Ocho años de cárcel y una multa de 327.000 dólares. Esa era la penalidad que enfrentaba el estudiante de biología Diego Gómez antes de ser declarado inocente de los cargos de delito de infracción al derecho de autor.
Comienzo mi carrera con la convicción de que el acceso al conocimiento es un derecho global.
Diego Gómez es estudiante de postgrado en biología de Colombia. En 2011, mientras estudiaba reptiles y anfibios en la Universidad de Quindio – sin permiso – subió el documento de investigación de otro académico que había encontrado en Internet a la página web Scribd. La intención de Gómez era ayudar a sus compañeros haciendo que un artículo útil estuviera en línea gratuitamente. Sin embargo, cuando el autor del artículo descubrió esto, presentó cargos. Gómez fue acusado de violar los «derechos económicos y de otro tipo» del autor, y ahora está en juicio. Si es condenado, se enfrenta a penas extraordinariamente duras, incluyendo una pena de prisión de hasta ocho años y una multa posible de 327.000 dólares.
En muchas partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo, los estudiantes se enfrentan a obstáculos significativos cuando se trata de acceder a los materiales académicos. Muchas bibliotecas universitarias carecen de recursos y el costo financiero prohibitivo para obtener acceso a bases de datos de investigación especializadas significa que los estudiantes deben encontrar otras formas de leer los documentos pertinentes; Gómez es uno de estos estudiantes. Él – y colegas en su campo – comenzaron a compartir documentos útiles que encontraban en línea. El único objetivo era ayudar a los demás: «Lo importante es hacer una cita correcta», dijo en julio de 2014, «no reclamar el trabajo de otro investigador…. lo que hacemos es hacer referencia a los hallazgos y ponerlos a disposición de los que los necesitan».
En el centro de las dificultades de Gómez se encuentra la extremadamente dura legislación de copyright en Colombia (conocida como «derecho de autor»). En 2006, como parte de un conjunto de medidas encaminadas a cumplir las exigencias de los Estados Unidos en virtud de un tratado de libre comercio, Colombia acordó reforzar su disuasión contra la infracción del derecho de autor mediante el aumento masivo de las sanciones penales. Aunque el objetivo general era acabar con la piratería comercial, la ley tiene una redacción demasiado amplia y coloca en una posición vulnerable a individuos que nunca han tratado de obtener beneficios financieros por compartir información.
De alguna manera, Gómez es víctima de la incapacidad general de la ley para mantener el ritmo de Internet. Mientras que en los Estados Unidos han desarrollado un sistema flexible de uso justo, Colombia sigue trabajando con una legislación rígida diseñada hace muchos años. Carolina Botero de Fundación Karisma, el grupo colombiano de derechos digitales que apoya a Gómez, lo describe como:
«…un conjunto de leyes pensadas hace décadas en una era de recursos analógicos y escasos, teniendo en cuenta únicamente la protección y la lógica del mercado… leyes que no reconocen las transformaciones generadas por Internet como una herramienta para la creación, producción y distribución de contenidos».
Gómez estudia actualmente en Costa Rica. Su juicio se fijó para noviembre de 2014, pero fue cancelado debido a la huelga de los trabajadores de la judicatura colombiana. Se programó una nueva fecha para abril de 2015, pero también se postergó. Dos audiencias tuvieron lugar en mayo de 2016, y otra en agosto de 2016.
Fundación Karisma cree que la defensa de Gómez es muy fuerte. En primer lugar, afirman que no actuó con intención maliciosa; en segundo lugar, no obtuvo ningún beneficio monetario de su acción y el autor del documento no sufrió ningún daño financiero. A favor de Gómez también existe una sentencia del Tribunal Supremo de Colombia de 2008 que juzgó que la infracción de los derechos de autor era criminal sólo si había intención de lucro.
El caso de Gómez ha contado con el respaldo de varias organizaciones de derechos digitales. Además de la Fundación Karisma, la lista incluye la Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, Internet Archive, Knowledge Ecology International, Open Access Button, Derechos Digitales, Open Coalition, Open Knowledge, y Right to Research Coalition. Su caso ha abierto un gran debate sobre la naturaleza de Internet, la investigación académica y el acceso abierto.
En términos generales, el creciente movimiento de acceso abierto sostiene que el progreso del conocimiento requiere el fácil intercambio de material académico; para ello, pide que la investigación se comparta gratuitamente en línea y que se pueda reutilizar promoviendo el uso de licencias abiertas.
El proceso legal ha transformado a Gómez de un estudiante de anfibios en un activista de acceso abierto, como dijo en una carta pública en octubre de 2014:
«Definitivamente, me enfrentaba a la persecución penal por compartir información con fines académicos, por ignorar el rigor de la ley de derechos de autor que me ha envalentonado en mi compromiso con iniciativas que promueven el acceso abierto y a aprender más sobre sus principios éticos, políticos y económicos. Comienzo mi carrera con la convicción de que el acceso al conocimiento es un derecho global.»
Y para Carolina Botero, abogada de la Fundación Karisma, los derechos humanos son el terreno en el que debe librarse la batalla por el acceso abierto:
«Debe quedar claro que las acciones de los usuarios, las actividades sin ánimo de lucro, y el hecho de compartir, no son delitos. Karisma sostiene que la regulación debe desarrollarse dentro del contexto de derechos básicos garantizados. En una sociedad que tiene una tecnología disruptiva como Internet, debe respetarse el ejercicio de los derechos a la educación, el acceso a la ciencia y la cultura y el respeto a la libertad de expresión.»
ACTUALIZACIÓN: Desde la primera publicación de este perfil, Gómez fue declarado inocente el 24 de mayo de 2017 y fue absuelto de los cargos en su contra. Aunque por ahora esto significa que puede relajarse, el fiscal en el caso está apelando el veredicto.
