Sin investigación. Sin castigo. En Sri Lanka, Camboya y Pakistán, la impunidad es la norma. Y en el vecino Afganistán, la promesa del gobierno de abordar la seguridad de los periodistas aún debe probarse.
Sri Lanka: el dibujante desaparecido Prageeth Eknaligoda es uno entre muchos
El 24 de enero de 2010, el columnista y caricaturista de Sri Lanka Prageeth Eknaligoda iba en camino del trabajo a su casa cuando desapareció. El incidente ocurrió dos días antes de las elecciones presidenciales del país. Eknaligoda había sido amenazado por sus análisis políticos y era bien conocido por sus caricaturas que criticaban al gobierno del Presidente Mahinda Rajakapsa. Estas fueron publicadas en Lanka-e-News, un sitio web pro-oposición que ha estado bajo ataque en varias ocasiones.
Justo después de su desaparición, la esposa del periodista, Sandhya, comenzó una campaña insistiendo para que las autoridades investiguen seriamente su paradero. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. Como tal, el caso de Prageeth es uno de los 10 casos emblemáticos de todo el mundo que el grupo Reporteros sin Fronteras (RSF) con sede en París destacó en su campaña #FightImpunity.
Sin investigación, sin justicia
Según la organización de Sri Lanka Free Media Movement (FMM), al menos 43 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados o desaparecieron en Sri Lanka en los últimos nueve años. Ningún perpetrador ha sido puesto a disposición de la justicia. En su campaña de noviembre de 2014, FMM destacó 10 historias de impunidad (el caso de Prageeth es una de ellas) y llamó al gobierno a llevar a los responsables ante la justicia y establecer la libertad de prensa en el país.
Camboya: La falta de rendición de cuentas sobre la violencia contra los manifestantes
La reciente violencia contra los manifestantes y el hecho de que los culpables no rinden cuentas es una de las formas más significativas de la impunidad que actualmente desafía a Camboya, dice el Centro Camboyano para los Derechos Humanos (CCDH) basado en Phnom Penh.
Los ciudadanos camboyanos salen a menudo a la calle para exigir sus derechos democráticos: En 2013 se reunieron para expresar su apoyo al partido de la oposición y cuestionar los resultados de las Elecciones Nacionales de julio de 2013; los monjes unieron filas con los trabajadores textiles para protestar por las condiciones laborales y los bajos salarios; y otros ciudadanos, como los miembros de la comunidad del lago Boeng Kak, se reunieron para luchar por sus derechos a la tierra. CCHR lamenta la prohibición de las asambleas en enero de 2014 y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte del personal de seguridad contra los manifestantes que ha dado lugar a lesiones e incluso muertes. Aunque algunos manifestantes han sido arrestados e incluso acusados por sus acciones en las protestas, no ha habido investigaciones independientes o imparciales sobre las acciones violentas de las fuerzas de seguridad.
Al derribar el derecho a la libertad de reunión, las autoridades están tratando de cerrar una de las principales avenidas para las voces críticas de quienes detentan el poder. Y no son únicamente los manifestantes que están riesgo, en un ataque relacionado sobre la libertad de prensa, el reportero Lay Samean sufrió lesiones graves tras ser atacado por intentar tomar fotos de los guardias de seguridad que perseguían a un monje durante una manifestación en mayo de 2014.
Una cultura de miedo
«No me dejaré intimidar… Voy a seguir informando la verdad», dijo Samean después del incidente, informa el Centro Camboyano de Medios de Comunicación Independientes (CCIM). El valor detrás de estas palabras es innegable. Pero cuando esos abusos no se abordan, se crea una cultura del miedo que probablemente haga que otros no hablen. Muy seguido en Camboya, los funcionarios bien relacionados evaden la justicia, mientras que los activistas de derechos humanos y periodistas son atacados por sacar a luz cuestiones ambientales o cualquier tema que vaya en contra de los intereses de la élite; sus asesinatos rara vez se investigan.
A lo largo de noviembre, como parte de su campaña anual para acabar con la impunidad, el CCDH recolecta fotos de personas con carteles prometiendo luchar contra la impunidad. Con las 263 fotos recopiladas se hizo un afiche gigante que fue entregado al Ministerio de Justicia el 2 de diciembre, llamando a la acción sobre los individuos de alto perfil que escapan al enjuiciamiento por sus crímenes.
Afganistán: los riesgos que pesan sobre las mujeres periodistas
Este año, en otra parte de la región, el Centro de Periodistas de Afganistán (AFJC) llevó a cabo su propia campaña contra la impunidad en 10 ciudades a través de Afganistán, del 2 de noviembre, primer Día Internacional de la ONU para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, al 23 de noviembre , aniversario de la Masacre de Ampatuan en 2009 en Filipinas, el ataque más letal contra la prensa.
La página web de la campaña de AFJC destaca los casos impunes de periodistas asesinados desde 1994, locales y extranjeros. Dos mujeres periodistas están entre los asesinados en 2014: la fotógrafa alemana de AP Anja Niedringhaus y la periodista afgana de 26 años de edad, Palwasha Tohkhi Meranzai. Tohkhi había recibido una amenaza de muerte en relación con sus reportajes alrededor de un mes antes de su asesinato. A pesar de la evidencia de que el motivo estaba ligado a su profesión, los servicios de seguridad afganos persisten en tratarlo como un robo.
En una entrevista con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en Kabul en julio de 2013, Shaffiqa Habibi, directora de la Unión de Periodistas Mujeres Afganas, estima que de 2.300 mujeres periodistas, 300 habían dejado de trabajar recientemente debido a las preocupaciones por su seguridad personal. La presión proviene de los militantes, extremistas religiosos, e incluso de los miembros de la familia.
Pequeños pasos hacia adelante
En los albores de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán, existe incertidumbre sobre el futuro de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas que trabajan en el país. Sin embargo, hay lugar para el optimismo. En agosto, 20 mujeres periodistas en la provincia norteña de Jawjzan formaron la primera unión de mujeres periodistas.
Y el 22 de noviembre, el Dr. Abdullah Abdullah, el Oficial Ejecutivo en Jefe del Gobierno de Unidad Nacional de Afganistán, se comprometió a poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y trabajadores de los medios. En una reunión con miembros de alto rango de la AFJC y otras organizaciones de apoyo a los medios de comunicación, el Dr. Abdullah les aseguró la intención del gobierno de tomar «acciones esenciales». Queda por verse cuáles serán estas acciones pero este anuncio, a la luz de la campaña por parte de AFJC y otros grupos de periodistas, fue bien recibido.
Pakistán: Una condena en el caso de Wali Khan Babar
Pakistán es considerado uno de los países más peligrosos para los periodistas. Se sitúa en el noveno peor puesto en el Índice Global de Impunidad del CPJ. Según la organización local de derechos digitales Bytes for All, alrededor de 113 periodistas han muerto en Pakistán en los últimos 14 años. Sólo en dos casos las investigaciones se han completado y se llevaron a cabo convicciones: en el secuestro y asesinato del periodista estadounidense y corresponsal del Wall Street Journal Daniel Pearl (como resultado de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos) y, más recientemente, en el asesinato del periodista paquistaní Wali Khan Babar en 2011 (donde la presión fue ejercida por el grupo Geo/Jang, el mayor grupo de medios en Pakistán y empleador del periodista).
Si bien la condena en el caso Babar ha sido aclamada como un hito importante, el proceso no fue fácil, dice Sadaf Khan, director de programa de derechos digitales y libertad de expresión de Bytes for All. El oficial de investigación y varios testigos fueron asesinados antes de que las investigaciones hubieran terminado. Por desgracia, la condena no ha animado a las familias de otros periodistas atacados a llevar adelante sus propios casos, añade Khan; ni ha sido cubierta por el resto de los medios de comunicación paquistaníes como un importante paso adelante.
El seguimiento sostenido y la cobertura de los medios de los asesinatos de periodistas son raros, dice Owais Ali, Director Ejecutivo de la Fundación Paquistana de Prensa. En la mayoría de los casos, las empresas de medios pierden el interés en la historia después del primer ímpetu, y las asociaciones de la industria no siguen de cerca los casos con la seriedad que se merecen. Las condenas de Pearl y Babar muestran que se pueden conseguir resultados positivos en la lucha contra la impunidad, nota Ali, pero sólo si las empresas de medios asumen la responsabilidad continuar presionando por los asesinatos de sus empleados hasta que los responsables sean condenados y obligados a rendir cuentas.
¿Provocará un cambio el Plan de Acción de las Naciones Unidas?
La escala y el número de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de alrededor del mundo, junto con la falta de investigación y enjuiciamiento de estos crímenes, significa que los que están en esta profesión se enfrentan a un riesgo inaceptablemente alto simplemente por hacer su trabajo. En respuesta, las Naciones Unidas han desarrollado un enfoque denominado el Plan de Acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. En su fase inicial, el plan será implementado principalmente en Irak, Nepal, Pakistán y Sudán del Sur.
En Pakistán, las partes interesadas se han unido bajo la plataforma PCOMS (Coalición Paquistaní sobre Seguridad de Medios) para acordar un plan de acción unificado. Khan de Bytes for All describe algunos de los beneficios del plan de la ONU para la sociedad civil de Pakistán: «Nos ha proporcionado un marco para crear una línea de base para medir el alcance de las amenazas a los periodistas, y para identificar a las partes interesadas y las posibles modalidades de su intervención. Más importantemente, ha dado una legitimidad a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil e hizo responsable al gobierno en este tema.»
Yorm Bopha, activista y miembro de la comunidad del lago Boeng Kakwww.daytoendimpunity.org
La Directrora Ejecutiva Chak Sopheap y personal de CCHR entregan el afiche al Ministerio de Justicia, Phnom Penh, 2 de diciembre 2014CCHR
Camapaña de AFJC contra la impunidad, 2-23 de noviembre 2014AFJC
Vigilia con velas de Bytes for All en solidaridad con la Campaña para Acabar con la impunidad de IFEX, y la campaña TakeBackTheTech, 26 de noviembre 2014Bytes for all
Marianna Tzabiras es la editora de IFEX para Asia y el Pacifico y Derechos Digitales.
