Octubre de 2021 en Europa y Asia Central: Un resumen de noticias sobre la libertad de expresión producido por el editor regional de IFEX, Cathal Sheerin, basado en los informes de los miembros de IFEX y las noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
En octubre se agregaron más nombres a las listas de «extremistas» en Bielorrusia y «agentes extranjeros» en Rusia. También hubo avances importantes con respecto a las leyes que penalizan los insultos al jefe de Estado en Bélgica y Turquía, además de los avances positivos en la campaña contra las demandas estratégicas, mejor conocidas como “SLAPPs”.
Sofocando la disidencia, apuntando a los abogados
En Bielorrusia el gobierno de Lukashenka continua sus esfuerzos para erradicar la resistencia política y la independencia de pensamiento mientras endurece su control sobre la libertad de expresión, la sociedad civil y las libertades digitales.
En octubre, el gobierno adoptó una resolución que convierte la suscripción a canales independientes «extremistas» de Telegram, como Nexta, en un delito, punible con hasta siete años de prisión. El mismo mes los parlamentarios aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que convertiría en delito la petición de sanciones contra Bielorrusia, e informa que el Ministerio del Interior está elaborando una lista de personas «extremistas».
Entre los canales de Telegram tildados de “extremistas” estaba Golos (Voz), el canal oficial de la líder opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, contra quien este mes se abrió otra causa penal. Tsikhanouskaya ha pedido un día de solidaridad con los presos políticos de Bielorrusia, que en noviembre sumaban más de 830.
[Traducción: El 27 de noviembre, en el Día de Solidaridad con los Presos Políticos de Bielorrusia, llamo a mostrar solidaridad mediante la organización de reuniones, declaraciones, mostrando nuestros colores nacionales, enviando cartas a presos políticos. Demostremos a los que sufren por el régimen que estamos con Bielorrusia #StandWithBelarus.]
Los medios independientes volvieron a estar en la línea de fuego. Se abrió un nuevo caso contra un número indeterminado de periodistas de Tut.by, quienes están acusados de incitar al odio y la discordia social, y que podrían enfrentar hasta 12 años de prisión si son condenados. Los empleados del periódico independiente Novy Chas fueron interrogados y las autoridades registraron sus casas y oficinas. Los sitios web de Novy Chas, Deutsche Welle y Current Time también fueron bloqueados.
Hacia fines de octubre, las autoridades prohibieron el ejercicio de la profesión a los abogados que representaban al excandidato presidencial encarcelado Viktar Babaryka. En total, cuatro de los representantes legales de Babaryka han sido excluidos de su profesión. Human Rights Watch informa que “al menos 27 abogados ya han sido expulsados o suspendidos en represalia por denunciar la reciente ola de represiones”. Además, nuevas enmiendas restrictivas entrarán en vigor en noviembre, lo que aumentará la autoridad del Ministerio de Justicia sobre los abogados bielorrusos y restringirá en gran medida su independencia.
Hacer rendir cuentas a los miembros del régimen bielorruso que han cometido graves violaciones de derechos humanos es un objetivo a largo plazo de muchos defensores de derechos. Este mes, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), junto con la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), presentó una denuncia penal ante el Fiscal General de Alemania contra seis miembros de alto rango del aparato de seguridad bielorruso por delitos de lesa humanidad.
Una valiosa discusión sobre el ‘Asalto a la libertad de expresión y los derechos humanos en Bielorrusia’ se puede ver en el video de este evento paralelo y virtual de la ONU, copatrocinado por varias misiones permanentes y por PEN América, Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas. Los oradores incluyeron a la presidenta de PEN Bielorrusia Svetlana Alexeivich, Anaïs Marin, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Rachel Denber de Human Rights Watch, Gulnoza Said del Comité para la Protección de los Periodistas, Polina Sadovskaya de PEN América y otros.
Consulte también el reciente informe de PEN Bielorrusia sobre la violación de los derechos de los trabajadores culturales.
Insultar al jefe de Estado
El caso del rapero español Valtonyc, que vive exiliado en Bélgica y que fue condenado en España a 3,5 años de prisión por «insultar a la monarquía» y «glorificar el terrorismo», ha visto un resultado positivo en su país de residencia. Teniendo en cuenta la solicitud de España de extraditar al artista, el Tribunal Constitucional belga dictaminó a finales de octubre que el delito de «insultar a la monarquía», que figura en Bélgica desde 1847, era inconstitucional. Así, se eliminó una ley anacrónica que amenazaba la libertad de expresión y se rechazó la extradición de Valtonyc por su condena por «insultar a la monarquía». Sin embargo, el Tribunal de Apelación en Gante tendrá la última palabra sobre la orden de extradición.
[Traducción: siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales por el bien colectivo. Hemos triunfado, hemos ganado y Bélgica eliminará los insultos a la Corona del código penal. Yo no bajé la cabeza, pero ustedes no me dejaron solo. Gracias.]
Numerosos países europeos mantienen leyes contra el insulto a la monarquía, incluidos Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Eslovenia y Suecia.
Los enjuiciamientos por insultos al jefe de Estado son particularmente comunes en Turquía, donde según un informe reciente, “insultar al presidente” y “hacer propaganda terrorista” fueron los dos cargos más comunes utilizados para reprimir a los críticos durante el período 2015-2019. El presidente Erdogan es particularmente activo en este sentido, habiendo presentado, según informes, 38.581 demandas por “insultar al presidente” entre 2014 y 2020 (los cinco presidentes anteriores presentaron 1.816 casos en total). Tanto los periodistas como los ciudadanos comunes pueden ser acusados con estas demandas: el mes pasado, un hombre fue condenado a un año y tres meses de prisión únicamente por compartir en línea un titular de un periódico que describía al presidente Erdogan como un dictador. Sin embargo, en octubre se produjo un avance importante: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pidió a Turquía que revisara la legislación que penalizaba el «insulto al presidente» después de que dictaminara que Turquía había violado la libertad de expresión de un ciudadano al detenerlo en virtud de la ley.
Hay pocas posibilidades de que Turquía cumpla con la decisión del TEDH, así como se ha negado a cumplir con otras decisiones importantes del Tribunal. De hecho, días después de la sentencia del TEDH, Turquía condenó al abogado Sedat Ata a 11 meses y 20 días de prisión por “insultar” a Erdogan.
[Traducción: A pesar de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que arrestar a personas por «insultar al presidente» es una violación de derechos, Turquía ha condenado al abogado Sedat Ata a 11 meses y 20 días de prisión por «insultar» a Erdogan.]
El incumplimiento de las sentencias del TEDH es una de las principales preocupaciones destacadas en el Informe 2021 de la Comisión Europea sobre Turquía (publicado este mes). Los autores también señalan la presión constante sobre la sociedad civil, la falta de independencia judicial, el continuo deterioro de la libertad de prensa y los derechos fundamentales, la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, la disminución de los derechos de las mujeres y el aumento del discurso discriminatorio dirigido a las personas LGBTQI+.
Mientras tanto el número de ataques físicos a periodistas en Turquía sigue aumentando. El Informe de Monitoreo de Medios de BİA registra 29 agresiones llevadas a cabo durante el tercer trimestre de 2021. Según el mismo informe, 248 artículos de noticias (incluidos 141 artículos de Bianet) enfrentaron bloqueos de acceso en línea durante el período.
Con miras a noviembre
Se espera una decisión sobre el caso de extradición de Julian Assange en las próximas semanas. Durante la última semana de octubre las autoridades estadounidenses fueron a los tribunales a apelar una decisión anterior de un juez del Reino Unido de no permitir la extradición del fundador de Wikileaks. Reporteros sin Fronteras y PEN Noruega, que asistieron a la audiencia como observadores del juicio, proporcionaron resúmenes útiles de los procedimientos. Poco antes de la audiencia, los grupos de derechos humanos hicieron un pedido conjunto al Fiscal General de los Estados Unidos para que abandonara el caso contra Assange, quien, si es extraditado a los Estados Unidos, enfrenta 175 años de prisión.
[Traducción: «Julian nunca debería ser extraditado [El] estaba haciendo su trabajo de periodista (…). Esto tiene que terminar». dice @ StellaMoris1, socio de Julian Assange, hablando esta mañana fuera de la corte.
El artista chino @aiww está presente en la manifestación en Londres por la liberación de Julian Assange. ]
La amenaza para los periodistas, las ONG y la sociedad civil que representan las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP por su sigla en inglés) es clara. La campaña a favor de una legislación anti-SLAPP en toda la UE dio un gran salto adelante en octubre cuando los eurodiputados de dos comisiones votaron a favor de un borrador de informe sobre medidas anti-SLAPP, incluida la legislación. El informe, que será votado en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en noviembre, hace varias recomendaciones que incluyen propuestas de desestimación anticipada de SLAPP, sanciones para los demandantes, la prevención del «turismo de difamación» y una directiva de la UE que establece estándares mínimos para proteger a las víctimas.
[Traducción: Necesitamos reglas estrictas para proteger a los periodistas y la sociedad civil contra actores poderosos que utilizan juicios estratégicos para silenciar a los críticos. Las #SLAPP no pueden ser armas para intimidar a quienes buscan la verdad. Hoy, los eurodiputados han votado a favor del cambio. Leer hilo]
En Turquía, el líder de la sociedad civil encarcelado, Osman Kavala, volverá a comparecer ante el tribunal el 26 de noviembre (PEN Noruega estará presente). Los cargos falsos en su contra – intento de «derrocar el orden constitucional» y «espionaje» – han sido condenados internacionalmente y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que debe ser liberado de inmediato. En septiembre, el Comité de Ministros del Consejo de Europa anunció que comenzaría un procedimiento de infracción si Turquía no cumple con la decisión del TEDH, y el Comité votará sobre la decisión a fines de noviembre. En octubre, diez embajadores hicieron un llamamiento conjunto para la liberación de Kavala. La orden posterior del presidente Erdogan declarando a los 10 embajadores «personas non gratas» amenazaba con provocar una crisis diplomática; sin embargo, la crisis se evitó a tiempo.
El primer simposio anual sobre medios de comunicación de Turquía del Instituto Internacional de Prensa, titulado «El auge de los nuevos medios», tendrá lugar del 4 al 5 de noviembre. Regístrese en línea para participar.
En breve
- El 16 de octubre marcó el cuarto aniversario del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en Malta. IFEX se unió a otros grupos de libertad de prensa para reiterar nuestro llamado a que todos los involucrados en el crimen rindan cuentas. Representantes de ARTICULO 19, el Comité para la Protección de Periodistas, el Centro Europeo para la Libertad de Prensa y Medios, la Federación Europea de Periodistas y Reporteros sin Fronteras llevaron a cabo una misión de libertad de prensa de alto nivel a Malta, donde pidieron al primer ministro Abela que fortaleciera la libertad de los medios de comunicación.
- Poco después de que el periodista Dmitry Muratov fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz de este año, Rusia agregó otro grupo de periodistas y organizaciones de medios independientes a su lista de «agentes extranjeros» (que actualmente incluye a más de 50 entidades de medios e individuos). La reciente ola de nuevas incorporaciones a la lista comenzó en septiembre, justo antes de las elecciones parlamentarias. Las actividades que pueden llevar a que un periodista sea etiquetado como «agente extranjero» incluyen informar sobre problemas en el ejército, la agencia espacial y el servicio de seguridad del país.
- En octubre se cumplió el primer aniversario del fallo del Tribunal Constitucional que prácticamente prohibió el aborto legal en Polonia. Un breve informe de Human Rights Watch ofrece una descripción general de cómo el fallo está causando un daño continuo a las mujeres, no solo en términos de negarles el acceso a sus derechos reproductivos, sino también a través del entorno cada vez más hostil y peligroso al que se han enfrentado las activistas por los derechos de las mujeres desde que se tomó esa decisión. En septiembre de 2021 un grupo de activistas ultraconservadores presentó al parlamento un nuevo proyecto de ley de iniciativa cívica “Alto al aborto”. Según Human Rights Watch, si el proyecto de ley se convierte en ley, «consideraría el aborto en cualquier etapa como un homicidio y traería sanciones penales contra las mujeres que abortan, y cualquier persona que las ayude, con penas de hasta 25 años de prisión».
- En Grecia, miembros del mecanismo Media Freedom Rapid Response (MFRR) pidieron al gobierno que retire las enmiendas propuestas que introducirían multas y penas de cárcel de al menos seis meses para los periodistas declarados culpables de publicar «noticias falsas». Puede suscribirse al boletín de MFRR para conocer las últimas novedades sobre su seguimiento de las violaciones de la libertad de prensa.
