El informe bienal de la directora general de la UNESCO sobre La seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad revela que los dos últimos años fueron los más peligrosos para los medios.
Prahlad Goala era periodista. Empezó a recibir amenazas cuando publicó una serie de artículos en el periódico Asomiya Khabar que relacionaban a oficiales del servicio local forestal con el tráfico de madera en el distrito de Golaghat (India). El 6 de enero de 2006 salió de casa en motocicleta y fue aparentemente atropellado por un camión. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontraron su cuerpo apuñalado.
Casi ocho años después, Omar al-Dulaimy murió el 31 de diciembre de 2013 cuando cubría un enfrentamiento armado en la ciudad de Ramadi, al oeste de Bagdad (Irak).
Goala y al-Dulaimy ocupan el primer y último lugar de una lista de 593 personas que perdieron la vida por ejercer el periodismo entre los años 2006 y 2013. Goala fue la primera víctima de 2006, un año que se cobró la vida de 70 periodistas. Al-Dulaimy fue la última de un total de 91 en el año 2013.
El último bienio 2012-2013 fue, de hecho, el más mortífero desde que se elabora el informe bienal de la directora general de la UNESCO sobre La seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad. Su última edición fue presentada el pasado 21 de noviembre en la sede central en París (Francia) ante los 39 Estados miembro del órgano encargado de debatir dicho informe: el Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC).
El informe revela que los diez países más peligrosos en 2012-2013 fueron Siria (48 victimas), Somalia (25), Irak (18), Pakistán (18), Filipinas (12), Brasil (11), México (10), Honduras (9), India (7) y Colombia (6). Llama la atención el caso de Egipto donde en los siete años anteriores se registró la muerte de un periodista, mientras que sólo en el año 2013 seis fueron asesinados.
Goala y al-Dulaimy eran periodistas locales, no corresponsales extranjeros en países en conflicto. Según el informe, del que existe un resumen ejecutivo, el 94 por ciento de las víctimas son periodistas que informaban sobre su realidad local.
Estos dos periodistas también eran hombres, al igual que el 94 por ciento de las muertes, aunque el documento destaca que las mujeres enfrentan riesgos específicos, que incluyen acoso y violencia sexual.
UNESCO pide información judicial, pero recibe escasa respuesta
Casi nueve años después, la investigación sobre la muerte de Prahlad Goala sigue inconclusa. Lo mismo ocurre con otros 171 casos. El 29 por ciento de los registrados por la UNESCO en los últimos ochos años continúan abiertos, según señaló el subdirector general de la UNESCO, Getachew Engida al presentar el informe.
De Omar al-Dulaimy, sin embargo, no se sabe nada. Se desconoce si su muerte fue o está siendo investigada, ya que la UNESCO no ha recibido información del gobierno iraquí sobre el desarrollo de las pesquisas, ni de al-Dulaimy ni de los otros 105 periodistas muertos en Irak en el periodo que recoge el informe. Este caso no es una excepción. La agencia de Naciones Unidas (NU) solicita a los gobiernos información sobre las investigaciones para elaborar el informe, pero de las 593 víctimas mortales, no ha recibido dato alguno sobre 382, el 64 por ciento del total. Queda sólo un seis por ciento, 39 casos, que sí han sido resueltos.
El peligro de estas cifras, como señaló Engida, es que este “clima de impunidad permite a los perpetradores continuar los ataques sin límite”.
Con respecto al bajo índice de respuesta por parte de los gobiernos a la UNESCO, la directora general afirmó en un artículo publicado recientemente en el diario mexicano El Universal que “no es posible seguir así” y expresó su deseo de “alentar a todos los gobiernos a que muestren su compromiso con el deber de la justicia, respondiendo a las peticiones que se les formulan para que informen voluntariamente sobre el curso judicial” de los asesinatos a periodistas.
La UNESCO facilitará una mayor participación de los gobiernos
La falta de recepción de información podría deberse no sólo a una falta de voluntad de política sino también, como señaló para IFEX el director para la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de Comunicación de la UNESCO, Guy Berger, a una falta de conocimiento sobre el proceso y en ocasiones a una falta de capacidades institucionales para proveer información. Éste último, por ejemplo, fue uno de los argumentos expuestos en el debate por Pakistán para explicar la falta de datos en torno a 29 de las 43 víctimas registradas en el informe. Yemen, por su parte, manifestó estar en “shock”, aunque según el informe es uno de los países que no respondió a la UNESCO. Por todo ello, Berger confirmó que a partir de ahora se va a ofrecer apoyo a los gobiernos para que puedan responder en tiempo y forma.
Y es que de los 62 gobiernos a los que se les pidió información sobre las investigaciones judiciales relativas a muertes violentas de periodistas, 26 ni tan siquiera respondieron. Entre ellos destacan Irak (106 víctimas), Siria (48), Somalia (45), Pakistán (29), México (28), India (15) y Brasil (14). Preguntado para IFEX, un representante brasileño explicó que su gobierno está preparando un documento con información actualizada para ser enviado a la UNESCO.
Más transparencia, a pesar de todo
A pesar de que las respuestas de los gobiernos han sido escasas, algunas de ellas han empezado a hacerse públicas en la página web de la UNESCO, una documentación útil especialmente para la sociedad civil, incluidos los miembros de IFEX. La entrega de información por parte de los Estados y su publicación es un acto voluntario, pero hacerlo es, en primera instancia, una muestra “de buena fe” y “transparencia”, dijo para IFEX Guy Berger. Además, señaló el subdirector general de la UNESCO, es fundamental porque éste es el único informe a nivel mundial que “detalla el estatus de las investigaciones judiciales de las muertes de periodistas”.
En la última edición son varios los países que han aceptado hacer públicos los datos enviados a la UNESCO. Entre ellos se encuentran Bahréin, Brasil, Croacia, El Salvador, Filipinas, Honduras, Indonesia, Kazajistán, Kenia, República Dominicana, Tanzania, Turquía, Turkmenistán y Vietnam. Los documentos se pueden consultar para cada uno de los casos en la página web de la UNESCO. El representante de Honduras, por ejemplo, afirmó que así lo han hecho porque “no tienen nada que ocultar”.
Consenso para continuar con el informe, también sobre periodistas no convencionales
Cuando en el año 2008 se elaboró el primer informe sobre La seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad se incluía información sobre periodistas, en su mayoría de medios convencionales, pero la realidad del periodismo llevó a la UNESCO a incluir en el año 2012 a “productores de redes sociales que generan una cantidad significativa de información de periodismo de interés público”. En el debate del 21 de noviembre de 2014 se concluyó redefinir el objeto del informe para incluir las muertes de “periodistas, trabajadores de los medios y productores de redes sociales que están involucrados en actividades periodísticas y que son víctimas de homicidio por o en el ejercicio de su trabajo”.
Esta nueva definición forma parte de la Decisión sobre La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad del PIDC aprobada al término del debate por su Consejo intergubernamental, a propuesta de Dinamarca. En ella se solicita a la UNESCO continuar con la realización del informe bienal por su “relevancia” y se pide a los gobiernos que se involucren en el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad en la materia aprobado en 2012. Por su parte, William Horsley, director internacional del Center for Freedom of the Media, uno de los pocos miembros de la sociedad civil que asistió al debate, reivindicó la necesidad de involucrar también a los medios de comunicación.
Asimismo, los 39 estados miembros del Consejo del PIDC aceptaron la propuesta de Gran Bretaña de incluir una muestra conjunta de “pesar” por la falta de respuestas de los gobiernos a la UNESCO en torno al desarrollo de las investigaciones judiciales.
La libertad de expresión y la seguridad de periodistas, clave para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Esta Decisión, aprobada por consenso, insta además a todos los Estados a fomentar la inclusión de la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa y la seguridad de quienes ejercen el periodismo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que actualmente se elaboran en el seno de NU. Es más, el PIDC también aprobó el 20 de noviembre una decisión específica al respecto.
Ambos textos coinciden en que es clave para alcanzar el propuesto objetivo 16 que busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles”. La consideración de incluir la libertad de expresión en los ODS, sin embargo, ha sido objeto de intensos debates y su inclusión es aún un reto, que sigue de cerca la sociedad civil, también la red IFEX. Las decisiones del PIDC serán una herramienta útil para seguir avanzando.
Silvia Chocarro Marcesse es Periodista y Consultora en temas de Libertad de Expresión. @silviachocarro
