En su contribución a la serie de IFEX que marca el Día Internacional de la Mujer, el editor regional Cathal Sheerin analiza cómo, bajo el gobernante Partido de la Ley y la Justicia, las mujeres polacas enfrentan mayores restricciones tanto en la atención de la salud reproductiva como en el acceso a información precisa sobre sus opciones legales.
Esta es una traducción del artículo original.
La historia de ‘P’
En 2008, una niña de 14 años, ‘P’,quedó embarazada después de haber sido violada. Ella y su madre, ‘S’, decidieron que la única solución viable para esta situación desesperada era interrumpir el embarazo. Después de obtener un certificado del fiscal (como lo requería la ley polaca) que confirmaba que su embarazo había sido el resultado de una violación, P y S fueron a un hospital público en Lubin, en el oeste de Polonia.
Desde el momento en que llegaron al hospital, les dieron consejos engañosos sobre el procedimiento. Un médico llevó a P (aunque no lo había solicitado) a ver a un sacerdote católico que intentó convencerla de que cambiara de opinión y la presionó para que le diera su número de teléfono móvil. La madre de P, S, fue obligada a firmar un formulario de consentimiento que declaraba (sin dar ninguna explicación) que un aborto podría provocar la muerte de su hija. Finalmente, la jefa de ginecología se negó a proceder con el aborto, diciendo que estaba en contra de sus creencias personales. Para entonces, el personal del hospital había filtrado la historia de P a los periódicos.
P y S se vieron obligadas a viajar más de 400 km a Varsovia, donde P fue ingresada en otro hospital. Sin embargo, el personal allí pronto les dijo que su hospital estaba bajo presión para no realizar el aborto requerido. Mientras esto sucedía, P estaba siendo bombardeada con mensajes de texto en contra del aborto por parte del sacerdote que había conocido en Lubin.
Como resultado del estrés, P y S decidieron abandonar el hospital de Varsovia dos días después de su llegada. Al abandonar el edificio, fueron perseguidas por activistas contra el aborto y, sorprendentemente, detenidas por la policía que las llevó a la estación de policía local para interrogarlas.
En la estación, P y S fueron informadas de que el Tribunal de Familia de Lubin había ordenado que P fuera colocada en un refugio juvenil mientras su madre fuera despojada de patria potestad por haber “presionando” a su hija para que abortara.
P fue enviada a un refugio juvenil donde se enfermó y tuvo que ser trasladada a otro hospital. Eventualmente se le permitió abortar, pero solo después de que ella y su madre se quejaran directamente ante el Ministerio de Salud. El aborto se realizó en secreto, a 500 km de la casa de P.
Pero la terrible experiencia de P no terminó ahí. Increíblemente, se iniciaron acciones penales contra ella por sospecha de relaciones sexuales con una persona menor de edad; La investigación se abandonó ocho meses después de su aborto.
La investigación sobre su presunto violador también se suspendió.
P y S luego llevaron su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y, en 2012, el Tribunal dictaminó que Polonia había violado la privacidad de P, que la había detenido ilegalmente y que la había sometido a un trato inhumano. En su fallo, la Corte enfatizó repetidamente cómo P había sido privada del acceso a información confiable sobre su condición, sus derechos y el procedimiento médico que solicitó.
A oscuras y con leyes hechas en su contra
Aunque la experiencia de P fue horrible, la situación de las mujeres que actualmente buscan el acceso al aborto en Polonia ha empeorado considerablemente desde 2008. Sucesivos gobiernos han legislado para restringir aún más el acceso de las mujeres a los derechos reproductivos y han buscado ocultar las opciones con las que cuentan.
Desde que llegó al poder en 2015, el Partido Nacionalista de Justicia y Ley (PiS) ha liderado un ataque importante contra los derechos reproductivos en Polonia, tanto en la esfera legislativa como en la cultural. PiS es un partido abiertamente homofóbico, pro-‘valores tradicionales’, son anti ‘ideología de género’ (un término desdeñoso que se usa para referirse a una variedad de temas, incluidos los derechos LGBTQI+, la educación sexual y el feminismo) y está alineado con la Iglesia Católica. Para este partido, las leyes restrictivas de aborto de Polonia, que ya son consideradas como algunas de las más severas en la UE, no son lo suficientemente restrictivas: en 2016, el gobierno de PiS intentó sin éxito introducir una prohibición total del aborto; en 2018, presentó un proyecto de ley que prohibiría los abortos en casos de anomalías fetales graves (el 96% de todos los abortos en Polonia se realizan por estos motivos).
Así es como volvimos a marchar contra la propuesta de prohibición del aborto, en Varsovia/Polonia el 23 de marzo de 2018.
http://goo.gl/n53MUU #blackprotest #blackfriday #CzarnyPiątek
IMAGE: Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar
Actualmente, la ley polaca solo permite el aborto si el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si hay una anormalidad fetal severa, o si el embarazo es el resultado de una violación o incesto.
Es posible que PiS aún no haya logrado restringir el aborto en la medida en que le gustaría, pero ha logrado infligir graves daños a los derechos reproductivos de otras maneras. En 2017, se aprobó una ley que redujo el acceso a la píldora del día después al convertir la anticoncepción de emergencia en un medicamento recetado: ahora, en lugar de comprar la píldora del día después en el mostrador, las mujeres y las niñas deben concertar una cita con un médico (esperando que el médico no rechace el tratamiento debido a sus creencias personales) y pagar el precio total de los medicamentos. Los grupos que más han sufrido por este cambio en la ley son las víctimas de violación, las mujeres pobres y aquellas que viven en partes aisladas del país.
Hacer que sea difícil acceder a información confiable es otra táctica en la batalla para revertir los derechos reproductivos. Actualmente, las autoridades polacas no recopilan ni publican información sobre el número, la disponibilidad y la ubicación de los profesionales médicos que están preparados para realizar abortos seguros y legales; tampoco lo hacen para los médicos que se niegan a realizar abortos por creencias personales. El Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo ahora clasifica a Polonia con el puntaje más bajo de todos los países de Europa en términos de acceso a anticoncepción, disponibilidad de información en línea sobre planificación familiar y servicios de asesoramiento.
Además, otro golpe al acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva podría llegar pronto, mediante la prohibición total de toda educación sexual en las escuelas. En octubre de 2019, la cámara baja del parlamento aprobó un proyecto de ley sobre educación sexual (diseñado como una ley de “lucha contra la pedofilia”) que criminalizaría a los educadores sexuales, maestros y grupos que brindan información sobre salud reproductiva y sexualidad a los escolares. Los perpetradores (aquellos que se considere que están “promoviendo” o “aprobando” las actividades sexuales de un menor) podrían enfrentar hasta tres años de prisión. El Parlamento Europeo ha condenado este proyecto de ley, denunciando «el cambio en Polonia hacia la desinformación de los jóvenes […] estigmatizando y prohibiendo la sexualidad en la educación».
¿Ir a prisión por proporcionar educación sexual? ¡La UE dice que no! Hoy @Europarl_EN denunció un proyecto de ley polaco que criminaliza la educación sexual. Esta ley es otro ataque a los derechos sexuales y reproductivos en Polonia. ¡Inaceptable y en contra de nuestros valores europeos!
El gobierno versus los grupos de derechos de las mujeres
Una de las consecuencias inevitables de restringir el acceso al aborto legal es que la mayoría de los abortos en Polonia se llevan a cabo ilegalmente: las estadísticas oficiales sugieren que hay aproximadamente 1,000 abortos legales por año, pero se estima que los abortos ilegales son alrededor de 150,000.
Otra consecuencia es que las mujeres se ven obligadas a salir de Polonia para encontrarle solución a un embarazo no deseado: según un documento de 2017, hasta 20,000 mujeres polacas van al extranjero cada año para abortar (generalmente van a Alemania, los Países Bajos o el Reino Unido).
Estas mujeres a menudo son asistidas por organizaciones como la Federación de Mujeres y Planificación Familiar con sede en Polonia y Ciocia Basia (Tía Betty) con sede en Alemania. Estas organizaciones brindan a las mujeres la información necesaria para poder viajar al extranjero a fin de poder abortar, y muchas veces organizan todo el proceso. También ayudan a las mujeres a encontrar medicamentos para administrar de manera segura sus propios abortos en etapa temprana. En diciembre de 2019 se lanzó Abortion Without Borders, una iniciativa coordinada por una coalición de organizaciones polacas e internacionales de derechos reproductivos que tiene como objetivo proporcionar información muy necesaria, apoyo práctico y financiación a las mujeres en Polonia que necesitan abortos (en casa o en el extranjero).
Como resultado del trabajo que realizan, y debido al desafío directo que esto presenta al deseo de PiS de promover los “valores tradicionales” en Polonia, las autoridades están atacando a los grupos de mujeres.
En su informe de 2019, “The Breath of the Government on My Back” (“Con el gobierno respirándome en la nuca”), Human Rights Watch (HRW) detalla el ataque sostenido contra los grupos de derechos de las mujeres que ha tenido lugar debido al accionar del PiS. La policía ha allanado las oficinas y confiscado documentos y computadoras de los grupos que defienden los derechos reproductivos y a las víctimas de violencia doméstica, generalmente por razones ilegítimas. Esto ha contribuido a crear un clima de miedo para los defensores de los derechos de las mujeres y los ha estigmatizado a los ojos del público. También ha habido recortes drásticos en el financiamiento gubernamental de las organizaciones de derechos de las mujeres, lo que ha resultado en una reducción importante en su trabajo de salud sexual y reproductiva. Todo esto ha ido de la mano con desagradables campañas de desprestigio por parte de líderes del PiS y grupos respaldados por la Iglesia, que han retratado a las organizaciones de la sociedad civil de mujeres como una amenaza a los “valores familiares”.
Redadas policiales, desfinanciamiento, campañas de desprestigio, acción disciplinaria … Los activistas de derechos de las mujeres de #Polonia son blanco de ataques simplemente por ayudar a las sobrevivientes de abuso o por apoyar los derechos básicos a la salud reproductiva y la manifestación pacífica, según informe de @hrw
Condena internacional
La historia de P fue una de las tres mencionadas por la Comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Dunja Mijatović, en su presentación de enero de 2020 sobre Polonia al Comité de Ministros. Al exponer sus preocupaciones sobre el empeoramiento de la situación de los derechos reproductivos, Mijatović pidió al gobierno polaco que introdujera “procedimientos claros, efectivos y uniformes para que las mujeres accedan al aborto legal” y que pusiera en práctica “medidas concretas y prácticas para darle a las mujeres que buscan un aborto legal información adecuada sobre los pasos que deben tomar para ejercer sus derechos”.
Mijatović fue una de lo/as múltiples experto/as en derechos humanos que han condenado el enfoque regresivo de Polonia en lo que atañe a los derechos reproductivos en los últimos años. Entre esos expertos se incluye el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, el Relator Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer y el Comité de la ONU sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y la Práctica.
Es difícil saber hacia dónde se dirige Polonia a largo plazo en términos de derechos reproductivos. Pero aunque el futuro inmediato parezca oscuro, la opinión pública en este país católico tradicionalmente conservador parece ser cada vez más liberal: una encuesta de 2018 encargada por la Federación de Mujeres y Planificación Familiar mostró que el 69 por ciento de los encuestados creía que las mujeres deberían poder decidir interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas; y un 92 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo en que el Estado debería mantenerse alejado de las decisiones de una persona con respecto a sus derechos reproductivos.
Celebración del #28sept en Polonia
Apoyo sin precedentes para el aborto legal (69%)
Fuerte oposición a la injerencia del Estado en las decisiones reproductivas (92%)
Partidos, políticos, ONG y personas a favor de la libre elección firman la Declaración de Bruselas @Safe_Abortion @WGNRR @SexualRights @ipp
