Más de la mitad de los 67 casos de muerte de periodistas se registraron en apenas tres países: Ucrania (15), México (13) y Haití (7), las mayores cifras anuales que el CPJ jamás haya constatado en esos países.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 24 de enero de 2023.
Por Jennifer Dunham, subdirectora editorial del CPJ
El año 2022 dejó un mortal balance para la prensa: al menos 67 periodistas y trabajadores de medios resultaron muertos, la cifra más alta desde 2018 y un aumento de casi el 50 % en comparación con 2021, según datos recabados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Los principales factores del aumento fueron el elevado número de periodistas muertos en la cobertura de la guerra de Ucrania y el drástico incremento en los casos de asesinato de periodistas en Latinoamérica.
El CPJ confirmó que al menos 41 periodistas y trabajadores de medios murieron por ejercer la profesión, y la organización investiga el motivo de la muerte de otros 26 periodistas, para esclarecer si la labor periodística fue un factor.
Más de la mitad de los 67 casos de muerte de periodistas se registraron en apenas tres países: Ucrania (15), México (13) y Haití (7), las mayores cifras anuales que el CPJ jamás haya constatado en esos países.
En México y Haití, los comunicadores fueron blancos de asesinato por su labor informativa, y la gran mayoría de los responsables de esos crímenes no han rendido cuentas ante la Justicia. México sigue apareciendo en el Índice Global de la Impunidad del CPJ, que hace énfasis en aquellos países donde los asesinos de periodistas permanecen impunes.
Otros periodistas que perdieron la vida en el transcurso del año daban cobertura a distintos temas: la delincuencia y la corrupción, en Colombia; la inestabilidad política, en Chad, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, y Myanmar; el medio ambiente, en Brasil; y la política local, en Turquía y Estados Unidos. Estos casos de muerte de periodistas resaltan la magnitud de las amenazas que enfrenta la prensa en todo el mundo, inclusive en países con Gobiernos elegidos de manera democrática.
El CPJ da seguimiento a tres categorías de muerte de periodistas por el ejercicio de la profesión: asesinatos selectivos en represalia por el trabajo periodístico, de lejos la categoría más numerosa; la muerte en hechos de combate o fuego cruzado; y la muerte durante otras coberturas peligrosas. El CPJ también da seguimiento a los casos de muerte de trabajadores que ayudan a los medios, como los traductores, choferes y guardias de seguridad. Uno de estos trabajadores murió víctima de disparos en 2022, en Kazajistán.
A continuación presentamos cinco hallazgos de las investigaciones del CPJ sobre los casos de muerte de periodistas en 2022:
Los periodistas que cubren la guerra de Ucrania corren enormes riesgos
Como mínimo, 15 periodistas resultaron muertos en Ucrania en 2022 a raíz de la invasión rusa a ese país, que comenzó el 24 de febrero de ese año. El CPJ ha confirmado que 13 de esos comunicadores murieron mientras participaban en tareas de reporterismo, e investiga si otros dos periodistas que murieron durante el conflicto perdieron la vida por su labor periodística.
La mayoría de ellos murieron en la etapa inicial de la guerra, y el CPJ no ha documentado ningún caso de muerte de periodista por el ejercicio de su labor en Ucrania desde la muerte del camarógrafo francés Frédéric Leclerc-Imhoff, a finales de mayo de 2022. Sin embargo, la situación en el terreno continúa siendo sumamente peligrosa: con frecuencia los comunicadores resultan heridos por el fuego de artillería mientras dan cobertura al conflicto, y algunos han informado que han sido blancos de las fuerzas militares rusas.
Un periodista mexicano sostiene una pancarta que dice: “La verdad no se mata matando periodistas”, después de salir de una reunión nacional de periodistas que protestan por la violencia contra sus colegas, San Cristóbal de las Casas, el 5 de marzo de 2022. Artur Widak/NurPhoto
Latinoamérica fue la región más violenta para el ejercicio del periodismo
El CPJ documentó 30 casos de muerte de periodistas en Latinoamérica en 2022, casi la mitad de la cifra mundial, lo cual refleja los enormes riesgos que los periodistas de la región enfrentan al dar cobertura a temas como la delincuencia, la corrupción, la violencia de las pandillas y el medio ambiente. Al menos 12 de esos periodistas murieron por el ejercicio de la profesión en Latinoamérica, y el CPJ sigue investigando el motivo de los otros 18 casos de muerte de comunicadores.
En México, el CPJ documentó 13 casos de muerte de periodistas, la mayor cifra registrada en un solo año. En tres de esos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia por su cobertura de la delincuencia y la política, y habían recibido amenazas antes de sus asesinatos. El CPJ investiga el motivo de los otros 10 casos de muerte de comunicadores. Sin embargo, en un país caracterizado por la violencia y la impunidad, es notoriamente difícil confirmar si un periodista resultó muerto por su labor informativa.
En Haití, los periodistas que dan cobertura a la violencia de las pandillas, la crisis política y la agitación social desencadenadas por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, han sufrido un alarmante auge en los ataques contra la prensa. En 2022, al menos cinco periodistas murieron por el ejercicio de la profesión, y el CPJ investiga el motivo de otros dos casos de muerte de comunicadores. En dos de los casos, los agentes policiales fueron responsables de la muerte de los periodistas.
El CPJ también documentó cuatro casos de muerte de periodistas por el ejercicio de la profesión en Brasil, Chile y Colombia, y sigue investigando el motivo de la muerte en los casos de seis periodistas de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Paraguay.
Los mecanismos de protección son insuficientes
En México, existen varias leyes e instituciones que se dedican específicamente a la protección de periodistas, lo cual comprende los mecanismos de protección estatales y federales. Sin embargo, estos han demostrado ser ineficaces para mantener sanos y salvos a los periodistas. María Guadalupe Lourdes Maldonado López, una veterana periodista de radio y televisión que murió a tiros en su auto en Tijuana, México, en enero de 2022, estaba incorporada al mecanismo de protección del estado de Baja California en ese momento.
Otros dos comunicadores, Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Armando Linares López, habían comenzado el proceso de incorporación al mecanismo de protección federal cuando fueron asesinados.
En Colombia, dos sujetos mataron a disparos al periodista Rafael Emiro Moreno Garavito en octubre, cuando el comunicador se encontraba en un restaurante de comida rápida de su propiedad. Moreno, director del medio independiente Voces De Córdoba, había recibido amenazas durante años por sus denuncias periodísticas sobre la corrupción política y el narcotráfico. La Unidad Nacional de Protección, dependiente del Gobierno colombiano, había asignado un guardaespaldas para proteger a Moreno y le había entregado al periodista un chaleco antibalas y un botón de pánico. Sin embargo, el día de su asesinato, Moreno le dijo a su guardaespaldas que se tomara el resto del día, porque creyó que no necesitaba protección en el restaurante.
El asesinato de Shireen Abu Akleh pone de relieve la impunidad en Israel
En mayo de 2022, la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh fue muerta a disparos mientras daba cobertura a un operativo militar israelí en la ciudad palestina de Yenín, en Cisjordania. Según testigos presenciales y numerosas investigaciones, un soldado israelí disparó la bala que mató a la veterana reportera de Al-Jazeera, y una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que el fuego abierto desde posiciones de las Fuerzas de Defensa Israelíes era “responsable probablemente” de la muerte de Abu Akleh, pero “no encontró motivos para creer que fue intencional”. Hasta la fecha el Gobierno israelí no ha realizado una investigación transparente ni ha tomado medidas para enjuiciar a los responsables. El CPJ ha acogido con beneplácito el anuncio, efectuado en noviembre por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de que planeaba abrir una investigación sobre la muerte de Abu Akleh.
El asesinato de Abu Akleh fue el más reciente ejemplo de la impunidad de Israel por crímenes cometidos contra la prensa, y ocurrió un año después de que las fuerzas israelíes bombardearan varios edificios ubicados en la Franja de Gaza, los cuales albergaban la sede de varios medios de prensa como The Associated Press y Al-Jazeera. El Gobierno israelí no ha respondido a la solicitud del CPJ para que aportara pruebas de las acusaciones de Israel de que militantes de Hamas estaban usando el edificio con fines militares, y para que reafirmara el derecho de los periodistas en Gaza a trabajar en condiciones de libertad y seguridad. En 2018, al menos otros dos periodistas palestinos, Yaser Murtaja y Ahmed Abu Hussein, murieron por impactos de bala mientras cubrían manifestaciones en la Franja de Gaza; posteriormente, una comisión investigadora de las Naciones Unidas concluyó que francotiradores israelíes les habían disparado “intencionalmente” a los dos periodistas. Las autoridades israelíes no han aclarado si han emprendido alguna investigación, y tampoco si han enjuiciado a alguna persona por el asesinato de los periodistas.
Los periodistas locales que cubren la política, la delincuencia y la corrupción son blancos frecuentes
De los 19 periodistas asesinados en represalia por su trabajo en 2022, 18 eran periodistas locales que cubrían temas delicados como la política, la delincuencia y la corrupción en sus países de origen.
Los cuatro comunicadores asesinados en Filipinas eran periodistas de radio que cubrían la política local, lo cual resalta los peligros que enfrenta la prensa de ese país incluso desde la transición al Gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. en junio. En un caso particularmente osado que desató la indignación y las protestas por parte de la prensa filipina, el comentarista radial Percival Mabasa fue abatido a tiros en octubre. Posteriormente la Policía afirmó que el director general de la Oficina de Prisiones y otro funcionario de esa entidad habían ordenado el asesinato de Mabasa en represalia por las denuncias de corrupción divulgadas por el periodista.
En 2002 también se registró el primer asesinato por el ejercicio de la profesión de un periodista estadounidense desde que un pistolero asesinara a tiros a cinco empleados del periódico Capital Gazette en Annápolis, Maryland, en 2018. En septiembre de 2022, el reportero del diario Las Vegas Review-Journal Jeff German, quien daba cobertura a la política, la delincuencia y la corrupción, murió apuñaleado por un funcionario local que había perdido su campaña para ser reelegido, a raíz de las denuncias periodísticas de German sobre presuntas irregularidades en la gestión del funcionario. Poco después del asesinato del reportero, el funcionario fue arrestado y en la actualidad enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato.
Otro reportero que daba cobertura a la corrupción, el periodista pakistaní Arshad Sharif, también murió en 2022. Sharif, un ex presentador de noticias que había criticado la corrupción en Pakistán, fue muerto a tiros por la Policía de Kenia en las afueras de la capital de ese país, Nairobi, en octubre. Investigadores pakistaníes han declarado que su muerte fue un “asesinato selectivo planificado” y no un caso de identidad equivocada como lo sostiene la Policía de Kenia. Nadie ha sido procesado judicialmente por ese crimen y el CPJ continúa investigando si el periodista fue asesinado por el ejercicio del periodismo.
Metodología
En 1992 el CPJ comenzó a recopilar estadísticas detalladas sobre todos los casos de muerte de periodistas por el ejercicio de la profesión. El personal del CPJ investiga de manera independiente y verifica las circunstancias de cada muerte. El CPJ considera que un caso está vinculado con la labor periodística únicamente cuando su personal tiene una certeza razonable de que un periodista fue asesinado en represalia por su trabajo; de que murió víctima del fuego cruzado en un hecho relacionado con combates; o de que murió cuando realizaba una cobertura peligrosa como, por ejemplo, la cobertura de una protesta que se volvió violenta.
Si el motivo de una muerte no está claro, pero es posible que el periodista haya muerto por el ejercicio de la profesión, el CPJ clasifica ese caso como “pendiente de confirmación” y continúa investigando.
La relación de casos de muerte de periodistas del CPJ no incluye los casos de periodistas que murieron por una enfermedad o en accidentes aéreos o automovilísticos, salvo que el accidente haya sido provocado por un acto hostil. Otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa emplean un criterio distinto y por tanto reportan otras estadísticas sobre casos de muerte de periodistas.
La relación de casos de muerte de periodistas en 2022 del CPJ contiene una ficha sobre cada víctima y se puede filtrar para examinar tendencias en los datos. El CPJ lleva una base de datos con todos los casos de muerte de periodistas desde 1992 y con los casos de periodistas desaparecidos o encarcelados por el ejercicio de la profesión.
Para conocer más sobre los datos recopilados por el CPJ en 2022 sobre casos de muerte de periodistas y casos de periodistas encarcelados, consulte nuestro mapa interactivo.
Jennifer Dunham es subdirectora editorial del CPJ. Antes de incorporarse al CPJ, ella se desempeñó como directora de investigaciones de los informes de Freedom House sobre la libertad en el mundo y la libertad de prensa.
