La Dra. Agnès Callamard es una ferviente defensora de los derechos humanos en general y específicamente del derecho a la libertad de expresión e información. Ex miembro del Consejo de IFEX, Callamard ha abogado por un cambio positivo a través de su trabajo en la sociedad civil, el mundo académico y en las Naciones Unidas. Es la secretaria general de Amnistía Internacional.
La censura mata. Hace morir de hambre y silencia. Les niega a las personas el acceso a una información esencial para sus vidas.
Agnès Callamard ha estado a la vanguardia de una amplia gama de preocupaciones en el campo de los derechos humanos, haciendo poderosas contribuciones dentro de la academia, la sociedad civil y en las Naciones Unidas.
En 2003, fue la directora fundadora de la Asociación Humanitaria de Rendición de cuentas – HAP por su sigla en inglés (que ahora forma parte de la Core Humanitarian Standard Alliance), el primer organismo de autorregulación de las organizaciones humanitarias. Fue coordinadora de investigaciones sobre políticas de Amnistía Internacional, y trabajó en el Centro de Estudios sobre Refugiados en Toronto.
De 2004 a 2013 Callamard fue la Directora ejecutiva de ARTICULO 19, una ONG con sede en el Reino Unido que trabaja para la defensa y promoción de la libertad de expresión e información. Bajo su liderazgo, la organización creció significativamente, tanto en términos de alcance geográfico como en influencia.
Mientras estuvo con ARTICULO 19, Callamard sirvió por dos términos como miembro del Consejo de IFEX, la red global de organizaciones que defienden y promueven la libertad de expresión.
Callamard detenta un doctorado en Ciencias Políticas de la New School for Social Research en Nueva York. Ha publicado artículos sobre cómo la libertad de expresión se relaciona con la rendición de cuentas, la transparencia, la discriminación y la intolerancia, así como de manera más general sobre el campo de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los movimientos de refugiados.
Callamard fue la directora del programa Libertad de Expresión Global en la Universidad de Columbia: un programa lanzado en 2014 por el presidente de la universidad Lee Bollinger, con el fin de encuestar, documentar y fortalecer la libre expresión. Su base de datos mundial de casos legales sobre la libertad de expresión y el acceso a la información, respaldada por una red de expertos internacionales, se convirtió rápidamente en un recurso esencial. En 2016 se amplió para incluir una base de datos en español. El miembro de IFEX la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) y la Universidad Externado (Colombia), aportaron análisis de casos de algunas de las más destacadas jurisprudencias latinoamericanas sobre libertad de expresión.
El 1ro de agosto de 2016 Callamard fue nombrada relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias con el mandato de «examinar los casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en todas las circunstancias y por cualquier motivo». En este rol, Callamard llevó a cabo visitas a los países, transmitió llamamientos urgentes a los gobiernos en nombre de las personas en situación de riesgo, y produjo informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU.
Como experta independiente en ejecuciones extrajudiciales para la ONU, Callamard realizó intervenciones en algunos de los casos de homicidio más destacados del mundo.
En 2017, en una declaración conjunta con otros tres relatores especiales de la ONU, fue una de las primeras autoridades de la ONU en solicitar una investigación independiente sobre el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia.
En 2019, publicó los resultados de una investigación de seis meses sobre el asesinato en 2018 del periodista saudita Jamal Kashoggi en el consulado saudí en Estambul, Turquía. Citando numerosas violaciones del derecho internacional, Callamard escribió que “[el] asesinato fue el resultado de una planificación elaborada que implicó una amplia coordinación y recursos humanos y financieros significativos. Fue supervisado, planeado y respaldado por funcionarios de alto nivel. Fue premeditado”. Continuó afirmando que había “evidencia creíble … de la responsabilidad individual de los funcionarios sauditas de alto nivel, incluyendo la del príncipe heredero” (Mohammad bin Salman). Callamard pidió al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad o al Secretario General de las Naciones Unidas que realicen una investigación penal internacional.
En enero de 2020, Callamard y David Kaye, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, expresaron públicamente su preocupación por las denuncias de la posible participación del príncipe heredero de Arabia Saudita en la vigilancia (a través de un programa espía) de Jeffrey Bezos, CEO de Amazon y propietario del Washington Post (el periódico para el que trabajó Jamal Kashoggi). Afirmaron que:
“Las acusaciones refuerzan otros informes que apuntan a un patrón de vigilancia selectiva de personas percibidas como opositoras y aquellas que revisten una importancia estratégica más amplia para las autoridades sauditas, sean estas personas locales o extranjeras. Estas acusaciones también son relevantes para la evaluación en curso sobre la posible participación del príncipe heredero en el asesinato en 2018 del periodista de Arabia Saudita y de Washington Post, Jamal Khashoggi … El supuesto hackeo del teléfono del Sr. Bezos y de otros, exige una investigación inmediata por parte de Estados Unidos y otras autoridades relevantes”.
El trabajo de Callamard ha sido noticia internacional, pero también la ha convertido en objeto de varias amenazas e intimidaciones. En 2017, el presidente Duterte de Filipinas amenazó con abofetearla si lo investigaba por presuntos asesinatos extrajudiciales; anteriormente había emitido una amenaza similar cuando Callamard criticó su violenta campaña de “guerra contra las drogas” (que resultó en miles de muertes).
En 2021, Callamard regresó a Amnistía Internacional, esta vez para liderar la organización como su secretaria general.
Ilustración de Florian Nicolle
