Diciembre en Europa y Asia Central: un resumen de noticias clave sobre la libertad de expresión preparado por el editor regional de IFEX Cathal Sheerin, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
El año 2020 cerró con sentencias injustas y absurdas en los juicios contra Can Dündar, Osman Kavala y Selahattin Demirtaş, la intensificación de la presión internacional sobre el régimen de Bielorrusia –caracterizado por la violación de derechos–, la apelación de un experto de Naciones Unidas al Presidente Trump para que indultara a Julian Assange y mucho más.
Sentencias de prisión draconianas y desacato al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
La represión que sufre la prensa independiente y las voces opositoras en Turquía no dio muestras de ceder en diciembre, mes en el que surgieron importantes novedades en varios casos destacados y se aprobó legislación que da al gobierno mayor control sobre los grupos de la sociedad civil.
El 23 de diciembre, varios miembros de IFEX expresaron su indignación ante la sentencia de 27 años y seis meses de prisión dictada in absentia contra Can Dündar, ex redactor en jefe del diario Cumhuriyet, por cargos falsos de espionaje y terrorismo. Los cargos se basaron únicamente en sus actividades periodísticas – concretamente una nota publicada en su antiguo diario en la que informaba sobre la participación del Servicio de Inteligencia Turco en la venta ilegal de armas a grupos yihadistas en Siria. Junto con la sentencia, el tribunal emitió una nueva orden de detención. Dündar está exiliado en Alemania; y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania se anunció que no será extraditado a Turquía.
Periodista turco @candundaradasi condenado a más de 27 años de prisión por cargos relacionados con una noticia de 2015. “Querían castigarme por esta noticia veraz y a la vez intimidar a periodistas en Turquía que se atreven a tocar temas tan sensibles como este”.
El 22 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el político opositor encarcelado Selahattin Demirtaş estaba detenido por razones políticas y que debía ser liberado inmediatamente. Demirtaş fue arrestado en noviembre de 2016 y desde entonces está recluido bajo prisión preventiva mientras enfrenta una serie de cargos inventados relacionados con el terrorismo basados únicamente en sus declaraciones políticas. El Tribunal sostuvo que Turquía había violado la libertad de expresión de Demirtaş y su derecho a la libertad y la seguridad, así como su derecho a ser elegido y ocupar un escaño parlamentario. El Presidente Erdoğan desestimó el fallo aduciendo que no tenía efecto vinculante para Turquía, pero eso no es cierto: como miembro del Consejo de Europa, Turquía está obligada a acatar los fallos del TEDH.
Turquía tampoco ha acatado el fallo del TEDH por el que se exigía la inmediata liberación de Osman Kavala, líder de la sociedad civil encarcelado. Kavala lleva más de tres años tras las rejas, inicialmente por cargos relacionados con las protestas de Gezi Park en 2013; pero ahora enfrenta otros cargos, esta vez en relación con el intento de golpe de Estado. El 18 de diciembre, el 36° Tribunal Penal Superior de Estambul dictaminó que siguiera detenido hasta la próxima audiencia prevista en su caso, que se celebrará en febrero de 2021. Emma Sinclair Webb de Human Rights Watch y Caroline Stockford de PEN Noruega emitieron críticas fuertes contra la decisión.
Ante el rechazo del tribunal del pedido de liberación de #OsmanKavala, el Director de Campañas y Comunicación de Amnistía Turquía (@aforgutu) @TarikBeyhan dijo: «Osman Kavala lleva 3 años en prisión pero seguiremos bregando por su liberación hasta obtenerla» #dokuz8/@puleragema
@dokuz8news
La Directora de Human Rights Watch (@hrw) en Turquía, @ESinclairWebb, dijo sobre la audiencia de hoy de Osman Kavala: «esta es una de esas farsas judiciales típicas del siglo pasado y es el tipo de juicios que desprestigia al país». #dokuz8/@puleragema
El 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Turquía determinó que la actual detención de Kavala «no es violatoria» de su derecho a la libertad y la seguridad.
El 27 de diciembre, el parlamento de Turquía aprobó una ley que otorga a las autoridades mayores facultades para restringir las actividades de las ONG. Si bien la norma se denomina “Proyecto de Ley sobre la Prevención de la Propagación de Armas de Destrucción Masiva”, la mayoría de sus artículos se centran en grupos de la sociedad civil. El Ministerio del Interior podrá ahora sustituir a líderes de ONG que enfrenten cargos de “terrorismo” y poner en su lugar a nuevos miembros. Además, podrá suspender las actividades de esos grupos. La Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, había instado al Parlamento turco a que retirara el proyecto de ley.
El #ParlamentoTurco debería dejar de impulsar leyes que restrinjan aún más las actividades legítimas de las ONG, incluido sustituir con gente nombrada por el gobierno a líderes de ONG indagados bajo leyes antiterroristas y restringir actividades de recaudación de fondos. #Turquía
YouTube se convierte en la primera plataforma internacional de redes sociales en ceder y acatar la recientemente modificada ley de internet de Turquía. El 16 de diciembre anunció que “crearía una entidad jurídica que funcione como representante local y brinde un punto de contacto para el gobierno”. ARTÍCULO 19 y Human Rights Watch criticaron la decisión, advirtiendo que no solo sentaba un “peligroso precedente” (que hacía que fuera más difícil para otras compañías tecnológicas negarse a designar un representante local), sino que también “llevaría inevitablemente a un aumento de la censura arbitraria, comprometería la privacidad de las personas y su derecho a la información y podría implicar a YouTube en violaciones de los derechos humanos”.
Sanciones, condena internacional y una investigación penal
Mientras las autoridades continúan atacando a la prensa independiente y a las voces de la oposición en Bielorrusia, crece la presión internacional sobre el régimen de ese país.
En el mes de diciembre se asistió a:
- una nueva serie de sanciones impuestas por la Unión Europea contra “altos funcionarios responsables de la continua represión violenta”;
- sanciones impuestas por el Comité Olímpico Internacional – incluida una prohibición al Presidente Lukashenka de asistir a los Juegos Olímpicos – motivadas por la inacción del Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia que no había “protegido debidamente a… los atletas bielorrusos de la discriminación política”;
- una investigación penal iniciada por Lituania contra funcionarios del régimen bielorruso por la presunta tortura de activistas opositores detenidos;
- una sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) dedicada a Bielorrusia en la que los 42 Estados participantes condenaron la represión de la prensa independiente por las autoridades y llamaron a que se implementaran las recomendaciones sobre libertad de expresión y medios formuladas en el informe del Mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE);
- el lanzamiento de una plataforma en línea – por iniciativa de la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya – para reunir pruebas que puedan utilizarse en futuros juicios de personas implicadas en las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen.
Celebramos la decisión de @Olympics de excluir a Lukashenka «de todas las actividades Olímpicas, incluidos los Juegos de Tokio el año que viene». Nuestros atletas son víctimas de represión porque denuncian la violencia y el terrorismo de Estado. Debemos alzarnos todos juntos contra cualquier injusticia en #Bielorrusia.
Los miembros de IFEX siguieron exigiendo justicia en Bielorrusia. PEN Estados Unidos y PEN Internacional colaboraron con PEN Bielorrusia en la emisión de una declaración leída por la presidenta del capítulo bielorruso de PEN, la escritora Svetlana Alexievich, en una intervención por video en la sesión del CDH antes mencionada. PEN Estados Unidos también lanzó una serie de videos con declaraciones de prominentes políticos estadounidenses en las que expresaban su solidaridad con quienes son blanco del régimen bielorruso.
.@SenRubioPress se une a @penamerica, @pen_belarus y otras organizaciones de derechos humanos para reclamar elecciones libres y justas en #Bielorrusia. Les recuerda a los bielorrusos que luchan por sus derechos que no han sido olvidados. No están solos. #DíaDeDerechosHumanos #LibertadDePrensa
Para dar a conocer los acontecimientos en Bielorrusia, Reporteros Sin Fronteras publicó videos de entrevistas a tres periodistas bielorrusos: Natalya Lubneuskaya, Ihar Karnei y Marina Zolotova, editora del popular sitio web de noticias TUT.by.
#Bielorrusia: RSF difunde 3 videos para alertar sobre la situación de la libertad de prensa en el país. Aquí el testimonio de Marina Zolotova, editora de http://TUT.by, el sitio web de noticias más popular de Bielorrusia.
Este mes, ARTÍCULO 19 siguió ampliando su propia serie de videos de entrevistas a activistas defensores de derechos y miembros de los medios de comunicación independientes.
El Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre), miembros de IFEX emitieron una declaración pública conjunta en la que exhortaban a Bielorrusia a que pusiera fin a la persecución de la prensa, los activistas y el sector cultural, siguiera todas las recomendaciones del informe del Mecanismo de Moscú de la OSCE y permitiera que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales pertinentes ingresaran al país.
A fines de diciembre, la Asociación Polaca de Periodistas, en cooperación con la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania, la Asociación Bielorrusa de Periodistas y la Federación Europea de Periodistas publicaron un libro en línea titulado I am a journalist. Why do you beat me? (Soy periodista. ¿Por qué me golpeas?) que a través de entrevistas a periodistas bielorrusos documenta la persecución de los medios independientes por el régimen.
Enfoque de género
En Rumania, el Tribunal Constitucional anuló una ley de junio de 2020 que prohibía las “actividades dirigidas a difundir la teoría u opinión sobre la identidad de género” en instituciones educativas. La ley definía la “teoría de la identidad de género” como una creencia que sostiene que “género es un concepto distinto al sexo biológico y que los dos no siempre coinciden”. Está ampliamente aceptado que el género es una construcción social y no algo determinado biológicamente (como se planteaba en la ley de junio de 2020). La ley había sido duramente criticada por grupos defensores de derechos. Cristian González Cabrera, de Human Rights Watch, dijo sobre la ley:
“Una prohibición de tratar cuestiones de género en ambientes educativos limitaría injustificadamente los derechos de los alumnos y los docentes a la libertad de expresión e información, incluida la información sobre género. La ley también amenazaba el derecho a la salud, en particular de los niños transgénero, no binarios e intersexo, quienes podrían sufrir consecuencias perniciosas para su salud física y mental si se les negara acceso a información sobre género”.
En Hungría, el parlamento aprobó una reforma constitucional que prohíbe efectivamente a las parejas del mismo sexo adoptar niños. Conforme a la nueva norma, solo pueden adoptar las parejas heterosexuales casadas (el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido en Hungría). Las personas solteras podrán seguir presentando solicitudes de adopción, pero deberán pedir autorización especial a la ultraconservadora Ministra de Asuntos Familiares Katalin Novak.
En el mes de diciembre la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, exhortó a Polonia a que revirtiera la actual tendencia de homofobia que impera tanto en la política polaca como en el resto de la sociedad. “Los funcionarios públicos y los formadores de opinión deberían dejar de promover una atmósfera de odio e intolerancia hacia las personas LGBTI”, dijo, “y en vez de ello deberían mejorar el respeto por los derechos humanos de esas personas. La estigmatización y el discurso de odio plantean un verdadero riesgo de legitimación de la violencia. Los LGBTI son personas, no una ideología”. El gobernante Partido de Ley y Justicia (PiS) de Polonia, de tendencia derechista, ha estado promoviendo abiertamente por años la homofobia y actitudes y políticas misóginas, incluida la creación de las llamadas “zonas libres de LGBT” (que actualmente abarcan aproximadamente un tercio del país).
En breve
Nils Melzer, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, apeló públicamente en el mes de diciembre al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que indultara al fundador de Wikileaks Julian Assange. El denunciante Assange, actualmente detenido en el Reino Unido en la prisión de Belmarsh, enfrenta hasta 175 años de prisión si es condenado en los Estados Unidos por espionaje.
El 4 de enero de 2021, un juez británico rechazó un pedido de extradición de los Estados Unidos, alegando que las condiciones de detención en ese país pondrían a Assange en riesgo de suicidio; el 6 de enero se rechazó la solicitud de libertad bajo fianza.
¡Si el Presidente @realDonaldTrump es fiel a los valores que profesa de combate a la corrupción y conducta gubernamental indebida, debería indultar a #Assange que promueve precisamente esos valores y ya ha sufrido demasiado por defender los intereses del público de todo el mundo!
A 38 meses del asesinato en Malta de la periodista Daphne Caruana Galizia, miembros de IFEX y otros grupos de defensa de la libertad de prensa hicieron un llamamiento público al Primer Ministro Abela para que pusiera fin a los intentos de su gobierno de obstaculizar la investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la periodista. Este llamamiento se produjo dos semanas después de que el Ponente Especial del Consejo de Europa, Pieter Omtzigt, publicara su informe de seguimiento sobre la corrupción en Malta y el asesinato de Caruana Galizia. Omtzigt afirmó que la implementación por parte de Malta de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tendientes a que se hiciera justicia en el caso de la periodista asesinada había sido “fundamentalmente insatisfactoria”. También dijo que el gobierno maltés (que es una de las partes indagadas) no debería “imponer un plazo de finalización arbitrario a su trabajo, ni criticar sus actividades”.
Tal como fue previsto, la Unión Europea adoptó un régimen global de sanciones en materia de derechos humanos (su propia Ley Magnitsky), lo que le permite “aplicar sanciones a personas, entidades u organismos – incluidos los agentes estatales y no estatales – que sean responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos en todo el mundo, o estén implicados o sean partícipes en ellos”.
Cobra impulso el movimiento para terminar con las demandas judiciales estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), por lo que miembros de IFEX y otros grupos que defienden la prensa publicaron una propuesta de legislación de la UE que protegería a los periodistas de estos cínicos juicios de amordazamiento.
El 16 de diciembre en Francia, un tribunal condenó a catorce personas por su participación en una serie de ataques perpetrados por terroristas islámicos en 2015, incluido el tiroteo masivo en las oficinas de la revista Charlie Hebdo en París. Días más tarde, cuatro hombres fueron acusados de participar en una conspiración terrorista vinculada al apuñalamiento de dos personas en septiembre de 2020 por un extremista islámico frente a las antiguas oficinas de Charlie Hebdo. El principal sospechoso, que fue arrestado enseguida del ataque, le habría dicho a la policía que sus acciones estuvieron motivadas por la reedición de las caricaturas del profeta Mahoma en la revista.
En diciembre, también en Francia, se sucedieron nuevas protestas multitudinarias contra el proyecto de ley conocido como de “seguridad global”, que, de ser aprobado, tipificaría como delito fotografiar con malas intenciones a la policía. En noviembre, ante manifestaciones masivas de ciudadanos y protestas de miembros de IFEX y otros grupos de defensa de la libertad de prensa, los legisladores anunciaron que reformularían el artículo referido a la toma de fotos. Sin embargo, relatores especiales de las Naciones Unidas dijeron en diciembre que el proyecto de ley es “incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y debería reverse en su totalidad”.
