Las llamadas leyes y prácticas de "dinero de sangre" pueden ofrecer una ruta más rápida hacia un umbral mínimo de justicia, pero los expertos legales advierten que también pueden conducir a graves abusos y permitir que continúe el ciclo de asesinatos.
Esta es una traducción del artículo original.
Desde 2002, ha habido 241 casos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados, agredidos, secuestrados, arrestados o detenidos en todo Pakistán. La capital federal Islamabad ha sido catalogada como el lugar más peligroso para los periodistas, con 32 casos de ataques solo en 2018. PPF ha descubierto que al menos 72 periodistas fueron asesinados en conexión directa con su trabajo. Solo cinco casos han concluido exitosamente en una condena, mientras que la gran mayoría de los casos languidece en los tribunales, casos que luego son cerrados por no ser procesados. La situación refleja el poder financiero y político de los presuntos asesinos, que logran evitar rendir cuentas. En última instancia, esto conduce a un fracaso en la búsqueda de justicia para los periodistas asesinados.
Naturalmente, se insta a las autoridades a poner fin a la impunidad mediante la aplicación de mecanismos que disuadirán los asesinatos y protegerán a los periodistas. Después de todo, ellos son los que tienen el mandato y los recursos para perseguir a quienes atacan a los periodistas y socavan la prensa libre.
Pakistani journo Shan Dahar was shot 1/1/14 & died unattended in hospital. 2years on no-one has been brought to justice. Why? #noimpunity pic.twitter.com/mPdkpdzL5w
— Globe International (@globeinternat) November 1, 2017
El periodista paquistaní Shan Dahar recibió un disparo el 1/1/14 y murió desatendido en el hospital. Dos años en que nadie ha sido llevado ante la justicia. ¿Por qué? #NoMásImpunidad
Pero también hay una tendencia preocupante de asesinatos en los medios de comunicación que se han resuelto a través del principio de Qisas (igual castigo) y Diyat (compensación).
Mal uso de Qisas y Diyat
Qisas y Diyat se introdujeron en 1990 como ordenanzas locales que se convirtieron en ley en 1997. Qisas implica aplicarle el mismo daño corporal a un sospechoso que el que se le aplicó a una víctima. Diyat es la oferta de compensación o «dinero de sangre» a la víctima o su familia.
Diyat fue adoptado para respaldar el modelo islámico de justicia donde la reconciliación entre las familias del sospechoso y la víctima se puede hacer a través de una compensación. Se espera que este acuerdo ponga fin a la cultura de la venganza rechazando el modelo retributivo de la justicia. Además, le ofrece al sospechoso la oportunidad de expiar sus pecados.
El efecto de Diyat es apartar al Estado del proceso de determinación del destino de los sospechosos, al permitir que las personas asuman la responsabilidad principal en el manejo de un caso criminal. Ofrece una ruta más rápida para alcanzar un umbral mínimo de justicia, pero los expertos legales han advertido que también puede conducir a graves abusos con implicaciones sociales negativas. Esencialmente, «privatiza» el crimen, ya que el Estado se convierte en un mero «observador pasivo mientras que las personas toman decisiones independientes sobre si el asesinato de ciudadanos debe ser castigado, perdonado o negociado».
Algunos críticos han señalado que, si bien la base filosófica de Diyat puede ser considerada como algo noble, permitir que los individuos en una sociedad no equitativa actúen como árbitros de la justicia, puede causar «caos moral» y «mal funcionamiento legal».
Algunos afirman que ha causado un aumento de asesinatos en Pakistán después de su adopción en el sistema legal del país. Un estudio independiente también mostró que las tasas de condena de la Corte Suprema por casos de asesinato disminuyeron dramáticamente de 79% en 1984 a 35% en 2000. En 2013, la Corte Suprema de Pakistán expresó su alarma por el aumento en el número de casos de asesinato donde las partes decidieron llegar a un «compromiso».
Otra crítica contra el Diyat es que ha creado un sistema de justicia de dos niveles, donde aquellas personas pobres y sin poder están sujetas a la fuerza de la ley, pero donde los ricos e influyentes pueden pagar por su libertad.
También se le ha atribuido la creciente incidencia de asesinatos por honor que victimizan a las mujeres acusadas de faltarle el respeto a sus esposos y familias.
Qué lamentable que un mecanismo tradicional que se introdujo para poner fin al ciclo de violencia termine haciendo que las vidas de los pobres, especialmente las mujeres, sean más vulnerables a los ataques y otras acciones criminales.
El «dinero de sangre» y los asesinatos de miembros de los medios de comunicación
El «dinero de sangre» también ha hecho más difícil condenar a presuntos asesinos de periodistas. PPF ha documentado al menos cuatro casos en que los asesinatos relacionados con miembros de medios de comunicación se han resuelto luego de que las familias de las víctimas perdonaran a los asesinos a cambio de «dinero de sangre».
Por ejemplo, la familia del periodista asesinado Sajid Tanoli perdonó al asesino acusado en 2006 después de que este último pagara con «dinero de sangre» unas 2.5 millones de rupias ($ 23,800 dólares americanos). El acusado es un abogado y un Nazim (alcalde), cuyo supuesto negocio ilegal de licor fue expuesto por Tanoli en 2004.
Otro caso que se resolvió a través del «dinero de sangre» involucró al periodista Ameer Bux Brohi, quien fue asesinado en 2003 después de escribir sobre abusos cometidos por la policía y agentes de terratenientes en la ciudad de Shikarpur en la provincia de Sindh. Su familia perdonó a los acusados en 2015 al aceptar «dinero de sangre». El caso de Brohi se resolvió a través del sistema tradicional Jirga, donde los ancianos de las tribus resuelven casos como los asesinatos.
PPF ha enfatizado que, si bien la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Sindh ya habían declarado que el Jirga era ilegal, la práctica sigue siendo implementada por tribus en todo el país.
Today marks the fifteenth death anniversary of journalist Ameer Bux Brohi. Brohi was shot dead on 3rd October 2003 in Shikarpur, Sindh. Impunity prevails in his murder as so many others #EndImpunity #JournoSafe #FallenHeroes pic.twitter.com/9cQKGGADYR
— MediaForDemocracy (@mmfd_Pak) October 3, 2018
Hoy se cumple el decimoquinto aniversario de la muerte del periodista Ameer Bux Brohi. Brohi fue asesinado a tiros el 3 de octubre de 2003 en Shikarpur, Sindh. La impunidad prevalece en su asesinato como en tantos otros #PonerFinALaImpunidad #PeriodistasSeguros #HéroesCaídos
La familia del reportero asesinado Shahid Soomro también llegó a un acuerdo con el asesino acusado, quien pagó 1.6 millones de rupias ($ 15,240 dólares americanos) para ser perdonado. Soomro fue asesinado en represalia por sus informes críticos durante la campaña electoral en Kandhkot, Sindh en 2002.
La oferta de «dinero de sangre» sigue siendo un obstáculo para PPF y otras organizaciones de libertad de prensa que hacen campaña para conseguir justicia legal en los casos de otros periodistas asesinados.
Una característica común en los casos resueltos a través del «dinero de sangre» ha sido el uso del dinero y el poder para presionar a las familias de las víctimas. En su informe de noviembre de 2018, PPF señala que la mayoría del personal de los medios de comunicación en Pakistán «no tiene el poder financiero o social para enfrentar a las personas poderosas que mataron o lastimaron a sus seres queridos».
La presión financiera ha obligado a muchas familias a llegar a un compromiso. Pero en muchos casos esta opción solo se hizo necesaria debido a un sistema de justicia lento e ineficiente, donde las familias luchan en vano por una resolución rápida de los casos. El «dinero de sangre» puede ofrecer una solución más rápida, pero el precio de llegar a un compromiso podría ser un error judicial.
Convicción antes que un compromiso
Para abordar el uso indebido del «dinero de sangre», especialmente por parte de los miembros más ricos y poderosos de la sociedad, hay una propuesta para validar esta práctica solo luego de que se haya emitido una condena judicial.
Los analistas legales también han aclarado que el Diyat no puede ser invocado en casos que causan fasad-fil-arz, (terror o caos) en la sociedad. Algunos incluso han insistido en que el hecho de que el Estado se retire del proceso de los casos de asesinato provoca en sí desorden. En cualquier caso, el principio de fasad-fil-arz rara vez se ha invocado en los tribunales.
En su informe de 2016, PPF ha argumentado que los asesinatos de miembros de los medios de comunicación deben tratarse como un crimen contra el Estado y, por lo tanto, no se debe permitir que sean resueltos por las familias o por los ancianos locales. «Los periodistas y otro personal de los medios de comunicación son atacados e incluso asesinados, no por animosidad personal, sino porque aquellos en posiciones de poder e influencia quieren evitar que información dañina para sus intereses llegue a un público más amplio a través de los medios».
¿Podemos hacer innecesario el «dinero de sangre»?
La mejor manera de desalentar a las familias de periodistas asesinados de llegar a un compromiso con «dinero de sangre» es demostrar que los tribunales y el gobierno pueden castigar a los criminales.
PPF ha propuesto la creación de un fiscal especial sobre la violencia contra los miembros de los medios de comunicación a nivel federal y provincial para investigar los casos de violencia dirigida contra periodistas.
La organización también ha sugerido que, además de una compensación por parte de los empleadores y el gobierno, se deberían reservar fondos para las familias de periodistas asesinados o heridos. Esto aliviaría en parte la carga financiera de las familias que, de lo contrario, podrían sentirse obligadas a aceptar «dinero de sangre».
Las compañías de medios también deben trabajar para garantizar de manera consistente la seguridad de sus reporteros. La capacitación en seguridad y las pautas de seguridad deben estandarizarse y promoverse en las salas de redacción. Los periodistas que enfrentan amenazas serias deben tener la opción de trasladarse a lugares más seguros al tiempo que se cubren sus necesidades financieras. Los medios pueden coordinar con otras partes interesadas para identificar reubicaciones seguras en ciudades que pueden ofrecer refugio a periodistas cuyas vidas están en riesgo.
En resumen, el aceptar ofertas de «dinero de sangre» podría volverse innecesario si los periodistas estuvieran seguros, si existiesen leyes y regulaciones para su protección, si el proceso judicial fuera funcional y si el Estado trabajara activamente con los medios de comunicación y otras partes interesadas para defender la libertad de expresión.
