El editor de Asia y el Pacífico de IFEX explica cómo las recientes manifestaciones ciudadanas y la oposición contra los autoritarios digitales en Asia pueden enseñarnos qué debemos hacer para apoyar a los movimientos en pro de la democracia en la región y las campañas por los derechos humanos.
Temas: espacio cívico, derecho a la información, seguridad y justicia, libertad de expresión en línea, diversidad, igualdad e inclusión
Desde enero del 2021 nuestra región ha sido testigo de un surgimiento fenomenal de protestas masivas que han tenido un apoyo amplio y con las que se intenta ponerle resistencia a las estrategias que buscan eliminar las reformas democráticas que se han logrado en sus países. Los gobiernos han respondido con la supresión del derecho a la información, imponiendo fuertes restricciones en el espacio cívico y haciendo hincapié en ofensivas legales brutales en contra de las fuerzas opositoras. La pandemia, por su parte, se volvió también una excusa para llevar a cabo fuertes represiones y regulaciones represivas en países donde la democracia se está debilitando.
Esto nos lleva a preguntarnos ¿Pueden los movimientos locales de resistencia a lo largo de la región aprender los unos de los otros para oponerse a los ataques contra los derechos civiles y la libertad de expresión? Y además ¿pueden estos movimientos de resistencia traducirse en cambios positivos y sostenibles?
Solidaridad y desobediencia
El golpe de Estado que dio el régimen militar de Myanmar el 1ro de febrero tuvo oposición inmediata y se enfrentó a un movimiento de desobediencia civil liderado por empleados gubernamentales y trabajadores de la salud. El movimiento alcanzaría pronto amplias dimensiones a nivel nacional reclamando la restauración de la democracia y continuó ganando apoyo incluso después de que la Junta Militar intensificara el uso de la violencia contra activistas y grupos antigolpistas.
Otra campaña masiva que ganó popularidad y se extendió durante meses fue la protesta de los campesinos en la India contra la introducción de leyes que pudieran remover subsidios y debilitar el sector de la agricultura
En Indonesia se organizaron protestas a lo largo de todo el país para oponerse al proyecto de ley ómnibus que pondría fin a protecciones laborales
Un movimiento liderado por los jóvenes desafió al gobierno de Tailandia –fuertemente apoyado por las fuerzas militares– para pedir reformas en la monarquía.
En Hong Kong, fuerzas en pro de la democracia que movilizaron dos millones de personas en 2019 contra las enmiendas a la ley de extradición, sufrieron los intentos de destruir la resistencia popular que venían apoyados desde Pekín. La #MilkTeaAlliance (o la alianza del té con leche) unió a los ciudadanos en línea contra los troles que apoyaban al gobierno chino y se convirtió en una plataforma para los movimientos democráticos para coordinar campañas y construir solidaridad en el este y el sureste de Asia.
Estos actos de solidaridad y de desobediencia crearon expectativas de una gran ola de revoluciones democráticas y reformas. Estas expectativas, no obstante, no han llegado a realizarse.
La respuesta de los gobiernos
La sangrienta supresión de la resistencia antigolpista por parte de la junta de Myanmar constituye un ejemplo de respuesta particularmente extremo a las revueltas populares. Sin embargo, esta ha sido la primera opción de líderes intolerantes durante la pandemia frente a protestas ciudadanas.
El acceso a Internet ha sido severamente restringido y completamente bloqueado durante acciones importantes de protesta. Hay medios independientes que han sido prohibidos y periodistas que han enfrentado cargos criminales simplemente por hacer su trabajo.
Se usaron leyes venidas de la era colonial para acosar quienes critiquen a las autoridades. Se han llevado a cabo nuevas regulaciones para arrestar activistas y levantar cargos inventados contra los líderes electos. Las fuerzas de seguridad se han mostrado particularmente violentas en los últimos meses arrestando, e incluso asesinando, a personas sospechosas de dar información y apoyar activistas antigolpistas.
La situación en la India es más o menos la misma en la intención, aunque un poco menos violenta en la implementación. Además de los cortes a Internet que tienen lugar en Jammu y en Cachemira, otras partes de la India han sufrido también apagones de Internet cada vez que las autoridades lo consideran apropiado. Las leyes se han usado como arma para amenazar a críticos. Las nuevas Regulaciones para la Tecnología de la Información que entraron en vigor en mayo podrían significar el fin de servicios de encriptación.
Desde el 2020, el uso arbitrario de leyes represivas se ha llevado a cabo con la excusa de contener un recrudecimiento de la pandemia. Hay periodistas que han sido acusados de incitación y desinformación por publicar reportes criticando la respuesta del gobierno a la pandemia. Las autoridades han expandido el miedo al criminalizar la oposición o demonizarla diciendo que es una amenaza a la salud pública y a la seguridad.
Los líderes de movimientos activistas que se volvieron prominentes en Hong Kong durante el 2019 y en Tailandia durante el 2020 fueron sentenciados este año con leyes designadas para limitar la libertad de expresión. A pesar de la pandemia, China le dio prioridad a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que prácticamente termina con la autonomía y la libertad de prensa de Hong Kong.
En Tailandia las autoridades revivieron el uso de la Sección 112 del Código Penal (Lesa majestad, o el insulto antimonárquico) para arrestar y encarcelar a jóvenes activistas.
Dicho de otro modo, los gobiernos han sido consistentes en usar como pretexto la pandemia para imponer estados de emergencia y finalmente restringir la información. También han legislado leyes draconianas, han prohibido la libre asamblea o reunión y han puesto a la oposición al margen. Todo esto, como último objetivo, buscó acallar las revueltas. Entonces, ¿es la resistencia un esfuerzo inútil?
¿Qué aprendimos?
En primer lugar: la aparición de movimientos masivos en pro de la democracia, a pesar de todas las tácticas que hayan usado los regímenes autoritarios para amedrentarlos, es en sí misma una victoria. El hecho de que hayan podido resistir ataques sin cuartel de las fuerzas del Estado en el último año es un también un logro notable, uno que además indica lo profundo de sus raíces y lo amplio del apoyo con el que cuentan.
Sus experiencias, sus ganancias y sus pérdidas, son también un terreno fértil para el aprendizaje. ¿Qué lecciones podemos aprender a partir del monitoreo que hemos hecho de la región? Tomemos en cuenta los tres pilares temáticos del plan estratégico de la red de IFEX ¿Cómo podemos fortalecer el trabajo que se ha hecho para mantener el derecho a la información, abrir y proteger el espacio cívico y mejorar la seguridad y la justicia?
Legislar las reformas
Ya sabemos que los regímenes autoritarios se apoyan en una serie de leyes y regulaciones que cuentan con provisiones hechas para debilitar la libertad de expresión. Durante la pandemia se adoptaron nuevas medidas para ampliar el alcance de las restricciones. Mientras estas leyes continúen teniendo efecto, las autoridades pueden desplegarlas contra activistas, críticos, figuras de la oposición, ciudadanos en línea y periodistas.
Aparte de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y la sección 112 en Tailandia, las leyes más controversiales y draconianas de la región incluyen la sección 66(d) de la Ley de Telecomunicaciones del 2013 en Myanmar; el artículo 117 del Código Penal, que castiga a quienes publiquen propaganda en contra del Estado; la sección 233 (1)(a) de la Ley de Comunicaciones y Multimedios en Malasia; la ley de seguridad digital de Bangladesh y la Ley de Prevención contra el terrorismo de Sri Lanka.
Los Parlamentos y las Cortes pueden ser apeladas para que estas leyes sean revocadas. Algunas incluso pueden probar ser anticonstitucionales.
Después de la derrota del partido de gobierno de Malasia en 2018, el nuevo gobierno prometió reformar leyes de este tipo. En el momento más fuerte de las protestas lideradas por los estudiantes en 2020, las autoridades tailandesas se retuvieron en el uso de la Ley de Lesa Majestad. Estos ejemplos muestran por qué es crucial mantener la presión política e insistir para que se hagan reformas legislativas. Un movimiento político fuerte apoyado por acciones ciudadanas directas pueden traducirse en poder suficiente para lograr cambios en el ejercicio del gobierno.
Es esencial también ser proactivos: construir un consenso amplio para avanzar nuevas leyes y políticas públicas que fortalezcan y promuevan los derechos digitales y la libertad de los medios, en vez de simplemente oponerse a políticas hechas por servidores públicos que podrían estar actuando bajo la impresión de que la única manera de proteger los derechos de los ciudadanos en línea sea vigilar el Internet.
Hacer que la información se mantenga accesible, abierta y segura
Hemos visto una y otra vez políticas gubernamentales y acciones que buscan que los ciudadanos no intercambien o compartan información, hechos que las autoridades igualan a la incitación y a la desestabilización.
La India, por ejemplo, es líder mundial de los apagones de Internet y estos son muchas veces puestos en marcha sobre la base de estrategias poco claras y engañosas. Las órdenes para las disrupciones de Internet fueron dadas incluso durante la pandemia, lo que hizo que los ciudadanos no tuviesen acceso a información vital sobre la salud durante ese período. Cuando la India pasó por una fuerte ola de COVID-19 este año, las autoridades empujaron a las compañías de tecnología a bloquear cuentas en redes sociales que, según decían, estaban difundiendo desinformación. Twitter se rehusó y eso enfureció al gobierno.
La pandemia se usó repetidamente como pretexto para censurar el Internet y varias aplicaciones, como Tik Tok, a las que se acusó de promover contenido ilegal. Sin embargo, las cuentas que estaban en la lista negra incluían aquellas llevadas por activistas, periodistas y grupos políticos conocidos por criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Nada sorprendente.
Mientras tanto Facebook y WhatsApp se oponen a las nuevas reglas digitales que, según ellos, violaría la privacidad de los usuarios.
Otro modo en que las autoridades están controlando la narrativa es dominando los medios. En Myanmar los periódicos que le pertenecen al gobierno son los únicos aún operativos después del golpe de Estado. En Hong Kong, redadas y arrestos forzaron el cierre del Apple Daily, un periódico independiente propiedad del magnate de los medios Jimmy Lai, a quien también arrestaron y sentenciaron por su rol en las protestas de 2019. La independencia editorial del medio RTHK también ha sido lentamente erosionada. En Pakistán incluso las personalidades conocidas en los medios han sido suspendidas por criticar a las fuerzas militares.
Es necesario un apoyo que sea tanto unido como amplio para denunciar los apagones de Internet, mejorar su acceso y exigirle a las compañías de tecnología que no sean cómplices de dictaduras digitales, que apoyen medios libres e independientes.
Cada vez que un apagón de Internet es ordenado por el gobierno de la India, organizaciones de la sociedad civil como SFLC.in –que es también miembro de la red de IFEX– ha hecho buen uso de la decisión de la Corte Suprema, según la cual el acceso a Internet es un derecho.
Los grupos de la sociedad civil deben continuar exhortando a las compañías de Silicon Valley a que se comprometan y tomen el rol que les corresponde en impedir a los autoritarios digitales que usen el Internet como un instrumento de control y de opresión. Más específicamente, las compañías tecnológicas deben asegurar la seguridad y la privacidad de los ciudadanos que cuentan con tecnologías digitales para promover y defender reformas democráticas.
Mientras la desinformación continúa plagando el Internet, los periodistas proveen información verificada que ayuda a mejorar el discurso. En vez de apagones de Internet, la verdadera estrategia contra la desinformación es el apoyo a medios robustos e independientes, reforzados por proyectos de verificación de datos que sirvan para corroborar la información.
La campaña en pro de medios independientes incluye la protección de periodistas que enfrentan amenazas y violencia por hacer su trabajo. Sobre este asunto particular se han volcado las mujeres periodistas de Pakistán, que se unieron para denunciar la violencia en línea y los ataques de troles venidos del gobierno.
Contrarrestar la narrativa de la “injerencia extranjera”
Los cargos por traición generalmente carecen de base, pero puede restringir efectivamente, e incluso cortar los lazos que los movimientos locales en pro de la democracia puedan tener con instituciones globales de defensa de derechos humanos. Los gobiernos despotricarán sin descanso sobre conspiraciones extranjeras siempre y cuando contribuya a su supervivencia política.
Ya vimos a los oficiales chinos insistir sobre la idea de que las protestas de Hong Kong fueron instigadas por poderes occidentales. Acusaron legalmente a líderes demócratas por “coludir con fuerzas extranjeras” bajo la Ley de Seguridad Nacional, incluyendo aquellas personas que tan solo hablaron con medios extranjeros. Los líderes de la junta de Myanmar bailan al mismo son al desestimar la resistencia contra el golpe de Estado. En Camboya, los políticos de la oposición fueron acusados de traición por cooperar, supuestamente, con extranjeros a fin de impulsar una “revolución de color”. Recientemente, el gobierno de Filipinas describió los esfuerzos para examinar los asesinatos relacionados con el tráfico de drogas ante la Corte Penal Internacional como una intervención extranjera “con motivos políticos”.
Los Estados necesitan que se les recuerde que tienen obligaciones internacionales. Estos recordatorios no pueden ser rechazados diciendo que son intervenciones extranjeras.
Quienes lideran la sociedad civil necesitan continuar con estos esfuerzos y amplificarlos para que los gobiernos respeten y se adhieran a los mecanismos de las Naciones Unidas.
Más arriba apuntaba cómo la retórica de la “interferencia occidental” es menos accesible a los gobiernos cuando las acciones de solidaridad se dan directamente entre las personas. Un ejemplo extraordinario de esto fue el “salón regional” que llevaron a cabo organizaciones populares del Sudeste Asiático que exigieron el fin del mandato de la junta y la restauración del liderazgo civil en Myanmar. Otra iniciativa encomiable fue la #MilkTeaAlliance, una cooperación creativa entre ciudadanías en línea de varios países del Este de Asia comprometidas con un camino hacia la transición democrática en sus sociedades.
Asistencia sostenida y entrenamiento en medio de ataques legales
Las duras sentencias contra líderes demócratas en Hong Kong y Tailandia este año marcaron una intensa ofensiva legal que puede ser adoptada en otros países. Es algo que debe alertar a grupos de defensa de derechos humanos para que redoblen sus esfuerzos en proveer asistencia legal y entrenamiento a activistas, estudiantes, periodistas, artistas, grupos de oposición y comunidades amenazadas con ataques venidos desde el Estado.
Es necesario fortalecer la capacidad de grupos locales para ayudar a refugiados y a grupos étnicos minoritarios, que son comunidades vulnerables, para que puedan enfrentarse a cargos falsos.
La encarcelación en masa de activistas en países como Myanmar también es indicativa de la necesidad de expandir el trabajo de grupos que promueven la liberación de prisioneros de consciencia.
Un reto mayor al hacer todo esto es llevar a cabo el entrenamiento necesario y el desarrollo de capacidades al mismo tiempo que se tienen en cuenta las restricciones de confinamientos puestos en marcha para controlar la pandemia. El COVID-19 obligó a muchos grupos comunitarios y ONGs a llevar su trabajo de defensa al espacio en línea, algo que requiere una reevaluación continua de los métodos que se adoptan para llevar a cabo su misión.
Modelar buenas prácticas
Las campañas contra los regímenes autoritarios han expuesto una respuesta militarizada a la pandemia que ha aumentado el abuso y que al mismo tiempo ha dejado comunidades vulnerables abandonadas a su suerte. Si bien algunos gobiernos se muestran insensibles e incompetentes en su gestión de la pandemia, hay aún oportunidades para que los movimientos organizados por la gente puedan presentar un mejor modelo de liderazgo.
Vimos cómo las acciones lideradas por la ciudadanía brindaron cuidados, servicios médicos, información sobre la salud y ayuda a comunidades con bajos recursos. En la India, tanto activistas como la ciudadanía en línea recurrieron a las redes sociales para reunir información crítica sobre la salud, información clave para salvar vidas durante la escalada de COVID-19. Un movimiento basado en comunidades que proveía víveres le dio ayuda y esperanza a varias comunidades afligidas por el hambre en Filipinas. En Malasia, la campaña #BenderaPutih (bandera blanca), liderada por grupos comunitarios, movilizó al público para apoyar a personas que necesitaron ayuda durante el confinamiento.
Iniciativas como estas reconocen la realidad de la pandemia y cómo ha trastornado tantas vidas. También nos recuerdan que las campañas por los derechos democráticos deben intentar ocuparse de las necesidades de las personas, especialmente aquellas que son abandonadas por causa de su raza, religión, género y clase social.
A modo de cierre
Desde el año pasado las impresionantes protestas en pro de la democracia en Asia han tenido lugar con una mortífera pandemia como telón de fondo. Quienes protestaron denunciaron, con razón, regímenes autoritarios que usaron la emergencia sanitaria para consolidar su poder y legitimar políticas represivas.
La pandemia no ha terminado, continúa sembrando estragos en todo el mundo mientras entramos en la mitad del 2021. El contexto es incierto y oscuro, y los regímenes autoritarios continúan aferrándose tercamente al poder a través de la impunidad y la violencia. La sociedad civil, los medios, los políticos, los activistas individuales y la ciudadanía comprometida, no obstante, los están desafiando.
Si la nueva normalidad de estos países ha de estar anclada en la idea de garantizar libertad de expresión, derechos humanos, igualdad y una democracia inclusiva; entonces estos grupos –y aquellos que, como nosotros, los apoyan– deberán continuar construyendo solidaridad y hacer valer los aprendizajes y las experiencias de aquellos que están más allá de sus fronteras.
IFEX impulsa el cambio a través de una red diversa e informada basada en organizaciones sólidas, conexiones significativas entre los miembros y relaciones estratégicas con aliados externos. Los tres pilares de nuestro enfoque para promover y defender el derecho a la libertad de expresión e información son: garantizar el derecho a la información, habilitar y proteger el espacio cívico y mejorar la seguridad y la justicia.
