Un resumen de las principales noticias sobre la libertad de expresión en Europa y Asia Central, según informes de los miembros de IFEX.
Abril es el mes más cruel, escribió el poeta T.S. Eliot; Y en Europa, donde los líderes autoritarios han dominado las noticias durante las últimas cuatro semanas, sin duda se sintió de esa manera.
Un «desliz hacia la tiranía» – Turquía
El 16 de abril, el referéndum constitucional de Turquía produjo el resultado que todos los activistas de derechos humanos temían, consolidando la posición del presidente Erdogan y dándole nuevas y amplias facultades. El presidente ahora tendrá mayor control sobre los senadores, los jueces y toda la burocracia estatal; también podría permanecer en el poder hasta el 2029. Los monitores internacionales desconfiaron del proceso del referéndum. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) emitieron una declaración conjunta en la que criticaban el «campo de juego desigual» sobre el cual se celebró el referéndum y destacaron el estado de emergencia en curso bajo el cual «se redujeron las libertades fundamentales esenciales para un proceso genuinamente democrático».
La respuesta de Erdogan a la OSCE fue: «Conozcan su lugar. No hablen tonterías». Días después, los legisladores turcos votaron a favor de extender el estado de emergencia por otros tres meses y decenas de personas que se opusieron al resultado del referéndum fueron arrestadas. Los miembros de IFEX levantaron su voz en protesta: PEN Internacional, Human Rights Watch y ARTICLE 19 pidieron a los miembros de la APCE «restablecer el monitoreo total de los derechos humanos en Turquía» (lo que hicieron el 25 de abril):
The @CoE Assembly has just voted to re-open the monitoring procedure against #Turkey, closed in 2004: 113 for, 45 against, 12 abstaining. pic.twitter.com/TWc0FD4Z0J
— PACE (@PACE_News) April 25, 2017
Tweet: Asamblea @CoE vota para reabrir el procedimiento de monitoreo contra #Turquía, cerrado en 2004: 113 a favor, 45 en contra, 12 abstenciones
En este contexto, prosigue la persecución de los periodistas turcos; la Iniciativa para la Libertad de Expresión – Turquía informó que el Consejo de Europa califica a Turquía como la mayor amenaza para los periodistas en Europa. Cabe otorgarles una mención especial a dos casos: el juicio OdaTV y la persecución en curso del periódico Cumhuriyet.
A mediados de abril se produjo la absolución de los 12 acusados involucrados en el caso de OdaTV que duró seis años (habían sido acusados de trabajar con «Ergenekon», una organización nacionalista que intentaba derrocar al gobierno); La Federación Europea de Periodistas dio la bienvenida a la noticia y también señaló que algunos de los fiscales y jueces habían sido encarcelados durante el juicio por «presuntamente ser ellos mismos miembros o partidarios de una organización terrorista ilegal».
A principios de abril, se acusó a 19 periodistas y otros empleados de Cumhuriyet de apoyar el movimiento dirigido por el clérigo estadounidense Fethullah Gülen (acusado por las autoridades de realizar el intento de golpe del pasado mes de julio). El juicio está programado para comenzar el 24 de julio de 2017 y los acusados enfrentan hasta 43 años de cárcel si son condenados. La acusación fue descrita como una «absoluta vergüenza» por Reporteros sin Fronteras y «absurdo» por el Instituto Internacional de Prensa. Cartoonists Rights Network International – quienes está haciendo campaña por el renombrado caricaturista de Cumhuriyet Musa Kart (que enfrenta 29 años en la cárcel) – lamentó el «aparente desliz hacia la tiranía» de Turquía. Kart es uno de los periodistas detenidos a quienes los miembros del Parlamento Europeo están enviando cartas de apoyo (como parte de una excelente iniciativa de Reporteros sin Fronteras).
Violencia homofóbica y campos de prisioneros – Chechenia
En Chechenia, los funcionarios del Estado han estado liderando una campaña violenta contra los que se identifican como LGBTI+. A principios de mes, Human Rights Watch informó sobre el secuestro y la tortura de hombres homosexuales; Luego, salieron noticias rápidamente de campos de prisioneros donde más de 100 hombres fueron detenidos. El líder checheno, Ramzan Kadyrov (quien es abiertamente homofóbico) negó que algo de esto estuviera ocurriendo; Rusia declaró que no sabía nada de los abusos. ARTICLE 19 condenó a Kadyrov por incitar a la violencia contra personas LGBTI+ y pidió a la Federación de Rusia que investigara. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la OSCE emitieron declaraciones pidiendo una investigación. La legislación de la Federación de Rusia sobre la homofobia en los últimos años no sólo ha alimentado la intolerancia en todos sus territorios, sino que ha dado una tácita deferencia a quienes quieren llevar a cabo ataques contra los homosexuales. Los activistas que hablaron de esto en línea fueron sometidos a insultos, amenazas y abusos.
Otro aspecto extremadamente preocupante de esta historia es que los periodistas de Novaya Gazeta que denunciaron la violencia homofóbica fueron amenazados. PEN Internacional, la Federación Europea de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras han condenado estas amenazas y han pedido la protección de los periodistas. Human Rights Watch y ARTICLE 19 escribieron una carta conjunta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se pedía la adopción de una «resolución firme que abordara la persistente impunidad y el deterioro de la situación de los derechos humanos en la región» (por favor, lea la carta para obtener todos los detalles.)
Son alarmantes los informes que salieron a la luz de que Ramzan Kadyrov quiere «eliminar» a los LGBTI+ de Chechenia antes de Ramadan, que este año comienza el 26 de mayo.
Silvia Chocarro
Siguiendo el mal ejemplo de Putin – Hungría
Viktor Orbán – Primer Ministro de Hungría y líder del Partido Fidesz – viene haciéndole eco a Vladimir Putin desde hace meses en sus ataques retóricos a la sociedad civil. En abril, siguiendo el modelo de Putin, esos ataques pasaron a ser legislativos.
El primero de estos ataques legislativos fue la introducción de un proyecto de ley – la «Transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero» – que, al igual que su precursor ruso (la llamada ley de los agentes extranjeros) tiene el propósito de imponerle una carga administrativa importante a los grupos de la sociedad que reciben fondos del extranjero. Aunque el objetivo aparente de este proyecto de ley es lograr la transparencia de la financiación, se trata realmente de impedir que los grupos de la sociedad civil le hagan rendir cuentas al gobierno. Políticos de alto perfil (incluyendo a Orbán) han estado difamando públicamente y deslegitimizando a grupos de la sociedad civil durante meses, acusándolos de trabajar para socavar el Estado o de cooperar con los terroristas; esto ha sido particularmente dirigido a las organizaciones financiadas o vinculadas a George Soros (cuya filantropía financia proyectos que promueven los derechos humanos, la educación y los derechos democráticos). Uno de los grupos bajo presión, la Unión Húngara de Libertades Civiles (un miembro de IFEX), ha proporcionado un análisis útil de la amenaza presentada por este proyecto de ley.
El segundo ataque legal (impulsado por el mismo espíritu que el proyecto de ley antes mencionado) adoptó la forma de enmiendas a la Ley Nacional de Educación Superior de Hungría. Estos cambios imponen una serie de restricciones poco razonables al sector de la educación superior y parecen diseñados específicamente para obligar a la Universidad Centroeuropea (CEU por sus siglas en inglés) a volverse inoperante (la universidad fue fundada por George Soros). La CEU ofrece un esquema claro de estas nuevas restricciones en su sitio web. Ha habido una gran protesta internacional contra esta intimidación administrativa de la CEU (Índice de Censura ofrece una buena visión general), incluyendo una carta pública firmada por 400 escritores de renombre mundial. Veintisiete miembros de IFEX pidieron a los funcionarios de la UE que condenen la nueva legislación por amenazar la libre expresión académica en general y la CEU específicamente. Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch y otros han instado al Parlamento Europeo a adoptar una resolución sobre la situación actual en Hungría.
Los organismos europeos se toman esto muy en serio. El 26 de abril, la Comisión Europea anunció que había emprendido acciones legales mediante el envío de una carta de notificación formal al Gobierno húngaro sobre la Ley húngara de educación superior. La Comisión afirmó que la ley no era compatible con las libertades fundamentales del mercado académico y del mercado interior. Las autoridades húngaras tienen ahora un mes para responder a las preocupaciones jurídicas de la Comisión. La Comisión también dijo que «seguirá de cerca el proyecto de ley sobre el registro de las ONG, que también ha planteado preocupaciones».
La Comisión de Asuntos Políticos y Democracia de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también ha expresado su preocupación por los dos textos legislativos. Ha pedido a Hungría que «suspenda el debate parlamentario sobre el proyecto de ley sobre la sociedad civil y detenga la aplicación de las enmiendas a la Ley de Educación Superior, pendiente de revisión».
En breve: Bielorrusia, Azerbaiyán, informes regionales
Tras la violenta represión del mes pasado y la detención masiva de periodistas durante las protestas en Bielorrusia, la Federación Europea de Periodistas, el Índice de Censura, el Instituto Internacional de Prensa, Reporteros sin Fronteras, ARTICLE 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas enviaron una carta conjunta al Secretario General Del Consejo de Europa, pidiendo que se agregue Bielorrusia a la Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, que registra y supervisa los ataques contra periodistas.
Entre las 56 organizaciones de derechos que enviaron una carta conjunta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas (IRFS por su sigla en inglés), Índice de Censura, ARTICLE 19 y PEN Internacional, pidieron una investigación completa e independiente sobre las denuncias de corrupción que vinculan a ciertos miembros de la APCE al gobierno de Azerbaiyán. La carta cita un informe de diciembre de 2016 que incluye «acusaciones creíbles de que miembros de la APCE de varios países y grupos políticos recibieron pagos» a cambio de influir en los votos a favor de Azerbaiyán. En una nota aparte, se le rechazó la apelación contra una condena de dos años por cargos de difamación al bloguero y miembro de IFEX Mehman Huseynov; IRFS informa que ahora ha sido trasladado a prisión.
En marzo y abril se publicaron dos estudios esclarecedores y alarmantes. «Periodistas bajo presión: Injerencia injustificada, temor y autocensura en Europa» (publicado por el Consejo de Europa) reveló que casi un tercio de los periodistas en los Estados miembros habían sido agredidos en los últimos 3 años; El 69% de los mismos habían sido intimidados, amenazados o difamados. «Difamación y leyes de insulto en la región de la OSCE: un estudio comparativo» (publicado por la Oficina del Representante Especial de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación) encontró que 18 Estados de la OSCE aún mantienen leyes draconianas de difamación penal que protegen a los jefes de Estado extranjeros.