Mientras que el público debate lo que se está falsamente enmarcando como un equilibrio entre "privacidad" y "seguridad nacional", otro derecho fundamental también pende de un hilo - la libertad de expresión.
La realidad del mundo moderno es que los gobiernos – tanto de nuestros propios países como de Estados extranjeros – tienen una mayor capacidad de llevar a cabo una vigilancia invasiva de los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia o qué bandera juraron. Y la libertad de expresión, sustentada en el derecho a la privacidad, se encuentra atrapada en el fuego cruzado del estado de vigilancia en expansión.
Durante mucho tiempo ha habido temores legítimos de un estado de vigilancia generalizado, y esos temores continúan siendo confirmados por las filtraciones de Edward Snowden, que semana tras semana ofrecen una visión cada vez más aterradora sobre los regímenes de espionaje internacional. Ahora está claro que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido consideran que la vigilancia a gran escala y en tiempo real, antes herramienta de los regímenes represivos, es un instrumento legítimo de los Estados democráticos.
Sin duda, la próxima semana en Bali verá este tema en todos los planos, como ocurrió en la reunión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a mediados de septiembre, dado que la sociedad civil, funcionarios gubernamentales y expertos del sector de la seguridad y la tecnología se reúnen en el Foro de Gobernanza de Internet 2013 (IGF).
Entonces, ¿qué se hará? ¿Comenzarán los líderes en estas áreas y nuestros gobiernos a abordar este problema urgente? ¿Se traducirán los compromisos retóricos en una acción decisiva? Si no es ahora, cuando este tema está todavía muy fresco en nuestras mentes y ofende al público en general, ¿cuándo?
El estado de vigilancia generalizado
Bajo el pretexto de la seguridad nacional, la privacidad está siendo gradualmente desmantelada por leyes y tecnologías que permiten la intrusión del gobierno en nuestros correos electrónicos, actividades en Internet, llamadas telefónicas, movimientos, interacciones y relaciones. Nuestros gobiernos nos dicen que la vigilancia está ahí para ofrecernos mayor seguridad. Sin embargo, hay poca evidencia de que perder nuestra privacidad nos ofrezca más seguridad. Falsas excusas sobre ataques terroristas evitados no significan nada, y en particular no superan los argumentos de que los mismos «beneficios» en materia de seguridad podrían haber sido obtenidos a través de otros medios menos invasivos. Por otra parte, la idea de que debemos elegir entre privacidad y seguridad es una falsa dicotomía, no hay ninguna razón por la que no podamos tenerlas ambas. De hecho, las dos pueden reforzarse mutuamente, no sólo porque la vigilancia genera desconfianza en el gobierno y por lo tanto podría socavar la seguridad, sino también porque, en un nivel más práctico, si preservamos la integridad de las redes y la infraestructura para salvaguardar la privacidad, eso también puede reducir la vulnerabilidad que produce inseguridad. La tendencia hacia la vigilancia pone en riesgo el derecho fundamental de cada individuo a la privacidad.
Mientras que el público debate lo que se está falsamente enmarcando como un equilibrio entre «privacidad» y «seguridad nacional», otro derecho fundamental también pende de un hilo – la libertad de expresión. Si bien el derecho a la privacidad es un derecho en sí mismo importante, también es el enlace permanente y el facilitador de otros derechos humanos. Cuando las partes más confidenciales y secretas de la vida de un individuo están expuestas a posibles intrusiones, uno no puede disfrutar realmente de la libertad de expresarse. Por el contrario, las personas comienzan a tener miedo de que sus pensamientos, palabras y relaciones sean objeto de intercepción y análisis. Sin garantías de protección de las comunicaciones privadas de la intrusión de los actores estatales, los principios democráticos importantes como la autonomía individual, la libertad de expresión y la participación política no se pueden realizar.
La posibilidad de que la vigilancia masiva impida la libertad de expresión no es sólo un escenario hipotético sino una realidad aterradora. Sólo en los últimos meses, hemos visto que la vigilancia estatal tiene un efecto real en la expresión: algunos sitios web han decidido cerrar y proveedores de correo electrónico seguros cerraron sus servicios debido a la amenaza que representa el omnipresente espionaje de la NSA.
La amenaza de la vigilancia es en definitiva, lo que dificulta nuestra expresión individual, nuestra capacidad de decir lo que queremos decir y actuar cómo queremos actuar. Esta vigilancia generalizada e invasiva inculca miedo, temor de que nuestros pensamientos, palabras y relaciones serán objeto de escrutinio del gobierno, temor de que el contenido que se accede por Internet será expuesto. Este miedo puede hacer que nos retiremos de los espacios públicos, censuremos nuestras comunicaciones, y nos abstengamos de acceder a determinados servicios.
Las comunicaciones libres y privadas – tanto en línea como fuera – son un elemento esencial de una democracia dinámica, participativa y crítica. Como tales, están protegidas por el derecho internacional de derechos humanos, incluyendo el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado vinculante, que ha alcanzado una ratificación casi universal.
El mundo levantándose
Mientras hemos presenciado protestas públicas por el espionaje de la NSA y GCHQ, la verdadera pregunta será saber si los Estados querrán defender estos derechos humanos universalmente protegidos, consagrados en el derecho internacional, y luchar contra los gobiernos abusivos.
Un paso importante fue el encendido discurso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que dijo que las acciones de Estados Unidos eran «una violación del derecho internacional» y afirmó «no puedo dejar de defender, de manera intransigente, el derecho a la intimidad de las personas y de la soberanía de mi país.»
Necesitamos más líderes de países de todo el mundo que se paren de esta manera. Sin embargo, los países que lideran la tendencia en materia de vigilancia global indiscriminada – EE.UU. y el Reino Unido – a menudo mantienen el equilibrio de poder cuando se trata de una acción internacional. Por lo tanto, con el fin de lograr un cambio, la sociedad civil tiene que trabajar para cambiar la dinámica de poder y crear un consenso entre el mayor número posible de gobiernos a través de un conjunto unificado de principios que sirvan de marco para la ley de vigilancia internacional que proteja a los Estados mientras respeta los derechos humanos.
Un punto de partida sería la adopción de los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones, que se dio a conocer el mes pasado en la 24 ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los 13 Principios establecen normas que interpretan las obligaciones de derechos humanos de los Estados a la luz de las nuevas tecnologías y las capacidades de vigilancia, y por primera vez se establece un marco para la evaluación de las prácticas de vigilancia en el contexto del derecho internacional de derechos humanos.
Aunque los principios fueron desarrollados por organizaciones de derechos humanos y aprobados por 260 grupos de la sociedad civil, el evento en la ONU fue organizado por los Gobiernos de Alemania, Noruega, Austria, Hungría, Liechtenstein y Suiza – señalando su comprensión de la urgencia de que un marco internacional es necesario cuando se trata de leyes de vigilancia.
Una oportunidad en el IGF
Por demasiado tiempo los gobiernos han aprovechado los avances en la tecnología de vigilancia que ahora han superado a las leyes nacionales que regulen su uso. Por ejemplo, en Pakistán, el gobierno se apoya en una ley promulgada en 1885, la Ley de Telégrafos, para legitimar la toma de control de la infraestructura de telecomunicaciones con el fin de vigilar. Las leyes nacionales, tanto en las democracias como en regímenes represivos, no han podido seguir el ritmo de las nuevas capacidades del Estado, y las protecciones del debido proceso se han desechado en nombre de la seguridad nacional, erradicando cualquier apariencia de derecho a la privacidad en línea.
Con la llegada de todos a Bali la semana que viene, el momento es ideal para enfrentarnos a esta tendencia degradante. La vigilancia siendo uno de los problemas más apremiantes de derechos humanos hoy en día, y con la reciente publicación de los 13 Principios y el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y la vigilancia, el IGF provee un lugar propicio para que estos problemas de larga data sean finalmente abordados.
Si bien los gobiernos tienen absolutamente el derecho de proteger a sus ciudadanos, también deben proteger los derechos humanos que nos permiten pensar libremente y vivir sin miedo a la intrusión. El equilibrio entre la privacidad y la seguridad es esencial, pero las escalas han llegado demasiado lejos. Es hora de que nuestros gobiernos hagan algo al respecto, pero el empuje debe venir de nosotros. Bali es un buen lugar para empezar.
«La posibilidad de que la vigilancia masiva impida la libertad de expresión no es sólo un escenario hipotético sino una realidad aterradora.»
«Por demasiado tiempo los gobiernos han aprovechado los avances en la tecnología de vigilancia que ahora han superado a las leyes nacionales que regulen su uso.»
Carly Nyst es Jefe de Promoción Internacional, Privacy International
