Se alienta a las personas a unirse a 200 organizaciones que apoyan la adopción de 13 principios básicos que aplican la legislación existente sobre derechos humanos a la vigilancia digital moderna.
Translation by Rámiro Álvarez, Asociación por los Derechos Civiles – ADC
El derecho internacional de los derechos humanos impone límites a las actividades de vigilancia de Internet que emprenden los Estados. La ADC firmó un documento al que adhirieron – hasta el momento – alrededor de 200 organizaciones globales que sistematiza esos estándares y marca una agenda de defensa del derecho a la privacidad en la era digital.
De un tiempo ahora se ha vuelto necesario actualizar la forma en que entendemos al derecho internacional de los derechos humanos para dar cuenta de las nuevas tecnologías y técnicas de la vigilancia. La urgencia de esta tarea se ve demostrada por las recientes revelaciones que confirman la vigilancia masiva de individuos inocentes de todo el mundo.
Para acercarnos a ese objetivo, nos complace presentarles los Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia de las Comunicaciones. Los principios articulan las obligaciones que los Estados deben cumplir al aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en la era digital y la vigilancia de las comunicaciones. Los principios se refieren a un creciente consenso global que indica que la vigilancia moderna ha ido demasiado lejos y debe ser restringida. Los principios también ofrecen parámetros que todas las personas alrededor del mundo pueden utilizar para evaluar sus sistemas jurídicos y promover cambios y reformas legales.
Estos principios son el resultado de más de un año de consultas entre la sociedad civil, expertos en privacidad y tecnología (leer aquí, aquí, aquí y aquí). Los principios han sido co-firmados por más de ciento diez organizacinoes de todo el mundo. El proceso fue liderado por Privacy International, Access, y la Electronic Frontier Foundation.
El lanzamiento de los principios llega luego de un histórico reporte del Relator Especial de las Naciones Unidas del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión que documenta el avance de las actividades de vigilancia estatales sobre las comunicaciones, señalando que ello afecta severamente el derecho de los ciudadanos a su privacidad, a expresarse libremente y a disfrutar de otros derechos humanos. Recientemente, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nivay Pillay, enfatizó la importancia aplicar los estándares de derechos humanos y las salvaguardas que ofrecen los sistemas democráticos a las actividades de vigilancia y lucha contra el crimen:
“Mientras que las preocupaciones que surgen de las cuestiones vinculadas a la seguridad nacional o a la actividad criminal pueden justificar el excepcional y restringido uso de programas de vigilancia, su desarrollo sin suficientes garantías para proteger el derecho a la privacidad podrían impactar negativamente en el disfrute de los derechos humanos y de libertades fundamentales.”
Los principios serán invocados por grupos y organizaciones de todo el mundo para promover cambios en la forma en que se interpretan las leyes de vigilancia vigentes y cómo se diseñan las leyes futuras. Llamamos a los activistas por el derecho a la privacidad, a las organizaciones de derechos humanos, a los académicos y a otros miembros de la sociedad civil a apoyar los principios añadiendo su firma a los mismos. Para firmar, enviar un correo a rights at eff.org, o llena los datos del formulario:
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Los Principios Internacionales de Derechos Humanos sobre Vigilancia de las Comunicacioneswas fue escrito colaborativamente por organizaciones de privacidad y activistas de todo el mundo, incluyendo Access, Article 19, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los Derechos Civiles, Association for Progressive Communications, Bits of Freedom, Center for Internet & Society India, Comision Colombiana de Juristas, Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights, Fundación Karisma, Open Net Korea, Open Rights Group, Privacy International, and the Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic. Además, también queremos dar las gracias a IP Justice, SHARE Foundation – SHARE Defense and Instituto NUPEF por su ayuda conectando grupos en distintas partes del mundo.
