Febrero 2021 en Europa y Asia Central: un resumen de noticias sobre la libertad de expresión preparado por el editor regional de IFEX Cathal Sheerin, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En febrero hubo novedades auspiciosas, pero también alarmantes, en la región entre ellas la condena de un criminal de larga data por el asesinato de Daphne Caruana Galizia, el encarcelamiento de Alexei Navalny y la pérdida de su condición de preso de conciencia, duras penas de prisión impuestas a dos periodistas en Bielorrusia y un aumento pronunciado del discurso de odio homofóbico y la intolerancia hacia los derechos de las personas trans.
Rusia: cuestión de conciencia
El 2 de febrero, el periodista anticorrupción y líder de la oposición Alexei Navalny fue condenado a dos años y medio de prisión por cargos muy dudosos de malversación. El 25 de febrero se inició su traslado a una colonia penitenciaria rusa. Este proceso de traslado de prisioneros puede llevar mucho tiempo y en el transcurso las familias suelen perder la pista del paradero de sus seres queridos. El propio abogado de Navalny ha dicho que no sabía a dónde iban a enviar a su cliente.
Entre el 2 y el 25 de febrero pasaron muchas cosas: en la audiencia en la que enfrentó los cargos de malversación, Navalny pronunció un encendido discurso arremetiendo contra “Vladimir [Putin] el envenenador de calzoncillos” (en alusión a que el veneno habría sido plantado en la ropa interior) y el régimen corrupto que preside; Navalny también fue multado por calumniar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial y deberá pagar la suma de €9.500. Por su parte, Amnistía Internacional anunció que le retiraba la condición de preso de conciencia a Navalny (aunque la organización aseguró que continuaría con la campaña por su liberación).
La decisión de Amnistía desconcertó y enojó a muchos.
Los partidarios de Navalny y otros acusaron a Amnistía de haber cedido ante una campaña organizada por actores afines al Kremlin para lograr que Navalny fuera ‘eliminado de la lista’ de presos de conciencia (debido a los comentarios xenofóbicos que realizó hace más de diez años y que son de público conocimiento – véase el resumen de noticias de enero para más detalles). Quienes acusan a Amnistía afirman que retirarle a Navalny la clasificación dañará su credibilidad como víctima del autoritarismo ruso, algo en lo que está empeñado el Kremlin desde hace mucho tiempo.
Pero no sería la única consecuencia.
La clasificación de preso de conciencia le otorga un gran peso a una víctima de injusticia, a los ojos tanto de activistas como del público en general, al acentuar la credibilidad del caso. También puede significar un importante aliento para un prisionero que enfrenta la posibilidad de tener que pasar un tiempo prolongado tras las rejas. Puede afirmarse que quitarle esa condición es un acto tan potente como otorgársela en primer lugar, pues al introducir un elemento de duda sienta las bases para una posible erosión del apoyo y la solidaridad que recibe. Hacerle esto a un prisionero (a quien este mes un dirigente de Amnistía reconoció como “el caso más importante en Rusia”) en un momento tan crucial – esto es, justo cuando va a ser trasladado a un sistema carcelario implacable y muchas veces despiadado – no puede tener consecuencias muy favorables para ese prisionero.
En una declaración del 25 de febrero Amnistía negó haberse dejado influir por una campaña rusa de desprestigio, pero lamentó que esta “decisión interna” se diera justamente en una ocasión que hiciera desviar “involuntariamente la atención de la campaña por la liberación inmediata de Navalny”. Concluyó, por lo tanto, que:
“No puede haber lugar a confusión: nada de lo que Navalny haya dicho en el pasado justifica su detención actual, cuya motivación es puramente política. Navalny ha sido encarcelado arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y por ello continuaremos haciendo campaña reclamando su inmediata liberación.”
Al otro día Amnistía emitió una nueva declaración, esta vez a cargo de su Secretaria General en funciones, reconociendo que la organización había sido objeto de una “campaña rusa de desprestigio” y comprometiéndose a investigar “qué fue lo que pasó”.
Iniciaremos una investigación interna para saber qué fue lo que pasó y cómo llegamos a la situación en la que estamos ahora.
Esta segunda declaración surgió luego de que dos conocidos bromistas pro-Kremlin, haciéndose pasar por el colega de Navalny, Leonid Volkov, se comunicaron con dirigentes de Amnistía en una videollamada en la que se trató la decisión referida a la condición de preso de conciencia. Luego publicaron el video en línea.
El Kremlin es bien conocido por atacar a organizaciones de derechos (normalmente dentro del territorio de Rusia) utilizando distintos medios, incluidos leyes, acoso judicial e intentos por dañar su credibilidad. También se ha reconocido ampliamente el peligro generado por la desinformación y los discursos difamatorios que emanan de fuentes afines al Kremlin. El caso Navalny-Amnistía parecería ser un muy buen ejemplo de cómo se da esto en la práctica.
Para tener algo de contexto sobre el discurso xenofóbico y el nacionalismo profesado por Navalny en el pasado, el sitio web Global Voices brinda un análisis desde una perspectiva centroasiática. Al respecto, también es interesante este hilo de Twitter de la periodista kirguisa Bermet Talant referido al caso Navalny, pero específicamente en lo que tiene que ver con Amnistía.
El 1° de marzo, expertos de las Naciones Unidas emitieron una firme declaración exhortando a Rusia a que liberara a Navalny y pidiendo que se realizara una investigación internacional sobre el envenenamiento ocurrido en suelo ruso que casi terminó con la vida del líder opositor el año pasado. “Creemos que el envenenamiento con Novichok del que fue víctima el Sr. Navalny podría haber sido perpetrado deliberadamente para enviar una advertencia clara y siniestra de que esa sería la suerte que correría todo el que criticara y se opusiera al Gobierno. Se eligió Novichok precisamente para infundir miedo,” afirmaron.
Malta: una victoria contra la impunidad
En la última semana de febrero se logró una ansiada victoria en la batalla contra la impunidad en Malta: un tribunal condenó a 15 años de prisión a Vincent Muscat, un delincuente de larga data, por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en un atentado con coche bomba perpetrado en 2017; otros cuatro sujetos – Robert y Adrian Agius, Jamie Vella y George Degiorgio – fueron acusados por la policía en conexión con el asesinato y otros crímenes.
Si bien se ha especulado mucho sobre la posible implicación de figuras políticas en el asesinato – especialmente dado que Caruana Galizia había denunciado actos graves de corrupción en filas de la clase política – el Jefe de Policía Angelo Gafa declaró que todos los involucrados en el crimen habían sido detenidos y que la policía no había encontrado pruebas de la participación de ningún político.
Sin embargo, según ha trascendido, el asesino Vincent Muscat le habría dicho a la policía que el ex ministro de economía Chris Cardona había estado involucrado en un plan frustrado para matar a Caruana Galizia en 2015 y que habría estado al tanto del plan para asesinarla en 2017. Cardona niega enérgicamente estas acusaciones y la policía estaría tratando las denuncias con cautela.
Los miembros de IFEX celebraron la noticia de la condena, pero también reclamaron que todos los involucrados en el crimen fueran llevados ante la justicia.
Hoy se declaró culpable Vince Muscat, uno de los tres hombres acusados de perpetrar el asesinato de #DaphneCaruanaGalizia. Lea en el siguiente enlace la declaración completa que realizó hoy en el tribunal el abogado que representa a la familia de Daphne Caruana Galizia:
Bielorrusia: la ONU debe hacer más
En el mes de febrero continúo la represión contra medios independientes y activistas de la oposición y una coalición integrada por miembros de IFEX y otros grupos de derechos reclamó la liberación inmediata de todos los periodistas que han sido arrestados en Bielorrusia. Entre los integrantes de la prensa que están en la cárcel se encuentran las reporteras Katsiaryna Andreyeva y Daria Chultsova de la emisora Belsat, que a mediados del mes pasado fueron condenadas a dos años de prisión por el simple hecho de cubrir una protesta en noviembre de 2020.
#Bielorrusia Las valientes y talentosas periodistas Kaciaryna Andreeva y Daria Chultsova llevadas ante el tribunal. El juicio es hoy. Así se ven ahora [quienes son vistos como los] criminales más peligrosos de Bielorrusia. Tienen mucha fuerza y perseverancia. Hagamos todo lo que podamos para apoyarlas.
A mediados de mes, la policía también allanó oficinas de organizaciones de derechos y, en algunos casos, hasta los domicilios de sus integrantes. Entre los grupos objeto de estos allanamientos está un miembro local de IFEX, la Asociación Bielorrusa de Periodistas (BAJ). El presidente de BAJ, Andrei Bastunets, estuvo brevemente detenido mientras la policía registraba su oficina. También se impidió el ingreso a las instalaciones de la organización, lo que obstaculizó seriamente su trabajo.
Hacia fines de mes, en el 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su informe sobre la situación en Bielorrusia, en el que detalló las graves y reiteradas violaciones de derechos que se están cometiendo en ese país y formuló múltiples recomendaciones de reparaciones para las víctimas y mejora de la situación de derechos en general. En la sesión de diálogo interactivo ampliado, ARTÍCULO 19 y BAJ presentaron una declaración oral instando al Consejo a poner “en marcha mayores mecanismos de rendición de cuentas tendientes a recoger y preservar pruebas de delitos tipificados por el derecho internacional, y en definitiva, garantizar que los culpables respondan por sus crímenes”.
Enfoque de género
En febrero, la organización de derechos LGBTQI+ ILGA-Europa publicó la edición 2021 de su informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Europa y Asia Central. Su lectura resulta, por varias razones, desalentadora. Luego de señalar que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto “las muchas carencias en términos de las realidades que viven” las personas LGBTQI+ en toda la región, el informe da cuenta de una exacerbación del discurso de odio en el último año y advierte del estancamiento o retroceso en un número considerable de países en los cambios legislativos esenciales para lograr la igualdad.
Según el informe, el discurso de odio de políticos dirigido a personas LGBTQI+ ha aumentado en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Moldova, Polonia, Rusia y Turquía. En Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, también ha habido figuras religiosas que se han destacado por atacar verbalmente a las personas LGBTQI+, en muchos casos culpándolas de la COVID-19.
El informe también constató un crecimiento significativo de la oposición a los derechos de las personas trans, que está afectando negativamente el reconocimiento legal del género:
“Ha habido un retroceso en Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia y el Reino Unido y un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Alemania, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Suecia. En muchos de estos países, las fuerzas opositoras se han tornado más estridentes y sostienen que promover la protección de las personas trans ante la discriminación y fomentar su autodeterminación perjudicaría los derechos de las mujeres o ‘la protección de los menores’”.
El informe incluye breves capítulos sobre cada país de la región y su lectura es muy recomendable.
¡Ya salió el #InformeAnual2021! @ILGAEurope informa sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en 54 países europeos y centroasiáticos. Para más información y para descargar su ejemplar, visite: https://ilga-europe.org/annualreview/2021
CIVICUS publicó un interesante artículo este mes sobre la persecución de activistas de derechos de las mujeres en Polonia. Desde que el Tribunal Constitucional dictaminó el año pasado que el aborto en casos de anomalías fetales graves e irreversible era inconstitucional, los grupos de mujeres han estado protestando la decisión manifestándose a través de la Huelga Nacional de Mujeres. La decisión del Tribunal, que en la práctica supone la prohibición casi absoluta del aborto en Polonia, entró en vigor en enero de 2021. La policía ha respondido muchas veces con dureza a la Huelga de Mujeres y, en ocasiones, hasta con violencia. El artículo de CIVICUS informa que al menos 150 personas han sido detenidas en conexión con las manifestaciones y que Marta Lempart, una de las cofundadoras de la Huelga de Mujeres, ha sido acusada de “insultar a un agente de policía”, “causar un riesgo epidemiológico”, “exaltar los actos de vandalismo contra iglesias” y “obstruir maliciosamente” ceremonias religiosas. Si es encontrada culpable, podría enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión.
A fines de febrero, Lempart se dirigió al Parlamento Europeo e instó a la Unión Europea a que tomara medidas y le exigiera a Polonia que respondiera por la guerra que libra contra los derechos de la mujer. Lempart fue vehemente y directa en su apelación:
“No pido que manifiesten su preocupación. No pido declaraciones. Exijo acciones.”
En el sitio web del Parlamento Europeo puede verse el video de su intervención.
Hillary Margolis, de Human Rights Watch, aporta información útil para contextualizar el discurso de Lempart y la vacilación de la Unión Europea a la hora de tomar medidas firmes contra Polonia en este tema.
