre por parte de la Corte Suprema en Crimea, ocupada por Rusia. Semena fue condenado por los cargos de «separatismo» después de denunciar la anexión de la península a Rusia.
El 21 de diciembre, un periodista independiente, Vyacheslav Prudnikov, recibió un disparo después de una reunión con un funcionario local en la ciudad de Krasny Sulin (en la región sur de Rostov). El Comité para la Protección de los Periodistas informó que el hombre que le disparó gritó: «Criticas demasiado a las autoridades locales, te mataremos» antes de abrir fuego. Prudnikov sobrevivió al ataque.
Hacia fines de noviembre, Yulia Zavyalova, editora de un sitio web independiente de noticias en la ciudad de Volgogrado, informó que alguien había saboteado los frenos de su automóvil. Ella cree que fue un atentado contra su vida y que fue en represalia por su periodismo. Según su sitio web, la policía ha categorizado el incidente como un mero «daño a la propiedad personal». Reporteros sin Fronteras ha pedido una investigación completa e imparcial.
Género en foco
El mes pasado, la Oficina del Gobernador en Ankara, Turquía, prohibió los eventos culturales LGBTQI+ en toda la provincia. La decisión fue tomada, según las autoridades, debido a «temores por la seguridad pública». Piet De Bruyn, relatora general sobre los derechos de las personas LGBTI de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pidió públicamente que se revocara la prohibición; los Grupos turcos LGBTQI+ Kaos GL y Pembe Hayat presentaron demandas este mes con el objetivo de hacer justamente eso.
Neutralidad de la red
La decisión tomada este mes por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus sigla en inglés) en los Estados Unidos de eliminar las regulaciones actuales sobre la neutralidad de la red conmocionó a todo el mundo. Las implicaciones para la libertad de expresión en línea son enormes, como señaló Jodie Ginsberg, de Índice de la Censura: «La decisión significa que los PSI (proveedores de servicios de Internet) ahora podrían simplemente favorecer a los sitios que tienen puntos de vista políticos con los que estén de acuerdo, y poner en jaque a jugadores más pequeños sin dinero suficiente para comprar un mejor acceso,». El Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios, Harlem Desir, emitió un comunicado en respuesta a la decisión de la FCC:» Insto a las autoridades de los Estados Unidos a reconsiderar esta decisión. Espero que el Congreso lo revise y promulgue reglas fuertes que protejan un Internet libre y abierto tan pronto como sea posible.»
La Comisión Europea trató de tranquilizar a las preocupaciones europeas:
We will continue to protect #NetNeutrality in Europe, ensuring that all traffic is treated equally:
→ Every European must be able to have access to the #openinternet
→ No blocking or discrimination of online content, applications and serviceshttps://t.co/dSUM6wYwhu pic.twitter.com/r4Tmv2oy0i— European Commission (@EU_Commission) December 15, 2017
Continuaremos a proteger protegiendo la #Neutralidaddelared en Europa, asegurando que todo el tráfico sea tratado por igual: Todos los europeos deben poder tener acceso a un #internetabierto. No al bloqueo o discriminación de contenido en línea, aplicaciones y servicios europa.
En pocas palabras: Kazajstán, Reino Unido, Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Azerbaiyán
En diciembre, el presidente autoritario de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, promulgó enmiendas a la ley que restringirán aún más el trabajo de investigación de los pocos medios de comunicación independientes en su país. Reporteros sin Fronteras destacó aquellas disposiciones que más preocupacioes causan. Estas incluyen el tener que obtener el permiso de cualquier persona nombrada en artículos antes de publicar información relacionada con asuntos de «confidencialidad personal y familiar», acceso reducido a información estatal y un requisito de que cualquier persona que deje comentarios en sitios web de noticias debe ser identificada además de almacenar su información por tres meses.
Las amenazas a la libertad de expresión no provienen solo de gobiernos o criminales; las corporaciones adineradas, con sus billeteres que aparentemente no tienen límite, tienen la capacidad de enredar a los periodistas y a los periódicos en demandas largas y costosas que pueden obstaculizar su trabajo y, potencialmente, sacarlos del negocio.
Actualmente ocurre un desagradable ejemplo de esto en el Reino Unido, donde la empresa Appleby de asesoría fiscal offshore ha iniciado acciones legales contra la BBC y The Guardian por sus reportajes sobre los infames «Paradise Papers» (más de 13 millones de documentos filtrados que detallan las dudosas prácticas de elusión fiscal de algunas de las personas más poderosas del mundo). Como señala el Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), el blanco de la acción son solo dos de las 96 organizaciones de noticias de todo el mundo que cubrieron la historia. Muchos de los documentos filtrados pertenecen a Appleby, que afirma que la información utilizada en los informes de noticias fue «robada» y está buscando una orden judicial permanente para detener el uso posterior de la información. La Federación Internacional de Periodistas y Reporteros sin Fronteras se han unido al NUJ para condenar la demanda y defender el «derecho a informar».
La Comisión Europea (CE) ha estado preocupada desde hace años por el asalto al estado de derecho en Polonia. A pesar de varias advertencias de la UE contra la implementación de medidas que comprometerían la independencia del poder judicial, Polonia introdujo una legislación a principios de mes que obligaría a la mayoría de la Corte Suprema a retirarse y le daría poder al partido gobernante sobre los nombramientos judiciales. Por lo tanto, el 20 de diciembre, la CE activó el artículo 7, un mecanismo legal que podría contemplar sanciones impuestas a Polonia y una pérdida de sus derechos de voto en el Consejo de la Unión Europea.
Reporteros sin Fronteras dio la bienvenida a la medida, pero expresó su preocupación de que fue provocada únicamente por el ataque de Polonia a los tribunales y no por la amenaza que el partido gobernante ahora presenta para la prensa libre; una semana antes, el regulador estatal de medios impuso una multa masiva de 350,000 euros a el canal de televisión independiente TVN24, que acusó de «alentar comportamientos que amenazan la seguridad del país» al cubrir protestas antigubernamentales. Fue una decisión que no se hubiese considerado fuera de lugar en Bielorrusia…
Bielorrusia, a menudo conocida como la «última dictadura de Europa», no tolera la disidencia ni la cobertura de la disidencia, como descubrió este mes el editor de un periódico local, Anatol Bukas: el 1ro de diciembre fue multado con 145 euros por mencionar una manifestación no autorizada.
El juicio de los escritores de la agencia de noticias Regnum, Dzmitry Alimkin, Yury Paulavets y Siarhei Shyptenka comenzó este mes. Enfrentan hasta 12 años de prisión si son declarados culpables de incitación al odio étnico y de realizar actividades comerciales ilegales; la Asociación Bielorrusa de Periodistas informa que los tres acusados ya han estado encarcelados por más de un año y que recién en noviembre se pudo convencer al gobierno de realizar el juicio en público.
El 22 de diciembre, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios expresó su consternación ante el castigo demasiado leve impuesto por un tribunal de Kiev a uno de los hombres que dirigió un ataque fatal contra el periodista Vyacheslav Veremyi en 2014. El acusado fue declarado culpable de «vandalismo» y se le concedió una sentencia suspendida de cuatro años. Veremyi fue asesinado a balazos.
Reporteros sin Fronteras nos recordó este mes la persecución en curso de voces independientes en Azerbaiyán. En diciembre tuvo lugar otra audiencia en la apelación de Mehman Huseynov, miembro de IFEX, contra su sentencia de 2 años de prisión por difamar a la policía; el 15 de diciembre, un juez confirmó el veredicto. Este mes también se llevaron a cabo dos audiencias en el juicio contra el periodista Afgan Mukhtarli, que fue secuestrado en Georgia en mayo y regresado a Azerbaiyán, donde fue encarcelado. Se lo acusa de cruzar ilegalmente la frontera, llevar 10.000 euros de moneda no declarada y agredir a un guardia fronterizo; la próxima audiencia de prueba es el 5 de enero de 2018.
Hubo algunas buenas noticias desde Ucrania: Eduard Nedeliayev, un bloguero que había estado detenido desde 2016 por las fuerzas separatistas en la ciudad de Lugansk, fue liberado el 27 de diciembre en un intercambio de prisioneros con el gobierno ucraniano. Había sido sentenciado a 14 años de prisión por cargos de espionaje e incitación al odio.