Al luchar incansablemente por lograr justicia en su caso, la periodista Jineth Bedoya Lima ha instalado en la consciencia pública el problema de la violencia sexual hacia las mujeres en Colombia. Un fallo histórico en su caso, en 2021, sentó un precedente para la protección de las mujeres periodistas.
En un , luego de que el principal sospechoso en su caso fuera liberado y nuevamente detenido en el espacio de una semana, dijo: Me seco las lágrimas y les hago una invitación a todos y todas mis colegas periodistas, para que les demos voz a otras mujeres que merecen que sus casos sean escuchados.
Jineth Bedoya Lima es una periodista galardonada y defensora de los asuntos de las mujeres que nació en Colombia en el año 1974. Ella es bien conocida por sus informes sobre los grupos paramilitares de Colombia, así como por los secuestros y amenazas que sufrió en el 2000 y 2003 en el curso de su trabajo profesional. Desde su secuestro, tortura y violación en el 2000 su caso se convirtió en sinónimo de la impunidad y de la corrupción que está arraigada en el sistema judicial colombiano.
El 25 de mayo de 2000, el día de su ataque, Bedoya era una periodista de El Espectador trabajando en una historia sobre la violencia en una prisión de máxima seguridad, en la que estaban implicados funcionarios estatales y grupos paramilitares. Durante su estancia en la prisión, en virtud de lo que serían falsos pretextos para entrevistar a un líder paramilitar, fue secuestrada, torturada y violada por tres paramilitares. Al torturarla, los atacantes de Bedoya le dijeron: «estamos enviando un mensaje a la prensa en Colombia». El secuestro ocurrió a plena luz del día y se sospecha que la policía local fue cómplice del mismo.
Durante los años transcurridos desde su secuestro, Bedoya ha luchado incansablemente para llevar el tema de la violencia sexual contra las mujeres a la conciencia pública. Ha seguido informando sobre el conflicto y la historia paramilitar de Colombia, sólo que ahora es acompañada por guardaespaldas armados.
En el 2000 recibió el Premio Internacional de Libertad de Prensa de Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión, y en 2001 fue galardonada con el Premio al Valor en el Periodismo por la Fundación de Medios Internacional de la Mujer. También se le dio el Premio Internacional Mujeres de Coraje del Departamento de Estado en 2012.
La decisión de la Procuraduría General de la República en septiembre de 2014 de reconocer oficialmente los abusos en su contra como crímenes de lesa humanidad fue bien recibida, pero, el 1ro de junio de 2015, la misma oficina decidió retirar los cargos contra uno de sus presuntos agresores, Alejandro Cárdenas Orozco. Luego fue detenido nuevamente pocos días después.
El miembro local de IFEX en Colombia, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), cuyos abogados representan a Bedoya y que había presentado una petición por su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, tuiteó que esperaban que este fuera el primer paso en el camino que podrá finalmente poner fin a los años de impunidad que había soportado Bedoya.
Pese a todo ese tiempo, los procesos que se adelantan por estos hechos avanzan a media marcha debido a que se han enfrentado a un sistema judicial negligente y a un Estado sin voluntad política a la hora de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
Sin embargo, su caso tuvo importantes novedades en 2019. El 16 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que había aprobado su Informe de Fondo. La Comisión concluyó que el Estado de Colombia era responsable de la violación de su derecho a la vida, integridad personal, libertades personales, vida privada, libertad de expresión e igualdad ante la ley y las garantías judiciales.
La Comisión recomendó, entre otras medidas, que Colombia realice una investigación completa, imparcial y efectiva, dentro de un período de tiempo razonable, para establecer todas las circunstancias que rodean los crímenes cometidos contra la periodista, incluyendo la posible participación de agentes del Estado, con el fin de garantizar la seguridad de Bedoya y la de su familia. Otra recomendación fue que Colombia adoptara medidas de protección efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas que están expuestas a riesgos especiales en el ejercicio de su profesión.
En mayo de 2019, 19 años después del ataque, dos hombres fueron condenados. Un tribunal de Bogotá condenó a Jesús Emiro Pereira Rivera a 40 años y seis meses de prisión por secuestro, violación y tortura. El tribunal también condenó a Alejandro Cárdenas Orozco a 30 años de prisión por agresión; ya había sido sentenciado a 11 años de prisión en 2016 por cargos de secuestro y tortura en el mismo caso. Ambos hombres apelaron sus sentencias. En la decisión, el tribunal determinó que otras personas podrían ser consideradas responsables, incluido un ex oficial de policía de alto rango, y remitió copias del caso a la oficina del fiscal para una mayor investigación.
El 16 de julio de 2019, después de concluir que el Estado de Colombia no había cumplido con las recomendaciones señaladas en su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana decidió presentar el caso de Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 28 de octubre del mismo año, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó las sentencias.
Si bien la decisión fue bien recibida, Bedoya siguió siendo blanco de hostigamiento; en agosto de 2019, el mismo día en que la SIP anunció que le otorgaría su Gran Premio de Libertad de Prensa 2019, recibió llamadas y mensajes intimidantes. El 30 de abril de 2020 la UNESCO la galardonó con el Premio Guillermo Cano de Libertad de Prensa.
Más de un año después, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, el honor y la dignidad, la libertad de pensamiento y de expresión de Bedoya y por el incumplimiento de su deber de cuidar a Bedoya como mujer periodista.
El fallo de la Corte fue histórico, pues subraya el uso de la violencia sexual como método para silenciar a las mujeres periodistas. También sienta un precedente importante en los estándares internacionales de derechos humanos para proteger a las mujeres periodistas que han sido víctimas de violencia sexual. El fallo también determinó que el Estado colombiano debe proporcionar una serie de reparaciones, incluidas indemnizaciones, implementar políticas efectivas y medidas sistémicas para proteger a las mujeres periodistas y establecer un programa de sensibilización sobre el tema de la violencia de género inspirado en la campaña de Bedoya.
Ilustración de Florian Nicolle
