Apasionado por la libertad de expresión Edison Lanza ha dedicado una vida y varias profesiones a defender y promover este derecho humano inalienable y fundamental. Desempeñó este trabajo como Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por dos mandatos consecutivos, de 2014 a 2020.
El desafío de promover y defender el derecho a la libertad de expresión en todo el hemisferio y en todas sus dimensiones es enorme, pero el papel que cumple la Relatoría Especial es tan importante y central que mi compromiso con este mandato es absoluto.
Edison Lanza sucedió a la colombiana Catalina Botero como Relator Especial, asumiendo el rol de monitoreo y defensa de la libertad de expresión en todos los países miembros.
Su carrera antes de llegar a la Relatoría estuvo signada por una larga trayectoria en el área de libertad de expresión, tanto desde la sociedad civil como desde el periodismo y como desde el derecho, profesiones ambas que ejerció durante años en su natal Uruguay.
En una entrevista con IFEX, Lanza explicó que «la libertad de expresión conforma uno de los derechos que definen el carácter único del ser humano» y en base a esa máxima el abogado y periodista uruguayo dedicó gran parte de su vida a la defensa de este derecho desde diferentes posiciones.
Comenzó a trabajar en el periodismo a los 18 años, en 1988, y su trayectoria se extendió hasta el momento en que ocupó su actual cargo internacional. Pasó por casi todos los medios escritos del país en los que ocupó diversos cargos desde periodista hasta editor de noticias.
Lanza pasó de la defensa al activismo también desde su formación como abogado. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay) en 1997, Lanza se especializó en defender casos sobre libertad de expresión que además conocía de cerca por estar en los medios.
Fue abogado de la Asociación de la Prensa Uruguaya, el sindicato de periodistas de Uruguay. Así, llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy integra, varios casos de periodistas amenazados en Uruguay.
Entre ellos se destacan dos casos claves: el del periodista Carlos Dogliani contra el Estado en 2007. Dogliani había sido condenado a tres meses de prisión por el delito de difamación e injurias, en un fallo «histórico» ante la CIDH en 2009 el estado uruguayo reconoció que violó la libertad de prensa y aceptó negociar una salida para el caso.
El caso fue el puntapié inicial para la modificación de la ley de prensa, y la piedra fundamental en lo que sería luego la reforma de los delitos de difamación en injurias.
Otro caso emblemático, fue el de David Rabinovich, otro periodista uruguayo. Este caso fue clave para lograr que el Parlamento, a impulso de Lanza y otro grupo de activistas de asociaciones civiles y los medios, adoptara la primer ley de Acceso a la Información Pública en el país, contribuyendo en gran medida a mejorar el trabajo de periodistas y organizaciones civiles con la información estatal.
El actual relator también fue un factor fundamental en la promulgación en 2008 de varias leyes que cambiaron el marco jurídico uruguayo en materia de libertad de expresión: de radios comunitarias, despenalización de los delitos de comunicación, la mencionada de acceso a la información pública y la ley de servicios de comunicación audiovisual, todas materias pendientes en Uruguay.
En su actividad en la sociedad civil se destaca el hecho de ser co-fundador y presidente en 2008 del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), organización miembro de IFEX, mediante la cual pudo comenzar a realizar un trabajo internacional que lo llevó por varios países del continente haciendo consultorías sobre temas de libertad de expresión y acceso a la información.
Integró además el Comité de Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y fue miembro del Grupo de Trabajo sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y OEA de la Alianza IFEX-ALC de defensa de la libertad de expresión.
Escribió dos libros relacionados a la libertad de expresión («La libertad de prensa en la jurisprudencia» de 2010 y «Criterios para armonizar la libertad de expresión y los derechos de niñas, niños y adolescentes» de 2012) y decenas de artículos internacionales sobre libertad de expresión, su defensa y observancia, convirtiéndose en un referente a nivel continental de este tipo de situaciones.
Mientras ocupaba el cargo de Relator Especial, Lanza trabajó en varios frentes para seguir defendiendo la libertad de expresión alrededor del continente. Como Relator Especial, sus principales funciones eran: «promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, en consideración al papel fundamental que este derecho tiene en el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático.»
«El desafío de promover y defender el derecho a la libertad de expresión en todo el hemisferio y en todas sus dimensiones es enorme, pero el papel que cumple la Relatoría Especial es tan importante y central que mi compromiso con este mandato es absoluto», explicó Lanza en su entrevista con IFEX.
Durante su mandato, la Relatoría Especial publicó importantes informes que ampliaron temas que no habían sido cubiertos anteriormente por la Comisión, como Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión, en 2018, y Protesta y Derechos Humanos, en 2019, y los Estándares para una Internet libre, abierta e inclusiva, en 2016. También publicó una Guía sobre cómo garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales. Otro punto que cabe destacar de su mandato fue el extenso trabajo con funcionarios de órganos judiciales y semi-judiciales de la región: cientos han sido capacitados en estándares de libertad de expresión e información como estrategia para luchar contra la impunidad generalizada de los delitos contra periodistas en América Latina. La amplia atención a casos individuales fue también uno de los puntos fuertes de su mandato, habiendo avanzado en casos paradigmáticos de violencia contra periodistas como los de Carvajal, Cano y Leguizamón, y en el caso de violencia de género contra la periodista Jineth Bedoya. En 2020, trabajó con la CIDH en un caso pionero que afirmó que el derecho de los pueblos indígenas a la creación de medios de radiodifusión comunitarios, y el goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través del acceso a una frecuencia de radio, están protegidos por Artículo 13 de la Convención Americana.
En 2020, Edison Lanza recibió el Gran Premio Chapultepec de la Asociación Interamericana de Prensa por «su dedicación y contribución destacada y decisiva a la protección y promoción de la libertad de expresión en las Américas».
Ilustración de Florian Nicolle
