La acusación de WikiLeaks y la potencial extradición de Julian Assange a los EE.UU., perjudicaría gravemente la libertad de información y daría a los países represivos justificación para censurar, dice Reporteros sin Fronteras.
Wikileaks y su fundador Julian Assange están polarizando estos temas incluso dentro de las comunidades que son fervientes defensoras de la libertad de expresión.
Creemos que la información proporcionada por WikiLeaks ha alertado a la opinión pública internacional de las extremadamente graves violaciones de los derechos humanos y la democracia en nombre de la «guerra contra el terror», por parte del gobierno de EE.UU.
Por ejemplo, fue WikiLeaks quien proporcionó imágenes de televisión en abril de 2010 que muestran un helicóptero del ejército de EE.UU. disparando contra un grupo de personas en Bagdad, en julio de 2007. Éstos no eran hombres armados sino un grupo de la agencia de noticias Reuters que llevaban una cámara de vídeo.
También gracias a WikiLeaks, la tortura y los malos tratos a los prisioneros en Afganistán, Irak y la prisión de EE.UU. en Guantánamo salieron a la luz.
En varias ocasiones, en RSF expresamos nuestra desaprobación de los esfuerzos para censurar a WikiLeaks y del tratamiento de sus colaboradores, reales o supuestos. En 2010, se creó una página en nuestro sitio web dedicada a WikiLeaks y alojamos un sitio espejo de los cables diplomáticos estadounidenses filtrados.
Condenamos como «censura económica» la decisión de Visa y MasterCard de suspender los servicios de pago en línea de WikiLeaks, e informados a los usuarios de Internet en nuestra página web acerca de métodos de pago alternativos disponibles.
Aplaudimos la decisión de WikiLeaks de formar alianzas con varias organizaciones de noticias internacionales, como The New York Times, Le Monde, The Guardian y Al Jazeera. Esta estrategia le ha permitido combinar las ventajas de los nuevos medios – inmediatez y una capacidad casi infinita de contenido – con las de los medios tradicionales, donde la información se verifica y se añade contexto por parte de periodistas especializados en los temas mencionados.
Pero las relaciones entre WikiLeaks y sus socios mediáticos han experimentado algunos momentos complicados.
RSF también ha tenido problemas con WikiLeaks y su fundador. En particular, hemos sentido y expresado reservas acerca de su decisión de publicar algunos datos, como los nombres y ubicaciones de los afganos acusados de haber actuado como informantes para el ejército de EE.UU.
En ese momento pensamos, y aún creemos, que este tipo de publicidad podría exponer a los civiles afectados a un riesgo personal grave. En nuestra opinión, el interés público no justifica poner en peligro a aquellos atrapados en estos eventos. En septiembre de 2011 los miembros de IFEX, como Index on Censorship, también expresaron su pesar por la decisión de publicar los cables dónde los nombres de las fuentes no habían sido retirados.
Nos abstenemos de emitir una opinión hoy sobre el fondo de los procedimientos de la corte sueca contra Assange, o sobre los esfuerzos de las autoridades suecas para oír la evidencia del fundador de WikiLeaks. Sin embargo, tememos que la extradición a Suecia sería un precedente para su extradición a Estados Unidos, donde, siendo el hombre que fundó WikiLeaks, podría enfrentar cadena perpetua o incluso, según Assange y algunos de sus partidarios, la pena de muerte.
En 2010, RSF escribió a las autoridades británicas, instándolas a garantizar que los factores políticos y diplomáticos no tuvieran lugar en su examen de la solicitud de Suecia para la extradición de Assange. También escribimos al presidente de EE.UU. Barack Obama y al Fiscal General, Eric Holder, pidiéndoles de renunciar al procesamiento en una audiencia preliminar en Virginia contra las personas que presuntamente trabajaron para WikiLeaks.
Profesores de la Escuela de Periodismo de Columbia (Columbia School of Journalism) también escribieron una carta a las autoridades de Estados Unidos, en la que declaran: «La sobreactuación del Gobierno por la publicación del material filtrado en la prensa siempre ha sido más dañina para la democracia estadounidense que las propias filtraciones.» Estamos de acuerdo con este análisis.
La seguridad nacional es patrimonio de un gobierno, pero la persecución de los fundadores de WikiLeaks y sus colaboradores podría causar daños graves a la libertad de información en Estados Unidos y en otras partes, dañar las condiciones de trabajo de los periodistas estadounidenses que cubren temas delicados, y permitir a países represivos de justificar sus actividades de censura.
El estatus de los Estados Unidos como modelo de libertad de expresión para el mundo está en juego hoy en día. Cualquier procedimiento arbitrario o abusivo en contra de WikiLeaks por recibir o publicar documentos confidenciales, sentaría un peligroso precedente y inevitablemente pondría su reputación en cuestión.
Al igual que The New York Times, WikiLeaks debería poder ampararse bajo la Primera Enmienda de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. La libertad de expresión también está protegida en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En lugar de llevar a cabo una caza de brujas sin sentido, frustrada ahora por la concesión de asilo político a Assange por parte del gobierno ecuatoriano, las autoridades estadounidenses deben aprovechar el debate para revisar su política de clasificación de información sensible, y flexibilizar los criterios para el acceso a los documentos que son de interés público, en línea con las promesas hechas, pero no mantenidas, al inicio de la presidencia de Obama.
Lucie Morillon es Directora de Nuevos Medios en Reporteros sin Fronteras. Christophe Deloire es Director General de RSF.
