Julio en Europa y Asia Central: un resumen de noticias clave sobre la libertad de expresión realizado por el editor regional de IFEX Cathal Sheerin, sobre la base de informes de los miembros de IFEX y noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
“Su objetivo era que muriera en prisión y lo lograron”
El 25 de julio de 2020, el activista por los derechos humanos y periodista de investigación Azimjon Askarov murió en prisión. Askarov, de 69 años, era uno de los presos políticos más famosos de Asia Central y estaba en la cárcel desde 2010 cuando fue detenido, torturado y condenado por cargos falsos.
@MihraRittmann
Murió en prisión anoche Azimjon Askarov, 69 – esposo, padre, abuelo, defensor de los derechos humanos, periodista, artista. Lloro por su esposa, Khadicha opa, a quien ni siquiera se le permitió verlo en los últimos meses, y por su familia. Descansa en paz y en poder, Azimjon aka.
Askarov dedicó su labor periodística de investigación a exponer la corrupción y eso le valió muchos enemigos. Pero fue su trabajo de documentación del conflicto interétnico de Kirguistán en 2010 – y el papel de los policías de origen kirguís en la persecución de civiles uzbekos – lo que llevó a su detención. A raíz de ello fue acusado falsamente de complicidad en la muerte de un oficial de policía y condenado tras un juicio injusto. Las múltiples apelaciones para revertir ese fallo fueron denegadas y finalmente, en mayo de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de cadena perpetua de Askarov.
Al momento de su muerte, Askarov padecía diversos problemas de salud. Varios miembros de IFEX, entre ellos PEN Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch, abogaron durante muchos años por su liberación. Pocos días antes de su muerte, Mihra Rittmann, de Human Rights Watch, publicó un artículo detallando el alarmante deterioro de salud de Askarov. Human Rights Watch venía exigiendo desde marzo la urgente liberación de Askarov ante el riesgo de contagio de COVID-19.
Al enterarse de la muerte de Askarov, Mihra Rittmann habló por muchos cuando dijo: “La responsabilidad de la muerte de Askarov recae plenamente sobre las autoridades de Kirguistán … Tuvieron innumerables oportunidades para poner fin a su injusto encarcelamiento, pero una y otra vez optaron por ignorar su deber. Su objetivo era que muriera en prisión y lo lograron.”
Condenas por terrorismo y una ley para regular las redes sociales
En Turquía se sigue reprimiendo la libertad de expresión, tanto fuera de línea como en línea.
El 29 de julio, el parlamento turco aprobó una ley que da a las autoridades mayor control sobre las redes sociales. El proyecto de ley ya había recibido fuertes críticas de miembros de IFEX debido al poder que quedaría en manos del Estado turco para censurar la libre expresión en línea.
La ley que finalmente se aprobó establece los siguientes requisitos: las compañías de redes sociales deberán tener una oficina y representantes en Turquía para responder ante cualquier reclamación referida a su contenido (las compañías que se nieguen a cumplir este requisito serán pasibles de multas muy elevadas, prohibiciones de publicidad y reducciones de ancho de banda); las compañías tendrán que retirar en un plazo de 24 horas cualquier contenido que se considere violatorio de los derechos personales y de privacidad, de lo contrario deberán pagar una indemnización; las compañías deberán también almacenar localmente los datos de los usuarios de Turquía y dichos datos deberán estar disponibles para ser usados en procesos judiciales. Como advirtió un legislador de la oposición, el “hecho de que las autoridades estatales puedan acceder fácilmente a la información privada de las personas será un factor disuasivo para los usuarios de las redes sociales”.
(A modo de contexto: en 2019, las autoridades turcas bloquearon el acceso a 130.000 direcciones URL, 7.000 cuentas de Twitter, 10.000 videos de YouTube y 6.251 publicaciones de Facebook; y los proveedores de contenido eliminaron publicaciones de más de 50.000 direcciones ante órdenes de bloquear acceso.)
A mediados de julio, Deniz Yücel, corresponsal en Turquía del diario alemán Die Welt, fue condenado in absentia, acusado de “difundir propaganda de una organización terrorista”. Fue sentenciado a dos años, nueve meses y 22 días de prisión. También se lo acusaba de “incitación al odio y la hostilidad”, pero fue absuelto de ese cargo. Las acusaciones se referían a artículos que Yücel había publicado en 2016 sobre el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el movimiento liderado por Fethullah Gülen, clérigo radicado en Estados Unidos. Yücel fue detenido en febrero de 2017 y estuvo un año tras las rejas hasta que fue liberado bajo fianza en febrero de 2018.
A principios de julio, el absurdo juicio contra 11 defensores de los derechos humanos acusados de terrorismo (también conocidos como los #10deEstambul más Taner Kiliç) concluyó con la condena de cuatro de los imputados. El presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión; İdil Eser, exdirector de Amnistía Internacional en Turquía, Günal Kuşun, miembro de Human Rights Agenda Association en Ankara, y Özlem Dalkıran, miembro de la ONG Citizens’ Assembly, recibieron penas de dos años y un mes cada uno. Los otros siete acusados fueron absueltos.
@MilenaBuyum
Indignante veredicto en el juicio de #Buyukada – 4 de los 11 acusados son condenados en un caso que nunca debió iniciarse. Es un día vergonzoso y un veredicto que solo puede calificarse de parodia de la justicia, aunque no se tenga más que un conocimiento superficial del caso.
Enfoque de género
En Polonia, el ministro de justicia Zbigniew Ziobro anunció el 25 de julio en conferencia de prensa que iniciaría el procedimiento para retirar al país del Convenio de Estambul (un tratado europeo sobre violencia contra las mujeres). Se trata de un nuevo ataque del gobernante Partido de Ley y Justicia (PiS), de extrema derecha, a la llamada “ideología de género” (un término despectivo utilizado por el PiS para referirse a los derechos del colectivo LGBTQI+, los derechos de las mujeres y los derechos a la salud reproductiva). En respuesta a este anuncio, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Ponente General sobre Violencia contra las Mujeres y los ponentes adjuntos sobre el seguimiento de Polonia emitieron una declaración. Luego de señalar que el Convenio ha sido tergiversado intencionalmente con fines políticos, instan a Polonia a no retirarse y afirman que su retiro “representaría un importante retroceso en el respeto por los derechos humanos en el país”.
Open Line, una organización benéfica de Kirguistán, desarrolló una aplicación para enseñar a las mujeres jóvenes a defenderse de la práctica ilegal del rapto de la novia. La aplicación funciona como un juego de rol y ya ha sido descargada por 10.000 usuarias. Se estima que en Kirguistán el 15 % de las mujeres menores de 24 años son obligadas a contraer matrimonio. Mira el video corto de Radio Free Europe/Radio Liberty sobre la aplicación:
@RFERL
Han secuestrado a tu amiga para obligarla a casarse: ¿qué haces?
En el Reino Unido, el gobierno anunció en julio que “estudiaría todas las opciones para terminar con la práctica de “terapia de conversión” de personas LGBT (una pseudoterapia ineficaz con consecuencias psicológicas perjudiciales). El gobierno conservador le ha dado muchas largas a este asunto; hace más de dos años que anunció que se prohibiría la práctica.
En los Países Bajos, los indicadores de género en los documentos de identidad pronto serán cosa del pasado. Según explica Human Rights Watch, la decisión toma en cuenta el riesgo de acoso y discriminación que puede suponer para las personas declarar su género en los documentos; también se basa en parte en el “reconocimiento que [los indicadores de género] no contemplan a las personas no binarias y que incluso los procedimientos de reconocimiento legal de género que respetan los derechos imponen presiones a las personas trans para que cambien proactivamente sus indicadores de género”.
En Rusia, la activista LGBTQI+ Yulia Tsvetkova fue condenada a pagar una multa de 75.000 rublos (US$ 1.000) por publicar en internet imágenes de familias LGBTQI+ felices. Se la acusó de difundir “propaganda gay”, que en los hechos se considera que incluye cualquier representación positiva de la vida de las personas LGBTQI+. Esta es la tercera vez que Tsvetkova es blanco de la ley anti “propaganda gay” que está vigente desde 2013.
En breve
En Belarús, las elecciones presidenciales están previstas para el 9 de agosto. El actual presidente, Lukashenko, lleva 26 años en el poder y ostenta un largo historial de trato despiadado hacia toda oposición, llegando incluso muchas veces a encarcelar a los candidatos que le disputan el poder o prohibirles que integren listas de votación (como sucedió este mes). En los últimos dos meses, cientos de personas han sido arrestadas en protestas pacíficas que reclamaban un cambio democrático. La represión alcanza a periodistas independientes y blogueros, y numerosos reporteros han sido golpeados por la policía en manifestaciones. La Asociación Bielorrusa de Periodistas publica actualizaciones periódicas en su sitio web y este mes hizo un llamado a poner fin a la persecución de periodistas.
En Hungría, la prensa independiente sufrió otro duro golpe en julio con el despido de Szabolcs Dull, jefe de redacción de Index.hu, el portal de noticias independiente más grande del país. Desde hace un tiempo los aliados del Primer Ministro Orbán vienen comprando más y más medios húngaros y a principios de este año un empresario partidario del gobierno adquirió un control significativo sobre la financiación de Index.hu. El mes pasado, Index.hu manifestó públicamente que su independencia estaba en peligro debido a presiones externas. El 24 de julio, el consejo editorial y más de 70 miembros del personal renunciaron en protesta por el despido de Dull.
@katka_cseh
Desgarrador ver a editores, periodistas y personal de @indexhu renunciando en masa en protesta contra el despido por motivos políticos de su jefe de redacción. Europa, ¿otra vez nos darás la espalda y no harás nada? Gente de Budapest: nos vemos en la marcha. 18hs., Plaza Puskas
Foto JanosBodey
En Malta, Melvin Theuma, testigo clave en la investigación del asesinato de la periodista Daphne Caurana Galizia en 2017, debió ser trasladado de urgencia al hospital luego de acuchillarse a sí mismo en el cuello y otras partes del cuerpo. Los informes de prensa sugerieron que la autoagresión de Theuma estuvo motivada por remordimiento y temor de que no se estuviera tomando en serio su testimonio. Theuma actuó como intermediario en el asesinato de Caruana Galizia y testificó contra sus cómplices a cambio de un indulto presidencial en 2019.
A principios de julio, el Reino Unido puso en marcha su régimen de sanciones en materia de derechos humanos. Al igual que la Ley Magnitsky, este régimen se usará para perseguir a violadores internacionales de los derechos humanos mediante la congelación de sus activos y la prohibición de ingreso al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores también dio a conocer la lista inicial de personas que serán sancionadas, en la que figuran 25 ciudadanos rusos involucrados en el maltrato y muerte del abogado tributario Sergei Magnitsky y 20 ciudadanos sauditas implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Estambul.
En Rusia, de los muchos atentados contra la libertad de expresión cometidos este mes se destacan dos por sus connotaciones de “crimen de pensamiento”. Uno de ellos es el caso de la periodista Svetlana Prokopyeva, que fue condenada por el delito de “justificación del terrorismo” por especular sobre los motivos de un terrorista suicida (se le impuso una multa de aproximadamente US$ 7.000). El otro es la condena del historiador Yury Dmitriev con una pena de tres años y medio de prisión por un cargo infundado de pornografía infantil. La opinión generalizada es que Dmitriev fue acusado como represalia por una investigación suya sobre masacres de la época de Stalin.
Este mes, dos viejos enemigos de la libertad de prensa, Azerbaiyán y Tayikistán, impidieron que se renovara el mandato de Harlem Désir como Representante de la OSCE sobre la Libertad de los Medios, provocando indignación en toda la región y entre miembros de IFEX y otros defensores de derechos. La designación del representante debe ser aprobada por consenso por todos los miembros de la OSCE.
@rebecca_vincent
Azerbaiyán y Tayikistán – los países con el peor historial de libertad de prensa de la región de la OSCE (aparte de Turkmenistán) – han logrado bloquear la redesignación de @harlemdesir como @OSCE_RFoM. Vergonzoso. Hilo corto.
@NorwayOSCE elogia la labor de @OSCE_RFoM durante su mandato y lamenta que los 57 estados de la @osce no se pusieran de acuerdo para renovarlo.
