La denuncia expone el carácter generalizado y sistemático de la persecución de periodistas en Arabia Saudí y, en particular, la detención arbitraria de 34 de ellos y el asesinato de Jamal Khashoggi.
Este artículo fue publicado originalmente en rsf.org el 1 de marzo de 2021.
Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado ante el Fiscal General alemán una denuncia penal contra el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, y otros funcionarios saudíes de alto rango responsables de crímenes contra la humanidad. La denuncia expone el carácter generalizado y sistemático de la persecución de periodistas en Arabia Saudí y, en particular, la detención arbitraria de 34 de ellos y el asesinato de Jamal Khashoggi.
El 1 de marzo de 2021, RSF presentó una denuncia penal ante el Fiscal General Alemán del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe, por una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas en Arabia Saudí. La denuncia, un documento de más de 500 páginas en alemán, da cuenta de casos de 35 periodistas: el del columnista saudí asesinado Jamal Khashoggi y los de 34 periodistas que han sido encarcelados en Arabia Saudí, de los que 33 continúan actualmente en prisión y entre los que se cuenta el bloguero Raif Badawi.
Un crimen contra la humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil cometido por individuos con plena consciencia de dicho ataque. En Arabia Saudí, los periodistas, que son población civil según el Derecho Internacional, son víctimas de ataques generalizados y sistemáticos por razones que sirven a una política de Estado destinada a castigarlos o silenciarlos. Los cinco sospechosos identificados en la denuncia son totalmente responsables.
De conformidad con el código alemán de crímenes contra el Derecho Internacional (VStGB), la denuncia muestra que estos periodistas son víctimas de múltiples actos que constituyen crímenes contra la humanidad, entre los que se cuentan el homicidio voluntario, la tortura, la violencia y coacción sexual, la desaparición forzada, la privación ilegal de la libertad y la persecución.
Los 35 casos detallados en la denuncia revelan un sistema que amenaza la vida y la libertad de cualquier periodista en Arabia Saudí y, en particular, de aquellos que critican abiertamente al gobierno. Para RSF, los periodistas cumplen la función esencial de informar al público sobre temas de interés general, así como de permanecer vigilantes ante las acciones de las autoridades y pedirles cuentas a estas, lo que hace que los crímenes en su contra sean aún más graves y justifiquen una investigación.
La denuncia identifica a cinco sospechosos principales -el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, su asesor cercano Saud Al-Qahtani y otros tres altos funcionarios saudíes-, por su responsabilidad en la organización o la ejecución del asesinato de Khashoggi, así como por su participación en el desarrollo de una política de Estado destinada a agredir y silenciar a los periodistas. Se señala a estos sospechosos principales sin perjuicio de cualquier otra persona que la investigación pueda identificar como responsable de dichos crímenes de lesa humanidad.
El 26 de febrero, la oficina del director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos publicó un informe desclasificado de la CIA que reitera elementos inculpatorios previos y que viene a confirmar las propias conclusiones de RSF, según las cuales tales crímenes contra la humanidad centrados en individuos identificados como periodistas son el resultado de una decisión tomada por el príncipe heredero como parte de una política sistemática.
«Los responsables de la persecución de periodistas en Arabia Saudí, y especialmente del asesinato de Jamal Khashoggi, deben responder por sus crímenes«, declara el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Dado que estos graves delitos contra los periodistas se siguen cometiendo, pedimos al Fiscal alemán que actúe y abra una investigación sobre los crímenes que hemos revelado. Nadie debería estar por encima de la ley, especialmente cuando se trata crímenes contra la humanidad. La urgente necesidad de justicia no ha hecho más que demorarse«.
«La apertura oficial de una investigación criminal en Alemania sobre los crímenes de lesa humanidad en Arabia Saudí sería una iniciativa pionera a nivel mundial«, señala el director de RSF Alemania, Christian Mihr. “Solicitamos al Fiscal General que haga un análisis de situación con vistas a iniciar, de manera oficial, una investigación fiscal y órdenes de arresto«.
RSF considera que el sistema judicial alemán es el más adecuado para presentar una denuncia de este tipo, ya que las leyes alemanas le otorgan jurisdicción sobre los principales delitos internacionales cometidos en el extranjero, y también porque los tribunales alemanes ya han demostrado su disposición y voluntad de enjuiciar a criminales internacionales. Además, el gobierno alemán ha expresado repetidamente su gran interés en lograr justicia en los casos de Jamal Khashoggi y Raif Badawi, y Alemania ha demostrado su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y la protección de los periodistas en todo el mundo.
Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en octubre de 2018. Las autoridades saudíes reconocieron oficialmente que el asesinato fue cometido por agentes saudíes, pero se negaron a asumir ninguna responsabilidad por lo que denominaron un “acto de matones”. Algunos de los agentes que participaron en la operación fueron procesados y condenados en Arabia Saudí durante un juicio a puerta cerrada que quebrantó todas las normas internacionales para un juicio justo. En cuanto a los principales sospechosos, siguen totalmente fuera del alcance de la justicia.
Aparte del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, de quien se sospecha que ordenó directamente el asesinato de Khashoggi y que es el principal responsable de la persecución de periodistas en Arabia Saudí, los otros cuatro sospechosos que figuran en la denuncia son: Saud Al-Qahtani, asesor cercano al príncipe heredero que participó directamente en la planificación y ejecución del asesinato, así como en la aplicación de la política de persecución de periodistas en Arabia Saudí; Ahmad Mohammed Asiri, (ex) subdirector de inteligencia y sospechoso de supervisar el asesinato; Mohammad Al-Otaibi, cónsul general en Estambul en el momento del asesinato, y Maher Abdulaziz Mutreb, funcionario de inteligencia que dirigió el equipo que torturó, mató y e hizo desaparecer a Jamal Khashoggi.
Esta denuncia se ha preparado bajo la supervisión del Grupo de Trabajo Justicia para Periodistas (J4J TF) de RSF, iniciativa cuya vocación es luchar contra la impunidad de los delitos contra periodistas a través del litigio estratégico.
Durante los dos años que han seguido al asesinato de Khashoggi, RSF ha desplegado una amplia labor de movilización ante las autoridades saudíes con el fin de recuperar su cuerpo, lograr justicia por su asesinato y liberar a todos los periodistas actualmente detenidos arbitrariamente en Arabia Saudí. Sin embargo, las autoridades saudíes han incumplido sistemáticamente con sus obligaciones internacionales.
Arabia Saudí ocupa el puesto 170 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF.
